Magally Ávila.
Apoderada y miembro de la Red contra la Represión a Estudiantes.
Ver carros policiales frente a los liceos públicos de Santiago es una imagen que debemos condenar, pero pareciera que se ha naturalizado.
El gobierno de Chile, a través de la prensa, ha instalado el discurso de que las y los estudiantes de liceos públicos son delincuentes porque protestan. Y por eso ha aumentado la vigilancia policial en torno a algunos liceos, especialmente de Santiago. Las medidas de control se han intensificado y los alrededores de algunos establecimientos educativos nos recuerdan los “check points israelíes” en Gaza, con policías armados haciendo control de identidad a quienes circulen con uniforme escolar y revisando sus mochilas. Y aún peor, la policía militarizada ha entrado fuertemente armada a las mismas salas de clases de estudiantes, durante sus jornadas escolares.
Esto no sucedió durante la dictadura cívico – militar de Pinochet en Chile, sino está ocurriendo hoy, en plena democracia.
El lugar que ocupaban los furgones escolares es usado por vehículos policiales, atentos a cualquier atisbo de movilización estudiantil, aunque pareciera que su intención es provocar un enfrentamiento con las y los estudiantes. Y como si fuera insuficiente, a este control se suman cámaras de seguridad y drones que, en lugar de vigilar a estudiantes, deberían estar dirigidos contra delincuentes y criminales que amenazan la vida y la paz.
En agosto de 2012, un bus de Carabineros amaneció estacionado dentro del Instituto Nacional y toda la comunidad educativa protestó y se movilizó contra la ocupación policial del liceo. Actualmente, situaciones similares y aún peores suceden con mayor frecuencia en dicho Instituto y lo que enfrentan estudiantes no logra la indignación de docentes, madres y padres y resto del personal, salvo en muy contadas excepciones.
Ante esta escalada violentista del Estado, ejecutada por Carabineros contra estudiantes secundarios, el 16 de mayo de 2019, desde el Foro por el derecho a la educación pública se convocó a madres, padres, docentes y activistas por los derechos humanos a una articulación para detener esta violencia, y se creó la Red contra la represión a estudiantes.
El lanzamiento de la Red se hizo a través de una concentración y luego marcha desde la Plaza de Armas de Santiago hasta el Instituto Nacional. En la ocasión estuvieron presentes dirigentas y dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios, de trabajadores, del Colegio de Profesores y también activistas en defensa de la infancia mapuche.
Actualmente, la Red contra la represión a estudiantes está integrada por el Foro por el derecho a la educación pública, el Colegio de Profesores, Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación Pública, Centro Alerta, Coordinadora de Apoderades de Liceos Públicos de Santiago, Casa Memoria José Domingo Cañas, la Federación de Trabajadores de la Educación Pública (FENADEUP), el CEPA Javierinas Dignas de Liceo 1 Javiera Carrera, Centro de Padres de Liceo Experimental Artístico, Agrupación de Víctimas de la Violencia Policial, Colectivo Habla Mujer, Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Colectivo chileno CEAAL, ONG Entorno, Coordinadora Feminista 8M y activistas.
Esta articulación ha llevado a instancias internacionales denuncias de vulneraciones de derechos y represión indiscriminada a estudiantes secundarios. Presentó informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;también entregó una carta a la UNICEF en Chile y mantiene una constante comunicación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La Red trabaja directamente con observadoras de la Casa Memoria José Domingo Cañas y cuenta con el apoyo legal de la Corporación 4 de Agosto.
Vigilar y castigar
Como actores de la educación, las y los estudiantes secundarios se han movilizado durante los últimos años para denunciar el abandono a la educación pública y exigir el derecho a participar en la elaboración de las políticas educativas que planteen mayor democracia, dignidad e inclusión. Y, a medida que han aumentado las movilizaciones, también ha crecido la represión.
El control sobre el estudiantado es el objetivo central de las autoridades. Así, los Manuales de convivencia escolar dejan de fomentar ambientes de respeto y libres de violencia, para convertirse en un elemento de coerción del comportamiento de niños, niñas y adolescentes estudiantes.
La entrada en vigencia de la Ley Aula Segura y el proyecto de ley de Control de Identidad Preventivo a menores de edad buscan anular la organización de los y las estudiantes. El tema estudiantil dejó de ser injerencia del Ministerio de Educación para pasar a tener la atención del Ministerio del Interior.
Mientras disminuye el número de docentes, aumenta el número de efectivos policiales asignados a los liceos llamados emblemáticos, que son los más activos políticamente. En su accionar violento, la policía daña la infraestructura de los establecimientos educativos con el agua lanzada por los carros hidrantes o cuando ingresan a los liceos rompiendo lo que encuentran en su camino, afectando aún más el estado de esas edificaciones deterioradas por el paso del tiempo y el abandono.
El estigma de ser estudiante
La persecución a estudiantes de colegios públicos es tan fuerte, que llevar uniforme o portar una insignia de uno de los liceos movilizados es motivo para que Carabineros les detenga en las inmediaciones de sus establecimientos e intente realizarles un control de identidad, revisándoles sus mochilas y humillándoles.
Las leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes parecen quedarse en el papel cuando se conoce de tantos casos de detenciones arbitrarias, maltrato e incluso torturas, denunciadas por madres y padres de estudiantes de liceos públicos. ¿A quiénes se refiere específicamente el presidente Sebastián Piñera cuando dice “Los niños primero”? Porque en realidad, los niños y niñas pobres tienen menos derechos que los hijos e hijas de familias adineradas, quienes gozan de una mejor educación, mejor salud, mejor esparcimiento, más áreas verdes, entre otros beneficios. La realidad de estudiantes de colegios públicos es muy distinta a la de estudiantes pobres.
En 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en las decisiones que les afecten. Pero esta convención son solo letras para estudiantes pobres.
Los derechos son para todas las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna y las y los estudiantes de Chile deben desarrollarse y ser educados en condiciones de paz y seguridad, considerando que las escuelas y liceos deben ser un bien protegido por el derecho internacional.
Pero el Estado de Chile no promueve políticas económicas ni sociales para frenar la marginación y exclusión que sufren estudiantes pobres, muy por el contrario, intenta mediante leyes abusivas apartar a estudiantes que cuestionan el modelo instalado y, especialmente, a quienes participen en actividades políticas en sus liceos, provocando que el pensamiento crítico sea visto como una amenaza.
Más represión, más privatización y menos recursos a la escuela pública; esa es , en la práctica, la política educativa neoliberal de Chile.
Algunos medios de comunicación se han colocado del lado equivocado y han estigmatizado y criminalizado a las y los estudiantes, afirmando el discurso del presidente Piñera que les califica como “delincuentes disfrazados de estudiantes”. Así, las movilizaciones ya no tienen la adhesión que manifestaron en el año 2011, sino por el contrario, provocan indiferencia y rechazo de transeúntes que son testigos pasivos de la violencia policial.
Los liceos más estigmatizados y que tienen mayor vigilancia policial son Instituto Nacional, el INBA, el Liceo de Aplicación, el Barros Borgoño y el Confederación Suiza, principalmente. La prensa ya no habla de las causas de las movilizaciones, sino que solo habla de las formas, encubriendo problemas como la falta de docentes, la deficiente infraestructura, la debilidad de los equipos de gestión, el aumento de la pobreza, la violencia y la injusticia que padecen estudiantes y las familias de estos establecimientos.
Ante este panorama, la Red contra la represión a estudiantes es la única articulación de adultos que se ha organizado para detener estas injusticias, antes que sea demasiado tarde, recordando lo que escribió Martin Niemöller: “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
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