Fredy Germán Choque Mendoza *
La historia de los Pueblos Indígenas de la parte amazónica de Bolivia no es muy difundida, más al contrario se dio mayor atención a las culturas que se desarrollaron y habitaron en la parte occidental del país, particularmente a los pueblos de la región altiplánica y los valles interandinos. Así, la historia de estos pueblos fue poco explorada y estudiada desde la óptica indígena. Y como la historia la escriben los “vencedores”, solo tenemos referencias históricas transmitidas por los colonizadores, misioneros, hacendados y militares desde la colonia hasta la república.
Posterior y antes de la Reforma Agraria (1952), los territorios indígenas fueron vistos jurídicamente como res nullius, porque no eran poblaciones sedentarias, sino nómadas, y la lógica del control del territorio se complementaba con su cosmovisión. Con la expansión de los latifundios después de la reforma agraria, y con las concesiones forestales, se instalan las barraqueras, explotación gomera, ganaderos, castañeras, y los indígenas son semi-esclavizados, es decir, hay una explotación individual de la fuerza de trabajo indígena que básicamente se acentúa en el periodo dictatorial o, mejor dicho, se profundizó durante las dictaduras militares.
En la década de los setenta, hay una política de Estado de traer emigrantes extranjeros, así el gobierno del ex dictador Hugo Banzer (1971-1977) posibilita, mediante un plan de asentamiento o colonización, el ingreso de colonias de “minonitas”, “japoneses”, “turcos”, y recientemente, por efecto y permisibilidad de este tipo de políticas, se asentaron “croatas” y “serbios”, que hoy son la elite más rica de Santa Cruz. Son grupos de poder que quieren controlar el país. Sin embargo, desde la década de los ochenta, viene articulándose un movimiento indígena con mucha fuerza y capacidad de interpelar al Estado con sus propias demandas, y últimamente con la VIII Marcha Indígena, que fue una movilización en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Iseboro-Sécure), se ha demostrado que inclusive puede proponer un nuevo tipo de proyecto de Estado.
En este contexto de lucha de los pueblos indígenas de las tierras, uno de los momentos de mayor visibilización que demostraron fue durante la Primera Gran Marcha por Territorio y Dignidad (1990). Esta marcha salió de Trinidad a mediados de agosto de 1990 hacia La Paz, sede de gobierno, pasando por San Ignacio de Mojos y la Población de San Borja, luego Yolosa y finalmente La Paz. En total recorrieron 550 kilómetros. En la población de Yolosa, llega a su encuentro el entonces presidente de la república Jaime Paz Zamora (1989-1993), con varios decretos que reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas a su Territorio; Decretos Supremos (D.S. 22609, 22610, 22611) que de acuerdo a las demandas presentadas reconoce: el Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro-Sécure (TIPNIS), Territorio Multiétnico Chimanes (TIMCHI) y el Territorio Indígena Sirionó, así como el compromiso pendiente de elaborar una Ley de Pueblos Indígenas del Oriente. De esta manera logran hacer prevalecer un Derecho Históricamente Pre-existente y protegerse de avasalladores, como los empresarios forestales, ganaderos y agroindustriales. Uno de los líderes de la marcha, Tomás Tikuasu había sostenido que “venía a hablar con el presidente de Bolivia de Jefe a Jefe”. En su escalada a la cumbre a más de 4000 metros de altitud, los indígenas de la Amazonía son recibidos por los pueblos de la región andina y sellan un Pacto de Hermandad, mediante un ritual ancestral Aymara.
El TIPNIS fue declarado como Parque Nacional en el año 1965 y posteriormente es reconocido como Territorio Indígena mediante el Decreto Supremo No. 22610-24 de septiembre del 1990 a los pueblos: Moxeño, Yuracaré y Chimán. Se reconoce una extensión total de 1.260.542 hectáreas, luego, el 25 de abril de 1997 el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) emite la resolución No. 000002, que legaliza la Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Y después de 19 años (2009), mediante un título ejecutorial TCO-NAL-00029 se reconoció como Tierra Comunitaria de Origen, con una extensión de 1.091.656 hectáreas, y finalmente en diciembre del año 2010 se declara como Territorio Indígena Originario Campesino.
