Aborto: entre la gubernamentalidad y la autonomía de los cuerpos

Por Lorena Etcheberry Rojas[1]

A continuación se presenta un planteamiento respecto a cómo las políticas públicas de aborto operan en la gubernamentalidad a través de la biopolítica, pero al mismo tiempo funcionan, en mayor o menor medida, y en el contexto chileno específico, en promover la autonomía de las mujeres.

Cuerpos, biopolítica y gubernamentalidad

Los cuerpos no son continuos universales de los seres humanos, sino que es necesario comprenderlos en el devenir histórico, como una construcción sociocultural. Así, los cuerpos están conectados a la existencia humana; Le Breton señala la conexión del cuerpo en relación con el mundo y cómo todas las acciones, emociones, interacciones, entre otros, están mediados por el cuerpo y quedan insertas en este como marcas de la vida social (2002).

A través del cuerpo se vivencia el entorno y las relaciones allí existentes, al mismo tiempo que el contexto estructura las disposiciones corporales que utilizan los/as sujetos/as para moverse en el mundo.

Emerge el cuestionamiento sobre qué sucede en específico en los procesos de modernización y en el contexto capitalista. Al respecto distintos autores destacan una ruptura entre el hombre/mujer y la naturaleza, lo que se traduce en los procesos de individuación que producen el repliegue hacia el individuo.

En la modernidad el cuerpo también es el locus de la conflictividad y el orden, el espacio vital de disciplinamiento y dominación. Es el lugar donde se desarrollan los antagonismos sociales contemporáneos. Así, el cuerpo se ubica en posiciones estructurales determinadas de manera jerárquica.

Desde la perspectiva postestructuralista, Foucault (2002) destaca que la vigilancia y el castigo se encuentran presentes en la constitución del/la sujeto/a moderno/a, lo que se traduce en dominación y silenciamiento de los cuerpos.

En La vigilancia y el castigo, Foucault (2002) habla del modelamiento de los cuerpos por parte de las instituciones sociales, vinculado con del poder, en la medida en que este es utilizado en una relación de manera asimétrica. El autor también plantea el problema en torno al saber y al poder. Al respecto el autor genera un develamiento en el modo de concebir estos dos conceptos, en la medida que reconoce un engranaje, en occidente, entre saber y poder.

El Estado, institución preferentemente moderna, a través de sus políticas, planes, programas sociales, entre otros, incide en la población y específicamente en los cuerpos de cada uno de los sujetos que se encuentran viviendo en una nación en particular. Es en ese Estado donde también se conjugan saber y poder para la construcción de una verdad para una nación, al mismo tiempo de requerir el conocimiento de la población para la toma de sus decisiones políticas.

Actualmente los cuerpos son sometidos a políticas de control policial, social, administrativo, sanitario, económico, en la medida que el Estado moderno resulta ser una máquina política que modela los cuerpos.

La “gubernamentalidad” tiene que ver con la obtención de prestaciones productivas de los cuerpos. El Estado, a través de la gubernamentalidad, es soberano y por medio del disciplinamiento produce el control de las “poblaciones”, a través de una serie de “biopoderes” que administran de manera global la vida para una maximización de la reproducción/producción. En este marco, la biopolítica no solo implica una gestión de la población, sino un control de las estrategias que los individuos, en su libertad, pueden tener respecto de sí mismos.

Aborto

La estructuración de un Estado moderno ha requerido marcos normativos, expresados en tratados y acuerdos internacionales vinculados a los derechos humanos, con el fin de resguardar y garantizar los derechos de las personas que habitan en un territorio delimitado. También, materias que en el escenario de sociedades tradicionales eran de carácter privado, tales como la sexualidad, reproducción, identidades de género, entre otras, en la actualidad constituyen elementos sobre los cuales los Estados están interpelados de resolver, instalando principios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las mujeres, la no discriminación de género, entre otros.

Por una parte, el Estado por medio de la gubernamentalidad desarrolla biopolíticas que modelan a la población y a los cuerpos, mientras que por otra parte, es el actor interpelado para dar respuesta a los requerimientos sociales. Esta conjugación se modifica en la medida que discursos emergentes de distintos actores sociales confluyen generando una disputa que se cristaliza en el accionar Estatal. En este sentido, los discursos de saber expresan la producción de poder, el que deviene en principios normativos, verdades, que permean el accionar del Estado y que le entregan un cariz en particular.

Chile es un país latinoamericano donde entre 1973 hasta 1990 se desarrolló una dictadura militar en la que se instalaron políticas liberales y privatizadoras junto a una constitución conservadora y un modelo económico y social que se mantiene hasta la actualidad. También durante los últimos meses de dictadura, en el año 1989, se prohibió y se penalizó cualquier forma de aborto inducido (lo que se encuentra estipulado en los artículos 342, 343, 344 y 345 de Código Penal). Estas leyes fueron promulgadas en directa concordancia con el artículo 19 de la Constitución que asegura el derecho a la vida y protege de manera expresa la vida del que está por nacer. De este modo, las penas para una mujer que aborta en la actualidad, van desde los tres años y un día, a cinco años de presidio, sumado al riesgo que implica la clandestinidad de esta práctica. También es necesario considerar que previo a la dictadura chilena el Código Sanitario permitía el aborto terapéutico.

