* Camilo Ballesteros B.
Pretendo en estas páginas realizar un breve pero contundente diagnóstico del sistema de Educación Superior que hoy tenemos en Chile. Para eso es importante tener presente sus orígenes.
Hasta 1980, el sistema universitario chileno estaba integrado por ocho instituciones, dos de estatuto público y seis de estatuto privado, todas con financiamiento directo del Estado. Las universidades estatales y algunas de las privadas se habían expandido a lo largo del territorio nacional, alcanzando un total de 31 sedes. Los establecimientos públicos cubrían más del 60 por ciento del total de la matrícula de pregrado, siendo la Universidad de Chile la de mayor tamaño. Las sedes de provincia, en su mayoría, estaban orientadas a carreras de duración intermedia en áreas tecnológicas y a carreras de educación. Las dos universidades técnicas existentes se habían desarrollado manteniendo planes de formación de técnicos congruentemente con su origen y tradición.
La última reforma a la Educación Superior fue la de los años ochenta. Ésta respondió a un modelo de liberalización económica que se implantó durante el régimen militar. La privatización de la educación y el decaimiento de las universidades públicas fueron parte de sus consecuencias. Esta reforma estaba pensada según un proyecto político de país, basado en que el mercado podía ser la piedra angular en el aseguramiento de la calidad. Los resultados fueron el debilitamiento y fragmentación de la Universidad de Chile y la ex Universidad Técnica del Estado, y el fortalecimiento y creación de universidades privadas. No constituyó un deber del Estado el aseguramiento ni la regulación de la calidad de la educación. Esto afectó la posibilidad de distribuir los bienes públicos propios de la Educación Superior en las formas que el país necesita.
Hoy, treinta años después, nuestro sistema tiene un carácter mixto, es decir, conviven instituciones estatales y privadas. Este sistema, según el Ministerio de Educación, está compuesto por alrededor de 218 instituciones en total, donde encontramos universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas de fuerzas armadas, de las cuales sólo 19 son estatales.
Nuestro sistema tiene, a grandes rasgos, 3 tipos de universidades. Primero están las estatales, que son aquéllas que el Estado ha fundado a través de una ley; luego están las privadas tradicionales, que son aquellas creadas antes del año 1981 -importante recalcar que existe el Consejo de Rectores de Universidades de Chile (CRUCH), organismo que reúne las universidades públicas y privadas tradicionales chilenas, que fuesen anteriores a 1981 o que derivaran de ellas- y por último las privadas, que fueron creadas posteriormente a 1981.
Como vemos, en Chile se ha mantenido la lógica de que las instituciones privadas de Educación Superior sean mayor en número que las públicas. Sin embargo ha habido un cambio importantísimo: hoy más del 70% de los estudiantes de pregrado se encuentran en instituciones privadas, a diferencia de antes de la reforma, donde la universidad pública era el eje fundamental del sistema. Debido a la dinámica instalada en el gobierno militar y seguida por los gobiernos de la Concertación, el principal enfoque de las políticas de Educación Superior ha sido aumentar la cobertura, principalmente aumentando la matrícula privada.
Hoy en día, la Educación Superior apunta hacia la masificación. Hacia el 2020, Chile aspira a que el 80% de la juventud (entre 18 y 24) acceda a la Educación Superior. Es por esto que se hace necesaria una reformulación del sistema en su totalidad. La masificación del sistema debe ir acompañada de medidas que aseguren una efectiva igualdad y equidad en el acceso, permanencia en el sistema y egreso, además de una provisión de calidad integral por parte de todas las instituciones. De otra forma, la masificación, es decir la incorporación de sectores hasta ahora excluidos, seguirá reproduciendo las desigualdades en vez de apuntar a corregirlas.
La masificación de la cobertura debe ir acompañada del desarrollo de una calidad integral; sin esto no se puede asegurar integridad social en especial de los sectores desprotegidos, hacia los cuales crece el sistema. Esta calidad debe integrar una actitud crítica hacia la creación de conocimiento, formación de gobiernos democráticos, formación de ciudadanos que enfrenten la realidad social del país y no sólo sus problemas individuales, que integre a todos los sectores sociales y que se oriente a lograr un equilibrio en relación al desarrollo regional del país, para terminar con la centralización de las oportunidades en Chile. Esto apunta a revertir la relación técnico/profesional. La universidad no puede ser el único medio para una vida digna.
Este sistema debe proveer un marco de existencia que le dé un sentido público, que garantice la primacía del bien común por sobre cualquier otro. Debe integrar el rol y deber de las instituciones estatales, y el rol y relevancia de las instituciones privadas, pero regulando su quehacer de manera de permitir instituciones privadas con rol público. Este sentido público es fundamental, y sobrepasa las antiguas definiciones que distinguen entre planteles de financiamiento o administración estatal versus privado; hablamos de sentido público por estar alineado con objetivos comunes, por estar puesto sobre los intereses de todos los ciudadanos del país. Aquí lo privado tiene una opción y lo público un deber.