Como hemos señalado el TIPNIS está ocupado por tres pueblos indígenas originarios del lugar, están asentados también indígenas aymara-quechuas como resultado de la migración de la zona altiplánica y valles, y finalmente también habita una parte de la población criolla del Beni. Los datos demográficos señalan que de acuerdo al Primer Censo Indígena realizado en el área del TIPNIS en el año 1993, por entonces los habitantes del Parque eran 4.563 habitantes (68% mojeña, 26% yuracarés, el 4% Tsiman y 2% de otro grupo étnico); para cuando se realizó el Censo de Población y Vivienda en el año 2001 había desminuido la población a 3.991. Ahora, aún falta saber los resultados del último censo de población (2012), pero la población total habría aumentado a 12.000.
Después de la primera marcha, los pueblos indígenas de tierras bajas realizaron varias movilizaciones por diferentes demandas, hasta que en el año 2011 nuevamente marchan hacia la sede de gobierno. Los indígenas del TIPNIS, encabezados por la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la iniciaron el día 15 de agosto del 2011; parten más de 700 indígenas desde la Localidad de San Ignacio de Moxos hacia la Ciudad de La Paz. La principal demanda fue la suspensión de la construcción de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que ya estaba en ejecución sin que previamente se haya Consultado a los Pueblos Indígenas, tal como establecen los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Pero además la marcha fue brutalmente reprimida en la localidad de Chaparina (Norte de La Paz).
Esta Represión y Masacre de Chaparina, se produjo el día domingo 25 de septiembre (2011) cuando los marchistas, hombres, mujeres y niños, descansaban. Como a las 5:30 pm fueron avanzando poco a poco las columnas de policía, cerca al campamento, donde estaban instalados los Marchistas en la localidad de Chaparina. Se inició la brutal represión policial sin diferenciar a las mujeres y niños; todos fueron abatidos con gases lacrimógenos, algunos dirigentes fueron golpeados y enmanillados, otros escaparon al monte como pudieron. Fernando Vargas, el máximo líder del TIPNIS, relató a un medio de prensa este testimonio de la masacre de Chaparina.
En la ciudad sede gobierno, las repercusiones y voces de protesta y apoyo a los marchistas del TIPNIS, por la masacre sufrida, se dejaron sentir pronto; se movilizaron maestros, estudiantes universitarios, los indígenas originarios de Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ) instalaron una “vigilia” en apoyo a la marcha. Las protestas también se expresaron en Beni, Sucre, Cochabamba, Tarija, etc. Por otra parte, las brigadas parlamentarias del oriente también protestaron contra la intervención, así como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusoras (ASBORA) condenaron en forma unánime la masacre. La pregunta lógica es ¿por qué siendo Evo Morales un presidente indígena, masacra a los pueblos indígenas? ¿Por qué tanta insistencia en la construcción de una carretera que rechazan los pueblos indígenas del TIPNIS?
En cuanto a la interrogante sobre la masacre a los pueblos indígenas, esto tendría un trasfondo ideológico sobre la autenticidad del proyecto indígena comunitario del gobierno de Evo Morales, cuestionando de esta forma que el tema indígena para el gobierno nunca fue un proyecto de sociedad, por lo que el “discurso indigenista” sería solo eso, un discurso, que en realidad se orienta por una sociedad socialista (ellos). Evo Morales antes nunca reivindicó la lucha nacionalitaria étnico cultural, sino que su lucha fue defender el cultivo de la coca, ni siquiera la coca en sí misma, en su dimensión cultural, sino el cultivo como fuente de subsistencia de las familias emigrantes campesinas al Chapare; solamente cuando sube como ganador electoralmente, incluye a su discurso socialista, rentista, estatista, el tema del medio ambiente, el indigenismo, etc.
Según el investigador Raúl Prada A. la historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IRSA). El IRSA tiene su origen en la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur, celebrada entre 30 de agosto y el 1º de septiembre de 2000 en Brasil por invitación del entonces presidente Enrique Cardoso. En este sentido y para este proyecto, Bolivia sería un país de tránsito y de extracción de recursos, según han denunciado movimientos ambientalistas e intelectuales que apoyan a la causa del TIPNIS. Porque la construcción de la carretera comenzó a operar gracias a un crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil; su costo se dice que asciende a 442 millones de dólares y que 332 sería el préstamo del Brasil. La empresa constructora (OAS) que se adjudicó la obra es justamente una empresa brasilera, que, según después se supo, tenía denuncias por daños ambientales en Brasil, y que además se denunció que tenía también vínculos con el ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Esta empresa obtuvo rápidamente la fichas ambientales del Tramo I y III, faltando únicamente el tramo II al que se oponen los pueblos indígenas del TIPNIS.