Chile actualmente es uno de los pocos países del mundo, junto con El Salvador, Honduras, Filipinas, Somalia, Andorra, Vaticano, Malta, Luxemburgo e Irlanda, que sanciona el aborto de modo total y sin excepción alguna. Este fue uno de los motivos que permitieron que en el mes de enero del presente año (2015), el ejecutivo enviara un proyecto de ley de “despenalización de la interrupción involuntaria del embarazo bajo tres causales”. Las causas contempladas han sido: posible muerte materna, inviabilidad fetal y violación. Cabe señalar que, de acuerdo a la Encuesta Internacional de Valores (2014), en Chile, un 43,3% de los/as encuestados/as señalan que el aborto nunca es justificable, lo que habla también de un sustrato cultural que remite más bien a estructuras subjetivas tradicionales.

El aborto es un fenómeno que tiene conexión con los debates en torno a la vida o a la muerte. Asimismo dichos debates ponen en tensión a posiciones conservadoras y liberales en términos valóricos y morales, enfrentadas a discursos de salud y científicos, y de derechos humanos y autonomía, entre otros, que se plantean en este espacio hipotéticamente como discursos de saber imperantes en el espacio público chileno.

Autonomía de las mujeres como eje constitutivo de las políticas públicas

Para avanzar en la igualdad de género es primordial el desarrollo de la autonomía de las mujeres, quienes en un contexto patriarcal ocupan posiciones desventajadas en la sociedad.

La autonomía o la autodeterminación son maneras en que un sujeto/a puede agenciar su propia vida. Asimismo, la autonomía se puede entender en dos dimensiones: como proceso y como fin a alcanzar. El/la sujeto/a en sociedad “aprende” a ser autónomo/a en la medida que utiliza recursos del medio para agenciarse a sí mismo/a. Ahora bien, este aprendizaje es constante y no solo recae en las herramientas individuales del/la sujeto/a, sino que también se conecta con las condiciones de posibilidad que el medio le otorga para lograr la autonomía. El componente individual hace referencia a los procesos de aprendizaje en la autonomía, mientras que el componente social se asocia a los elementos que impiden (brechas y barreras) o facilitan (ejercicio de derechos) el logro de la autonomía. En este contexto hay que destacar que las mujeres (en su diversidad) experimentan menores grados de libertad en la sociedad en el ejercicio de su autonomía dado que existe una estructura patriarcal que las oprime.

Dentro de las definiciones de organismos internacionales como la CEPAL, existen tres dimensiones de la autonomía de las mujeres: autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica y autonomía física. Estas tres dimensiones tienen que ser concebidas de manera interrelacionada.

El observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe destaca que la autonomía económica remite a la capacidad para generar ingresos propios y controlar los activos y recursos; la autonomía física se vincula con el control sobre el propio cuerpo; mientras que la autonomía en la toma de decisiones hace referencia a la plena participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres y a su colectividad. Esas tres dimensiones son los tres pilares de la igualdad de género y de una ciudadanía paritaria.

Considerando las estructuras de desigualdad que presenta nuestra sociedad y que se instalan como barreras para el ejercicio de la autonomía de las mujeres, el Estado debe establecer un rol activo en el avance hacia la igualdad de género a través de políticas, planes y programas que permitan el desarrollo de una sociedad más justa.

La autonomía física, donde podemos ubicar los derechos sexuales y reproductivos, y en particular el acceso al aborto, se ve fuertemente mermada en sociedades donde existen barreras al acceso al aborto libre, expresándose con claridad en medidas punitivas para las mujeres que lo practican implicando un escenario donde las mujeres no pueden llevar adelante el ejercicio de sus derechos. Cabe destacar que este panorama se hace presente con las políticas públicas existentes.

Sin duda en Chile el escenario es complejo, si bien existe un primer avance en la aprobación de la idea de legislar el aborto bajo tres causales, este es un piso mínimo desde el cual es necesario continuar avanzando para lograr el aborto libre y así garantizar la autonomía física de las mujeres del país. De este modo se avanzaría en una mayor autonomía física de las mujeres que les permita agenciar sus propios cuerpos, lo que sin duda rema hacia el lado contrario de la gubernamentalidad. Es decir, a través de una política pública el mismo Estado se concebiría como garante o primer facilitador de una política que permita el agenciamiento de los cuerpos de las mismas mujeres.

Bibliografía

  • CEPAL, (2012) El Estado Frente a la Autonomía de las Mujeres
  • Encuesta Mundial de Valores (2014) worldvaluessurvey.us
  • Foucault M (2000) La gubernamentalidad, refranes y escritos. Multitudes N°1. Francia.

Le Breton D. (2002). Antropología del cuerpo y la modernidad. Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina.

[1] Socióloga de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias Sociales mención Sociología de la Modernización, Universidad de Chile. Doctoranta de Doctorado en Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona.

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