Por María Isabel Matamala Vivaldi[1]
La penalización total del aborto es parteaguas pasado/presente. En el pasado la despenalización social del aborto fue promovida a través de demandas sociales en sintonía con respuestas impulsadas desde arriba por las élites. Actualmente, son el feminismo rebelde y solidario, la globalización cultural y las redes sociales, los que empujan desde abajo nuevas subjetividades y abren paso a la despenalización social del aborto sin protagonismo de élite.
Golpe a la autonomía y dignidad de las mujeres.
Al finalizar la dictadura militar empresarial, culminó un proceso de progresivas restricciones a las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres que se habían alcanzado en el escenario de ampliación de conciencias que tuvo lugar hasta septiembre de 1973. Entre cuatro paredes, el biopoder militar empresarial puso fin en 1989 al Artículo 119 del Código Sanitario vigente por más de cincuenta años, que incorporaba el “aborto terapéutico” en la normatividad chilena, exceptuándolo de la ilegalidad del aborto. En reemplazo, se estableció que cualquier acción cuya finalidad fuese provocar un aborto quedaba prohibida y sancionada por el Código Penal.
Este acto de fuerza remató la ofensiva desplegada desde inicios de la dictadura por Jaime Guzmán, cuyo discurso registrado en las actas oficiales de la denominada Comisión Constituyente en noviembre de 1974 hace explícita su obsesión castigadora bíblica contra las mujeres. Afirmaba que la mujer “está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano. La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto”.
Si bien su extremismo moralista religioso no fue hegemónico en la citada comisión, la arremetida contra los derechos de las mujeres logró un primer paso normativo a través de la espuria Constitución de 1980, que en su artículo 19, número 1, estableció que “la ley protege la vida del que está por nacer”. El siguiente paso fue la eliminación del artículo 119 del Código Sanitario, candado jurídico que ha sido invulnerable hasta hoy, luego de veintiséis años de democracia formal.
El autoritario dictamen marcó un antes y un después en la historia de las mujeres chilenas. La nueva legislación reguladora de la dinámica de población selló la reestructuración de la sociedad patriarcal en torno al nuevo modelo capitalista neoliberal en rodaje. El dogma económico de mercado y el dogma eclesial se conjugaron, extremando la subordinación y control de los cuerpos de las mujeres por la vía de expropiarles la libertad de decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción, y a través de ello, sobre sus proyectos de vida. El mandato ineludible de ser madres quedaba instalado por sobre los derechos a la autonomía, a la igualdad sustantiva y a la dignidad. Material y simbólicamente, las mujeres fueron condenadas a ser obligatorias contribuyentes geopolíticas y económicas por la vía de producir “soldados para la defensa de la patria”, así como seres humanos capaces de mantener la producción de ganancias para el capital y pasibles de ser colonizados psíquicamente para consumir.
Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita uruguayo y aliado del feminismo, sostenía que en la sociedad chilena las iglesias y los dueños del poder hegemonizaban las decisiones de Estado en materia sexual y reproductiva: “Tienen miedo de los cuerpos de las mujeres porque abrirles lugar exige una nueva organización del espacio y del poder, y obliga a habitar con cuerpos diferentes en una relación de derechos iguales, sin la posibilidad de seguir dictando órdenes para el control y la sumisión de esos cuerpos”[2].
Diversas mujeres que retornaban del exilio en los momentos de la absoluta penalización del aborto, habiendo sido partícipes de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto en otros países, se sorprendían ante la ausencia de protesta masiva por parte de aquel movimiento de mujeres que, en la lucha contra la dictadura, se había jugado todo en las calles por la democracia. No hubo acogida favorable a los esfuerzos de resistencia que intentaron las recién llegadas; se les advertía “no es el momento” y sus intervenciones recibían severos reproches. En este contexto, consumados los hechos y sin posibilidad de contar con una masa crítica que cuestionara en forma consistente la sentencia dictatorial, debieron resignarse a transitar caminos de más largo aliento.
El siglo XX y su interrumpido proceso de despenalización social del aborto
Lejos en el pasado quedaba petrificada la emergente despenalización social del aborto de inicios de la década de 1970, como resultado de más de un siglo de demandas sociales y esfuerzos políticos de cambio desde las élites política y científica. El país habitaba un tiempo de ampliación de la conciencia colectiva sobre la interrupción del embarazo, en sintonía con procesos transformadores que se traducían en leyes permisivas en Europa y América.
