Por Jeaninne Vergara González
Archivera.
Durante el desarrollo del Seminario Internacional Archivos y Archiveros para los Derechos Humanos, entrevistamos a María del Rosario Rodríguez, historiadora peruana, quien se refirió al uso del testimonio en el contexto del Caso Accomarca, la labor del Comité de Verdad y Reconciliación y el Registro Único de Víctimas.
En el marco del «Seminario Internacional Archivos y Archiveros para los derechos humanos: Ejerciendo la ciudadanía en el siglo XXI», realizado en el Archivo Nacional de Chile los días 12 y 13 de octubre, tuvimos la oportunidad de conversar con la historiadora peruana María del Rosario Rodríguez acerca de la situación de los archivos en su país, en el contexto de los procesos de violencia acaecidos desde la década de los 80.
El día 14 de agosto de 1985 la patrulla Lince 7 del Ejército del Perú se dirigió a Accomarca, pueblo ubicado al centro-sur del país, en la región de Ayacucho. Supuestamente habían recibido información de que allí se ubicaba una base de formación del Sendero Luminoso. A su llegada, sacaron de sus casas a hombres, mujeres y niños: violaron, dispararon, prendieron fuego y, como resultado, alrededor de sesenta personas murieron.
Fue la masacre de Accomarca, uno de los muchos casos investigados por la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) creada en 2001, instancia en donde se recogió el testimonio de aproximadamente 1.985 personas: «Los documentos que recoge la CVR son principalmente testimonios, muy usados en juicios de derechos humanos, y son de acceso público», señala Rodríguez. Sin embargo, en ocasiones las declaraciones fueron clasificadas a criterio del testimoniante: «Hubo algunos casos, cuando se hacía la recabación de información en el marco de campañas en zonas como Ayacucho, en las comunidades campesinas, en que se les preguntó a las personas si querían que su testimonio fuera público o secreto. Si era secreto entonces se les ponía un código. Entonces esos testimonios secretos son privados, pero sí los puede pedir un fiscal, los puede usar para armar una acusación».
En el Caso de Accomarca, la recabación de testimonios de los militares responsables se desarrolló recién en el año 2010. A excepción del subteniente Telmo Hurtado, quien se había autoinculpado como autor del hecho años antes, se reconoce, al igual que en Chile, la marcada intención por mantener un pacto de silencio al interior de las Fuerzas Armadas. En este contexto, el desarrollo de un juicio penal y el conocimiento de la verdad fue en parte posible debido a la presión de familiares, organismos de derechos humanos y autoridades. María del Rosario nos cuenta: «Telmo Hurtado estaba en Estados Unidos, había sido detenido porque creo que había violado la Ley Migratoria, y aprovechan ahí algunos organismos de derechos humanos de indicar que él estaba siendo procesado, que había un juicio contra él, entonces dos familiares y un congresista de la época que también estuvo metido en este tema viajan a Estados Unidos y la Corte de Florida ordena su extradición». El proceso se inicia así, con un único responsable imputado: «Él era el único preso, todos los demás estaban libres, lo llevan al Penal Castro Castro y él se da cuenta de que es el único».
El desarrollo de los interrogatorios a los acusados terminó dejándolo a él como el último en declarar. Rodríguez nos señala que esta pudo haber sido una de las razones por las cuales Telmo Hurtado termina rompiendo el pacto de silencio, denunciando lo ocurrido y reconociendo a los responsables. Hurtado escuchó los testimonios de los procesados, quienes lo inculparon: «nosotros suponemos que Telmo Hurtado ha dicho ‘yo asumí toda la culpa en el año 85, han pasado más de veinte años y me siguen echando la culpa, he tenido que dejar a mi hijo en Perú, he tenido que exiliarme en Estados Unidos y nadie ha visto por mí’. Entonces cuando le toca a él hablar, el fiscal tuvo que interrogarlo y creo fue a la cuarta audiencia que él decide sentarse y decir su verdad». Como resultado, «empieza a acusar a toda la cadena de mando, desde el jefe político militar que lo invitó a su casa y le dijo ‘tiene que darse la masacre y tienes que hacer limpieza de la zona después’. Es por eso que el juicio es por dos fechas, el 14 de agosto que es la masacre de más de sesenta campesinos y luego el 13 de septiembre hay otra matanza menor, de algunos testigos». En este sentido, la historiadora subraya «sobre cómo contribuyen los archivos; en definitiva, vemos que, en el caso de los juicios, hay ciertos indicios que si los juntas con otras pruebas, como el testimonio de las víctimas, entonces sí se puede encontrar la verdad».
La importancia del testimonio en el caso de la sucesiva violación de los derechos humanos a través de los años, como sucedió en Perú, también queda al descubierto respecto de las acciones de reparación a las víctimas. María del Rosario nos cuenta: «Además de la Comisión de Verdad, donde se tomaron varios testimonios, se abrió luego un Registro Único de Víctimas. Varios testimonios de la CVR han sido alimentados por este registro, que es para proponer reparaciones colectivas, económicas, simbólicas, etcétera». El registro es un instrumento público, inclusivo y permanente, que reconoce como víctimas a personas individuales o grupos de personas vulneradas por las experiencias de violencia vividas desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000: «mucha gente se ha ido sumando a este registro. Entonces actualmente el archivo del Registro Único de Víctimas tiene miles de testimonios, muchos más de los que recogió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y sirven ahorita para… no sirven para un tema judicial, son documentos administrativos, pero sirven para la reparación, para la reparación de las personas. Igual tiene sus deficiencias, que están tratando de mejorar. Por ejemplo, desde el año pasado se han realizado reparaciones en vivienda, que son para las personas que fueron desplazadas o que sus domicilios fueron destruidos durante el conflicto». Incluir, por ejemplo, la reparación de vivienda ha obligado a revisitar los testimonios y también a ampliarlos: «diez años después la gente está viendo que las reparaciones sirven, que son efectivas, entonces están diciendo ‘mi padre no solo fue desaparecido, mi hijo no solo fue asesinado, yo también fui torturado, yo también sufrí violencia sexual’. A mi parecer, ahí hay otra importante relación entre los archivos, los documentos y los derechos humanos».
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