Ahora bien, en cuanto al porqué tanta insistencia por parte del gobierno en la construcción de esta carretera, el investigador Raúl Prada ha señalado varias hipótesis: la primera tiene que ver con la Expansión de la Frontera Agrícola; del total del territorio reconocido a los pueblos indígenas del TIPNIS en el año 1990, después de 19 años (2009) se reconoció que habían ingresado los colonizadores en la parte sur afectando el territorio original, por lo que el gobierno tuvo que establecer una línea roja para contener posibles avasallamientos. Entonces la defensa del TIPNIS tiene que ver directamente con que las comunidades indígenas de dicho territorio se sienten amenazadas con el avance de la producción de la hoja de coca, y por tanto es lógico pensar de que si se construye la carretera, en sus alrededores empezarán a asentarse nuevos colonos que se dedican al cultivo de coca y por tanto la deforestación del bosque va ser un hecho. Ahora, en este mismo sentido, habría una Nueva Alianza del gobierno con empresarios de Santa Cruz, principalmente: banqueros, empresa privada y agroindustriales. Es decir, con la burguesía intermediaria de Bolivia. Este tipo de alianzas alejan totalmente la posibilidad de construir un Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, más bien, el gobierno con ello estaría en vías de fortalecer a largo plazo a grupos ultraliberales en Bolivia en suma en su restauración. En resumen, el interés que tiene el gobierno por la construcción de la carretera que cruza el bosque del TIPNIS serían: a) el compromiso orgánico que tiene Evo Morales con los cocaleros, los interculturales (colonizadores) y las confederaciones campesinas (CSUTCB); b) en el plano político responde a la continuación de la política capitalista, desarrollista, extractivista y dependiente del gobierno; c) el gobierno estaría supeditado a la política expansionista y hegemónica del Brasil; d) está ligado a los condicionamientos de las empresas petroleras, madereras, mineras, etc., es decir, a las transnacionales; e) responde también a los acuerdos con la burguesía intermediaria boliviana, los agroindustriales, los soyeros y las empresas de transgénicos.
Después de que el gobierno no logró desmovilizar la VIII Marcha Indígena, fue obligado bajo presión a aprobar la Ley Corta No.180 (2011) que prohíbe la construcción de la carretera y declara como zona intangible el TIPNIS. Pero inmediatamente después el gobierno influye en la movilización de otra marcha, en diciembre del 2011, apoyados por el gobierno, se inicia la Marcha del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), una de las tres sub-centrales del TIPNIS. Estos indígenas fueron denunciados porque la mayoría no pertenecía al TIPNIS sino al polígono 7 (que es un área de la zona colonizada y cocalera) y otros al Territorio Indígena Multiétnico, que se dedica a la producción individual, a la producción de arroz, yuca y plátano. En otras palabras, son indígenas que han quedado absorbidos por la expansión de la economía mercantil y parcelaria, protagonizados por los collas, aymaras y quechuas.
Para mediados de enero del 2012 llega esta marcha a la Ciudad de La Paz, inmediatamente se instala una reunión con el gobierno. Después de cinco días de presencia de los indígenas del CONISUR, el gobierno de Evo Morales impulsa la aprobación de una nueva ley, y de esta forma la asamblea legislativa sanciona la Ley No. 222 denominada Ley de Consulta. Inmediatamente los indígenas se pronuncian, no en contra de la ley en sí misma, sino su aplicación al caso, considerando que es “extemporáneo”. Razón por la cual los pueblos indígenas del TIPNIS, apoyados en su máxima organización, la CIDOB (Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), iniciaron nuevamente la denominada IX Marcha Indígena en defensa del TIPNIS y en contra de la Ley de Consulta. Esta marcha se inicia en el mes de abril del 2012 y llegan a La Paz a mediados de junio, cuando ingresan a la Ciudad, también los campesinos del Altiplano marchan en contra y a favor del Presidente Evo, como gusta llamar Álvaro García Linera.