No olvidemos que desde el último tercio del siglo XIX existió en el país la noción de que el aborto realizado por un médico era una acción lícita en determinadas circunstancias, formulándose indicaciones cuya vigencia alcanzó hasta las primeras décadas del siglo siguiente. Eran períodos de migración campo-ciudad, con áreas urbanas que recibían la pobreza rural sin posibilidad de ofrecer una acogida digna, en una sociedad desigual e injusta.
Los índices de aborto y mortalidad aumentaban, lo cual da cuenta de la búsqueda de las mujeres por terminar con embarazos no deseados, presionadas por múltiples razones (en parte económicas) en su lucha cotidiana por la sobrevida y bienestar de sus familias. Controlaban su fecundidad mediante abortos a pesar de los riesgos; las matronas apoyaban sus decisiones a contramano de la estigmatización del aborto que incitaban los médicos pronatalistas de la época. La “epidemia” de abortos inseguros y su indeseable huella de muertes de mujeres condujo en 1931 a la regulación de la práctica médica en el Código Sanitario; se estableció que solo con fines terapéuticos podía interrumpirse un embarazo, requiriendo para ello la opinión documentada de tres médicos/as, o en su defecto, de un/a médico/a y dos testigos. Los fines terapéuticos se interpretaron tanto desde enfoques abarcadores como restrictivos, pero en general fomentaron la ampliación de miradas.
En sus relaciones cotidianas, nuestras madres, tías y abuelas referían sin aprehensiones haberse hecho “remedios”, señal de que percibían el embarazo no deseado como enfermedad y reconocían certeramente la diversidad de alivios que otorga su interrupción.
La realidad socioeconómica y su impacto en la mortalidad de las mujeres presionaban a las instituciones de salud, a las políticas públicas, al feminismo emergente y al mundo científico local. A partir del estudio “El problema del aborto en Chile”, de 1935, el profesor de Obstetricia Víctor Manuel Gacitúa propuso prevenir la mortalidad materna por aborto legislando la interrupción voluntaria del embarazo, a ser realizada por dos profesionales y en instalaciones sanitarias que otorgaran seguridad de vida a las mujeres. La inédita propuesta acogía en la élite médica las necesidades y decisiones de las mujeres; a ella se sumaron posicionamientos por la legalización del aborto desde un importante sector de médicos y desde las feministas del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), sin que sus demandas lograran apertura legal.
En la década de 1960 y hasta 1973, en paralelo con diversas investigaciones sobre aborto en Chile (T. Monreal y R. Armijo[3], M. Requena[4]), se priorizaron políticas públicas maternoinfantiles y de planificación familiar que redujeron drásticamente la mortalidad materna. Durante ese período, el feminismo había perdido protagonismo subsumiendo sus luchas en otros movimientos sociales y partidos políticos. Escapó a esta tendencia la Universidad de Concepción, donde el Frente de Mujeres Revolucionarias del MIR, compuesto por estudiantes de izquierda y liderado, entre otras académicas, por Marta Zabaleta (argentina) y Vania Bambirra (brasilera), se asumió como feminista incluyendo en su agenda la lucha por aborto legal[5].
La interpretación y práctica ampliada del aborto terapéutico por los servicios de obstetricia de hospitales públicos como el Barros Luco y la realidad cotidiana de las mujeres en un contexto de ampliación de conciencia libertaria y apropiación de autonomía, derivó en que al margen de la legalidad restringida, operase una ascendente despenalización social del aborto, que si bien encontraba espacios de realización en el sistema público de salud, también se lograba en desembozadas clínicas privadas.
La fuerza feminista de los 80 y la ulterior mordaza transicional
El feminismo de los 80 se constituyó en notable fuerza movilizadora antidictatorial tras la consigna “Democracia en el país y en la casa”, mas no construyó discurso ni alianzas políticas capaces de impedir la ilegalización absoluta del aborto al terminar la década. Y la transición concertacionista, encadenada por pactos y concesiones, no ha tenido voluntad ni coraje para armonizar al país con las regulaciones permisivas sobre aborto que se hacen predominantes en el mundo.
La mayoría de las mujeres movilizadas por la recuperación de la democracia se reintegró a los partidos políticos, sin incorporar los avances del feminismo en materia de derechos sexuales y reproductivos ocurridos globalmente en las décadas de 1970 y 1980. Intentos de parlamentarias por recuperar la legislación previa a la dictadura fracasaron, dando pábulo a un mito pragmático en la clase política, en cuanto a que levantar propuestas legislativas sobre aborto implica un costo de no reelección. Es decir, estas consideraciones priorizan la reelección por sobre el compromiso con los derechos y autonomía de las mujeres.