Las falencias del estado actual de la Educación Superior han hecho plantear a los distintos actores una serie de elementos en los que es necesario incidir y transformar. Éstos se establecen como sigue:
(1) En el porcentaje del PIB destinado en Chile a Educación Superior existe una excesiva proporción de gasto privado por sobre público (1.8% de un total de 2.1%).
(2) Hay recursos públicos financiando instituciones con bajo o nulo compromiso social. Esto incluye el subsidio al lucro, lo que impide que los recursos generados sean utilizados en el desarrollo y mejoramiento de la propia educación.
(3) Hay instituciones de Educación Superior que producen beneficios sociales, y no están recibiendo fondos públicos para su desarrollo.
(4) Es necesario reconocer que las instituciones que cumplen un rol público no son exclusivamente de propiedad estatal.
(5) Es estrictamente necesario poder clasificar y categorizar las instituciones de Educación Superior para otorgarles un financiamiento adecuado a su función.
Además se ha señalado que es imprescindible aumentar el gasto público destinado a Educación y que éste debería estar orientado a:
(a) La incorporación de los quintiles más bajos a la Educación Superior, las condiciones necesarias para su permanencia y egreso.
(b) Un aumento sustancial en la oferta de educación técnico-profesional.
(c) Disponer de mayores recursos destinados a la investigación científica.
(d) Fomentar las actividades de extensión.
(e) Potenciar la producción artístico-cultural.
(f) Prioridades de carácter territorial, asociadas al desarrollo regional y estrategias de competitividad.
(g) Aseguramiento sustantivo de la formación en disciplinas que producen bienes intangibles.
En función de las demandas y exigencias en Educación Superior deben establecerse algunos principios que definan el nuevo modelo de financiamiento:
(1) El carácter de bien mixto de la Educación Superior, implica que ésta no puede considerarse exclusivamente según su valor de mercado.
(2) Los recursos públicos no pueden aprovecharse para el lucro privado.
(3) El financiamiento estatal debe orientarse a la oferta.
(4) Los recursos basales no pueden ser competitivos, es decir, universidades públicas y privadas no pueden competir por los mismos fondos fiscales para su financiamiento basal.
(5) Cualquier sistema de acceso a la Educación Superior no debe discriminar de manera socioeconómica.
Junto a estos principios se instalará el criterio general de que todas las instituciones públicas tendrán acceso a financiamiento estatal, pero habrá un trato diferenciado.
Todo este cambio a nivel de financiamiento, debe ir enfocado en potenciar a la universidad pública como tal, entendiendo como públicas aquéllas que sean abiertas a la sociedad, en el sentido de no concentrar de manera excluyente a un sector socioeconómico sino que contenga estudiantes de los distintos niveles en proporción adecuada a la realidad nacional; que sea pluralista en el sentido de contar con libertad de cátedra; y que tenga una estructura democrática, con un gobierno universitario con representación triestamental.
Hoy debemos ver que las necesidades de Chile en Educación Superior son, por sobre todo, incorporar a los quintiles más bajos, aumentar los recursos para investigación, asegurar calidad e integrar las universidades a los polos de desarrollo económico de cada región. Solamente rellenando estas falencias tendremos una educación que realmente esté enfocada al desarrollo país, permitiendo a Chile superar su tremenda desigualdad y así transformarse en un país desarrollado.
Lamentablemente, todo esto está muy lejano a lo que desea el actual gobierno, quien cree que la lógica de mercado es la mejor forma de regular la educación, y que hoy plantea que todas las universidades deben relacionarse de igual manera con el Estado, sin importar su procedencia, su objetivo, ni mucho menos el rol que ésta juegue.
Es así como el rol público se quiere eliminar y simplemente instaurar fábricas de profesionales, donde lo relevante sea la generación de éstos, sin importar sus características, dejando de lado la generación de ciudadanos, el aporte al desarrollo país y, por sobre todo, eliminando los espacios de discusión y cuestionamiento que se dan en instituciones pluralistas como las universidades públicas.
Este año 2011 en Chile se dará una tremenda batalla ideológica, donde se juega ni más ni menos que el futuro de la educación pública. La poca educación pública que queda en mi país está quizá en sus últimos momentos y es tarea de todos poder defenderla, y sacarla a flote desde el abismo donde se encuentra. Es por ello que existe la necesidad de que todos los actores involucrados logren consensuar y trabajar en pos de la defensa de la universidad estatal.
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* Camilo Ballesteros B.: Presidente Federación de Estudiantes Universidad de Santiago de Chile, FEUSACH. Miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas de Chile.
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