Por Valentina Rojas
Archivera.
“Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
(…)
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad”
La información es control, y el control es poder. Es por eso que los documentos son utilizados por los Estados y por todo quien desee conseguir un propósito, dicen Foucault y otrxs pensadorxs. De igual modo, los (mismos) documentos pueden ser «instrumentos de empoderamiento y liberación, salvación y libertad», señala el archivero holandés Eric Ketelaar. Los archivos son un conjunto de documentos que «nos sirven para ejercer nuestros derechos, hacer justicia y conocer nuestro pasado», decimos las archiveras sin fronteras.
Más allá de estas definiciones, día a día y casi imperceptiblemente, los documentos son utilizados para realizar trámites que permiten el desenvolvimiento cotidiano de las personas: para trabajar, para postular a una ayuda estatal, para ir al médico, para estudiar, para firmar un contrato de arriendo de una vivienda, y así una larga lista. ¿Qué ocurre cuando no se cuenta con el documento necesario, no por pérdida o por no haber hecho el trámite, sino porque el Estado y sus leyes, a ciertas personas, no se los otorgan? ¿Es que esas personas –las «sin papeles», las «indocumentadas»– no tienen esos derechos? ¿Qué ocurre cuando el Estado declara la universalidad de dichos derechos, pero el sistema, en la práctica, no es suficientemente eficiente para gestionarlos? ¿Qué cabida tienen las cuestiones archivísticas en este asunto?
Los casos de aquellos miles de personas que, huyendo de guerras en Medio Oriente y África, han dejado sus tierras buscando refugio en países europeos, ofrecen crudos ejemplos a esta reflexión: niños sin nacionalidad, muertos sin nombre, refugiados sin derechos. Sin embargo, no es necesario ir tan lejos. En Chile durante los últimos años ha aumentado visiblemente la población inmigrante desde países que hasta hace poco no eran tan comunes, como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Haití, entre otros. Con su llegada, junto con la diversidad cultural que enriquece nuestra sociedad, también han proliferado la discriminación y el abuso. Esa cara más dura de la migración responde a cuestiones sociales, como el racismo, la xenofobia y los abusos por parte de las personas, así como a decisiones políticas del ámbito legislativo e institucional. En ambas dimensiones, que por cierto se entrecruzan y alimentan entre sí, los documentos, como siempre, actúan como elementos conducentes y habilitadores (o inhabilitadores) de acciones, sean estas abusivas y excluyentes, o bien inclusivas y para el ejercicio de derechos.
Un informe del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) del año 2016 señala que la gran mayoría de quienes migran a nuestro país entran como turistas, y luego aquí buscan conseguir un contrato de trabajo, con el cual es posible solicitar una visa sujeta a contrato o una por motivos laborales. Sin embargo, migrantes de países como República Dominicana deben presentar una visa consular, o en el caso de los migrantes de Haití, necesitan una carta de invitación para cruzar nuestras fronteras. Estas exigencias muchas veces lxs fuerzan a intentar ingresar por pasos no habilitados y hasta peligrosos (como los campos minados de la zona fronteriza con Perú en la región de Arica). Peor aún, la necesidad de migrar y los requisitos migratorios que cierran las fronteras abren mercado al tráfico de personas que, con engaños, vende el «servicio de entrada al país». En el caso de la exigencia a lxs ciudadanxs haitianxs, el requerimiento de una carta de invitación ha generado verdaderas redes de tráfico de este tipo de documentos. Ambos casos refuerzan la idea defendida por Eduardo Cardoza, Director Ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM), respecto de que este tipo de barreras no detienen la inmigración –que sería el objetivo inicial de dichas medidas–, sino que solo alimentan el accionar de bandas abusivas y dañan aún más a lxs migrantes, agravando sus condiciones de migración, sumándole otra irregularidad a su situación que, ya por el hecho de haber salido de su tierra, es de vulnerabilidad. Para algunxs, esa vulnerabilidad ha significado incluso la muerte: en noviembre del año pasado, una mujer fue encontrada cerca de la frontera con Bolivia. Maribel Pujols, ciudadana dominicana, posiblemente murió de hipotermia tras ser abandonada por los traficantes a quienes había pagado para que la trajeran a Chile.
Una vez cruzada la frontera y llegadxs a la ciudad –ya sea de forma regular o irregular–, la misión es conseguir un contrato de trabajo para poder regularizar sus papeles. Lograrlo es obviamente difícil para quien aparece ante el Estado como un «sin papeles» (sin documentos que acrediten la identidad, estudios o el ingreso legal al país). Esto abre la puerta a nuevos abusos: conocido es el caso del empresario Francisco Javier Errázuriz, el Fra Fra, quien en 2011 fue formalizado por trata de personas con fines de explotación laboral, tras ser denunciado por ciudadanos paraguayos que trabajaban en condiciones miserables, entre quienes se encontraban menores de edad y personas sin contrato ni documentos. Sin embargo, aún habiendo entrado de manera regular, si el contrato de trabajo no se consigue en el plazo máximo permitido por la legislación, se cae en la misma situación de irregularidad de quienes cruzaron a pie por campos minados.