Luego de la negativa a legislar sobre el tema en el transcurso del gobierno de derecha, en su segundo período la presidenta Bachelet logra tramitar un minimalista proyecto de despenalización del aborto en tres causales, que se ha debatido con extrema lentitud, producto de discrepancias que ponen barreras a las decisiones de las mujeres y a los servicios a proporcionar por el Estado garante. El debate se ha situado al margen de los derechos sexuales y reproductivos –no se les nombra–, y por parte de quienes defienden el proyecto se ha reiterado en discursos que niegan intenciones o voluntad de avanzar hacia una legislación que incorpore aborto sin restricciones. La aprobación del proyecto actual reparará daños y asegurará integridad a un 4% de las mujeres que abortan, pero la mayoría de quienes por las más diversas razones decide a diario abortar, continuará haciéndolo en forma ilegal y clandestina, desprotegidas frente a la violencia estatal. Sus cuerpos parecen no importar: son cuerpos precarios, prescindibles en las negociaciones calculadoras e hipócritas de una élite que elude la laicidad del Estado.
Recuperando la conciencia del pasado, reemerge la despenalización social del aborto
Durante la evaluación de la Conferencia de El Cairo de 1994, realizada en La Haya en 1999, el Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos propuso a parlamentarias chilenas respaldar un proyecto de Ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Numerosas organizaciones feministas adhirieron a esta elaboración colectiva y un transversal grupo parlamentario la hizo suya en el año 2000, a condición de no incluir la legalización del aborto. Pese a la tremenda concesión del feminismo, el proyecto de ley nunca se tramitó, aun cuando en su primer gobierno Bachelet anunciara su aprobación.
Organizaciones y redes feministas no dejaron de intervenir desde el invisible espacio social, desarrollando campañas anuales contra la mortalidad materna y por la legalización del aborto, desde el Foro Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) y la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina[6]. Momento cúlmine fue la conformación nacional del Movimiento de Defensa de la Anticoncepción (marzo 2008) ante la ofensiva del Tribunal Constitucional que amenazaba no solo prohibir la píldora de anticoncepción de emergencia, sino también los anticonceptivos erróneamente tildados de abortivos, proporcionados por el sistema de salud desde la década de 1960. Las acciones del movimiento desembocaron en abril 2008 en El Pildorazo, masiva marcha nocturna de protesta reconocida en su magnitud y fuerza por los medios. Pero una vez más, Bachelet no confió en el movimiento social como actor político para validar los derechos ausentes.
En adelante, atravesando incluso el desierto que significó el gobierno de Piñera, la extensión del uso de misoprostol y mifepristona[7], en paralelo con el intercambio de conocimientos a través de las redes sociales, abrieron espacio a cambios culturales y subjetivos. La vergonzosa proscripción del misoprostol se ha ido sorteando con estrategias solidarias nacionales e internacionales entre mujeres. A lo largo del país asumieron un papel relevante múltiples organizaciones feministas, que con su acción informativa han acompañado abortos más seguros y contribuido a la realización de la libertad de decidir de las mujeres.
Desde 2013, importantes movilizaciones instalaron en la escena, desde abajo, la propuesta de aborto libre, legal, seguro y gratuito, con protagonismo predominante del feminismo joven, estudiantil y poblacional. Se va haciendo evidente un cambio cultural, que en la base de la sociedad despenaliza socialmente el aborto, estableciendo continuidad con el pasado y su osadía libertaria, pero ahora, sin establecer sintonía con las élites, preanunciando quizás una radicalización democrática en fusión con los cuerpos y libertades de las mujeres.
[1] Feminista, médica, activista y consultora internacional en salud, género y DDHH, ex prisionera política, exiliada, militante de izquierda revolucionaria e internacionalista, ex asesora de género del Ministerio de Salud, ex encargada de Género en la OPS/OMS Chile.
[2] Luis Pérez Aguirre, S.J. (1993). La Iglesia increíble: Materias pendientes para su tercer milenio, Santiago: Cuarto Propio, p. 131.
[3] Rolando Armijo y Tegualda Monreal (1965), “Epidemiology of Provoked Abortion in Santiago, Chile”. En Muramatsu M. y Harper P. Editores, Population Dynamics, The John Hopkins Press, pp.137-160.
[4] Mariano Requena Bichet (1965), “Social and Economic Correlates in Induced Abortion in Santiago de Chile”. Demography, 2:33-49.
[5] htp://www.martazabaleta.blogspot.com
[6] Campaña que surgió en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en San Bernardo, Argentina, en 1990. El 28 de septiembre conmemora la fecha en que se conquistó en Brasil la libertad de vientres para las mujeres esclavas.
[7] Medicamentos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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