Editorial. Actuar políticamente

El pasado 24 de julio se realizó una de las marchas nacionales más multitudinarias que se haya visto. Los medios de prensa oficiales no tuvieron mucho que decir al respecto; de los noticieros centrales, solo CNN Prime abrió con lo que fue, a todas luces, el hecho noticioso más importante de la semana: “Como hace mucho no se veía en las calles, faltaba espacio para que personas civilizadamente manifestaran su descontento”, destacó dicho canal. Una marcha abrumadoramente masiva, una performance de ocupación ciudadana de la urbe, conmovedora –pero obediente–, realizada un día domingo y ceñida al trazado y horario permitido por la Intendencia.

Así, CNN nos pone una estrellita en la frente y, a falta de desmanes que evidencien lo peligroso de la movilización y acusen a los saboteadores de la paz ciudadana, el resto de la prensa calla. Con elecciones próximas en el horizonte, muchos verán aquí una oportunidad de oro para el marketing, como ya ocurriera con las reivindicaciones estudiantiles en los pasados comicios: la protesta social convertida en material para discursos de campaña, diluida en discusiones parlamentarias y pasos atrás del gobierno, errores estratégicos, confusión, improvisación y una estructura intocable. Así también se diluye el ímpetu ciudadano, cansado de luchar contra un sistema sordo.

Cabe preguntarse, entonces, por el futuro de un movimiento masivo como el que se forma contra el sistema de las AFP. Lo estrictamente concerniente a los intereses individuales, afectados de modo innegable por el actual sistema de pensiones, debe proyectarse como una lectura de la realidad estructural, como un descontento por las condiciones colectivas de vida; sin esto –sin lo político, podríamos decir– la fuerza de irrupción del movimiento social queda a merced de ofertas electorales y del ya conocido disfraz reformista de las tradicionales coaliciones políticas, más interesadas en asegurar el curso de las cosas que de escuchar a la ciudadanía. La concreción política del descontento, creemos, requiere de una visión crítica amplia.

Una semana antes de la gran marcha bajo la consigna de “No + AFP”, la visita de la activista estadounidense Angela Davis a Chile coincidió con un proceso de reflexión que venía sosteniéndose desde hace un tiempo en las organizaciones sociales: las diferentes causas que motivan nuestras luchas están íntimamente relacionadas pues las situaciones de injusticia y opresión que las provocan son parte de una misma estructura. Así, no es posible entender, por un lado, la violación constante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por ejemplo, sin considerar el inaceptable trato, tanto político como social, que reciben instituciones como el SENAME, donde podemos encontrar latiendo las enormes desigualdades sobre las que se ha construido nuestra sociedad; tampoco es posible quitar del mapa la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad o los reiterados requerimientos de las y los trabajadores; tampoco la lucha persistente e invisibilizada de los pueblos indígenas por su territorio y la autodeterminación, sometida a la más violenta represión estatal, ni la exigencia de condiciones sociales dignas para los y las migrantes, el reconocimiento urgente de nuestra composición multicultural. Estas luchas alcanzan también a las mujeres, que hoy en Chile no tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, pues –como en muy pocas partes del mundo– se les niega el acceso al aborto.

Es preciso detenernos en este punto. La lucha contra la penalización del aborto, que en la práctica se vuelve una prohibición solamente aplicable a las clases sociales más desprotegidas, es para nosotras apenas la punta de lanza para la creación de un movimiento colectivo y crítico amplio que se oponga a la histórica marginación de las mujeres de las esferas públicas, al abuso y explotación de los cuales hemos sido víctimas por generaciones y a la violencia cotidiana a la que nos vemos expuestas. Este movimiento de resistencia incluye, por cierto, no solo a las mujeres como sector social en emancipación, sino a todos los grupos identificados con la disidencia sexual y aquellos colectivos comprometidos con la destrucción de los márgenes que privilegian a unos por sobre otros y otras.

Esta interconexión de diferentes causas, en el lenguaje de la propia Davis, y la posterior constatación de una estructura feroz sostenida en varios pilares basales, exige fijar un universo común. Este es hoy nuestro principal desafío. Y no solo en el contexto de la realidad chilena, sino para con todas las personas, grupos y colectivos que se rebelan diariamente contra las condiciones impuestas en América Latina y el mundo, cuyas experiencias podemos hacer propias.

Adelantándose a lo que estaba por ocurrir, el 23 de abril de 2016 diversas organizaciones sociales vinculadas a la protección de los Derechos Humanos fueron convocadas por Londres 38, espacio de memorias, para encontrarse y reconocerse como organismos compañeros.

Una vez juntos, el trabajo por hacer estuvo claro: la contingencia exigía reflexionar una postura y elaborar un mensaje colectivo en respuesta ante lo que parecía ser la más dura estrategia institucional de los grupos de poder ante la llamada “crisis de legitimidad”, y que tenía como principal manifestación la profundización de la agenda represiva contra los grupos movilizados.

Este llamado al trabajo compartido fue contestado por muchas organizaciones: LEASUR, Centro Social y Librería Proyección, Fundación SOL, Serigrafía Instantánea, Comisión Ética contra la Tortura, SOMOS, Archiveros sin Fronteras, Corporación 4 de Agosto, Movimiento Acción Migrante y nosotras, como Rufián Revista.

La publicación de este número es, entonces, el inicio de las acciones en red proyectadas en oposición a la criminalización y la violencia contra el movimiento social, las cuales hemos identificado como la presencia de un estado de excepción permanente. Nos asociamos bajo un lema que actúa como resumen de nuestra crítica, “Lumazo, pan y circo”, que refiere tanto a la represión como a las alianzas político-mediáticas que intentan neutralizar nuestras demandas. Y fijamos nuestros objetivos: rechazar la criminalización generalizada del movimiento popular, y del mismo modo, contribuir a salvaguardar a las organizaciones y personas que ejercen la resistencia social en Chile, en un marco solidario de acción donde sea posible compartir herramientas y espacios de formación colaborativos.

“Estado de excepción. Lumazo, pan y circo”, la edición número 25 de Rufián Revista, aborda estos tópicos desde la particularidad de cada organización, pero con la vista puesta en nuestra acción colectiva. Para abrir, el artículo de la Comisión Ética contra la Tortura nos habla sobre la vigencia de las prácticas de tortura como estrategia de desarticulación de la resistencia; por otra parte, el “estado de excepción” como principio rector del derecho es el foco del artículo de Londres 38, espacio de memorias; luego, a través del texto de LEASUR, nos preguntamos qué formas adquieren estos contextos legales cuando nos situamos en la realidad social y la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad; nuestra reacción urgente requiere también la situación grave de excepción en Wallmapu, tema central del artículo de la Corporación 4 de agosto. Finalmente, abordamos la estrategia de desarme del movimiento estudiantil, y las formas más sutiles con que estos mecanismos afloran desde la estructura misma de la sociedad, con los artículos de Somos Izquierda Revolucionaria y Fundación SOL.

Concebimos la criminalización de quienes luchan como una realidad inaceptable y la vinculamos directamente con un abuso estructural. Definir una posición, organizarse y generar redes es nuestro primer paso. Rufián Revista, por tanto, se hace parte de esta red no solo como medio de comunicación, sino también como una organización social feminista que entiende el mundo desde la resistencia creativa y la acción solidaria, empática y definitivamente transformadora. Desde ahí empujamos hoy nuestra lucha.

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