La necesidad de un contrato de trabajo para permanecer en Chile ha generado también otro tipo de males: a comienzos de septiembre, la prensa chilena destapó el caso de una red que vendió más de seis mil contratos falsos a inmigrantes que buscaban tramitar sus visas. Para ello, no solo los contratos eran falsos, sino también las empresas con las que se suponía que estos se pactaban. Ante esta situación, la institucionalidad actual reacciona, pero de forma ineficiente. Según señala José María del Pino, director de la Fundación FRÉ, organización que promueve la inserción social y el emprendimiento de los migrantes en Chile, «lamentablemente, ante la carencia de institucionalidad y ante la carencia de un software que nos permitiera contrastar esta información en línea, de una, con el SII y la Inspección del Trabajo, ahora cuando llega un migrante y se tiene presunción de que el contrato es falso, lo mandan a la PDI. Así el trámite se atrasa y deben sacar el permiso como en ocho meses más. Esas son cosas que no requieren ley, son cosas que requieren de voluntad administrativa interna».
Voluntad administrativa, política y una correcta y eficiente gestión documental, se podría agregar.
Pero las ineficiencias del sistema no solo afectan a aquellxs que cuentan con contratos presuntamente falsos, sino de hecho a todxs quienes buscan regularizar su situación en las oficinas del Departamento de Extranjería de la PDI. Según señala Cardoza, «para hacer un trámite de papeles hay que llegar a las once de la noche para que a las ocho de la mañana le den un numerito y poder hacer uno de los trámites». Peor aún, incluso ocurre a veces que migrantes que han encontrado trabajo pierden su vacante, pues, ante la demora del sistema en entregar la documentación, el empleador no puede mantener vigente el contrato de alguien sin documentos. De este modo, la persona cae en la irregularidad, nuevamente, por una ineficiencia del Estado, no por responsabilidad propia.
Visas, cartas de invitación, contratos de trabajo, permisos de residencia, cédulas de identidad; la lista de documentos es larga. Todos ellos son reflejo de actos administrativos que, a su vez, respaldan políticas y leyes. Es evidente que para mejorar la precaria situación en que se encuentran algunxs migrantes llegados a nuestro país, la clave es la voluntad política capaz de generar cambios legislativos e institucionales. Pero es igualmente claro que, junto con ello, se requieren buenas estrategias de gestión documental que, por un lado, permitan conocer realmente las condiciones de entrada y permanencia de lxs migrantes en Chile y, por otro, faciliten la inserción social de aquellxs que llegan a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida.
Esta reflexión vuelve a la idea del poder mismo de los documentos como herramientas de poder y control, pero también como mecanismos para el ejercicio de derechos. Los documentos, dependiendo de cómo se los solicite, gestione, otorgue y utilice, pueden significar cambios sustantivos –para bien o para mal– en el devenir de cientos de migrantes que llegan a nuestro país.
Referencias
«Aumenta detención de migrantes ilegales en frontera norte: 94 personas en 2016». Emol.com, 2 de marzo de 2016. [En: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/03/02/790911/Aumenta-detencion-de-migrantes-ilegales-en-frontera-norte-94-personas-en-2016.html] [Consultado en septiembre 2017].
«Eduardo Cardoza: ‘Poniendo barreras no se evita la migración'». CNN Chile, 4 de septiembre de 2017. [En: http://www.cnnchile.com/noticia/2017/09/04/eduardo-cardoza-poniendo-barreras-no-se-evita-la-migracion] [Consultado en septiembre 2017].
«Empresario los habría tratado como Pollitos». TheClinic.cl, 15 de septiembre de 2011. [En: http://www.theclinic.cl/2011/09/15/fra-fra-sera-formalizado-por-trata-de-paraguayos/] [Consultado en septiembre 2017].
«Inmigrante haitiana contó las dificultades de vivir en Chile». Cooperativa.cl, 8 de septiembre de 2017. [En: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/inmigrante-haitiana-conto-las-dificultades-de-vivir-en-chile/2017-09-08/123435.html] [Consultado en septiembre 2017].
«Investigación revela cómo se vendieron más de seis mil contratos falsos a migrantes». El Mercurio, 3 de septiembre de 2017, p. C6. [En: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-09-03&dtB=03-09-2017%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3] [Consultado en septiembre de 2017].
Carmona, Alejandra y Catalina Barrios. «Migrar para Morir». El Mostrador, 17 de noviembre de 2017. [En: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/16/migrar-para-morir/] [Consultado en septiembre 2017].
Human Rights Working Group. Boletín. [En: https://www.ica.org/en/hrwg-newsletters] [Consultado en septiembre 2017].
Ketelaar, Eric. «Recordkeeping and societal power». En: McKemmish, et. al. (eds.) Archives: Recordkeeping in Society. Centre for Information Studies, Charles Sturt University, New South Wales, 2005.
Londres38.cl. Infografía acceso a la información. [En: http://www.londres38.cl/1934/w3-article-97117.html] [Consultado en septiembre 2017].
Rojas, Nicolás y Claudia Silva. Informe OBIMID. La Migración en Chile: Breve reporte y caracterización. Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, 2016. [En: http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/08/informe_julio_agosto_2016.pdf] [Consultado en noviembre 2017].
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