Después de cuatro años de haberse decidido la construcción de la carretera y después de 2 años de haberse empezado a ejecutar dicho contrato, el gobierno sanciona una Ley de Consulta, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0300/2012 (TIPNIS) de fecha 19 de junio del 2012, Sucre- Bolivia. La Sala Plena del TCP se pronunció sobre la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, presentados por diputados nacionales. La sentencia declara constitucional el artículo 1 de la Ley 222, en la parte en la que se convoca al “proceso consultivo” en el Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro-Sécure (TIPNIS). Pero también la sentencia del máximo Tribunal de Justicia declara la “Constitucionalidad Condicionada”, para algunos artículos de la Ley 222, que tienen que ver con el desarrollo y aplicación de la consulta, arts.: 3 (ámbito de aplicación), 4 (finalidad de la consulta); 6 (las obligaciones de los órganos del Estado en el proceso); y 9 (etapas de la consulta). El Presidente de la TCP Rudy Flores señala que la “Constitucionalidad Condicionada” se refiere a que el Estado debe concertar con los pueblos indígenas, por medio del diálogo y de buena fe, sobre los contenidos y procedimiento que se aplicarán en la consulta.
Mientras tanto, los indígenas del TIPNIS, apoyados por la CIDOB y CONAMAQ, decidieron marchar nuevamente a la sede de gobierno para oponerse a la Ley de Consulta. Iniciaron el 27 de abril, el 25 de junio llegan a La Paz y el gobierno no los atiende, por tanto, quedan sin conseguir ningún resultado para sus demandas. El gobierno, antes de esta marcha, impulsó la “división” en las organizaciones indígenas de las tierras bajas mediante acuerdos programáticos con los dirigentes de las organizaciones de las regionales. De esta manera, cuando llegan a La Paz, la CIDOB ya estaba dividida y su dirigente principal Adolfo Chavés fue desconocido por la dirigencia paralela de la CIDOB dirigida por Melva Hurtado. Después de este fracaso decidieron resistir la CONSULTA en sus comunidades.
Mientras, el gobierno impulsa el Proceso de Consulta en el TIPNIS. Esta consulta se inició el 29 de julio y se extendió hasta el 7 de diciembre del 2012. De acuerdo al Protocolo de la Ley No. 222 que establece los contenidos, alcances y procedimientos para la realización de la consulta, señala que esta es: libre, oportuna, de buena fe, pública, continua, informada, participativa, intercultural, corresponsabilidad, flexible. Asimismo, se conforman 15 brigadas que recorrerán el TIPNIS, y que previamente recibieron capacitación en las normativas que sustentan la consulta. Con respecto a Finalidad de la consulta, el protocolo señala que la finalidad debe ser lograr consentimiento con relación a: a) definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Iseboro-Sécure, TIPNIS, debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimanes y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos; b) establecer las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del TIPNIS (parágrafo III, Art. 4 Ley No. 222).
El gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que han fijado el cronograma, protocolo y metodología de la consulta, ha llevado adelante la consulta. Junto con el órgano Electoral Plurinacional/Tribunal Supremo Electoral, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático que ha desempeñado el rol de observadores y acompañamiento del proceso de consulta, han presentado los resultados a finales de 2012, donde se establece que el 80% de las comunidades han aceptado la construcción de la carretera.
Para finales del año 2012, después de tres días que terminó la consulta a cargo del Tribunal Electoral, el Defensor del Pueblo Rolando Villena presentó su informe en el cual expresa que: “…el proceso consultivo es parte de la vulneración de los derechos humanos de los indígenas”. El defensor sostuvo que no se respetó las “recomendaciones del Tribunal Constitucional plurinacional”. La consulta que se llevó adelante fue una vulneración a los derechos humanos indígenas porque fue: UNILATERAL, AUTORITARIA, COLONIALISTA E IRRESPETUOSA. En este caso, sin respeto por los preceptos constitucionales.
El 17 de diciembre del 2012, la Asamblea permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica presentaron el informe de Comisión Interinstitucional, visitaron a 36 comunidades del TIPNIS, entre finales de noviembre y mediados de diciembre del 2012. El informe dice que la consulta realizada por el gobierno en el TIPNIS “no se ajusta a los Estándares de Consulta Previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales”. Según el mismo informe realizado sobre 36 comunidades, sostiene que 30 comunidades rechazaron la consulta, mientras que tres comunidades aceptaron la construcción y tres comunidades aceptan, pero de forma condicionada a estudios y cambio de ruta de la misma. De todo esto, los informes cuantitativos han mostrado que: en 18 comunidades se realizaron las reuniones comunales, de las cuales 7 comunidades realizaron las reuniones de consulta en base a un consenso comunal, mientras que 11 comunidades no llegaron a ese consenso. Mientras que en 17 comunidades no se realizaron las reuniones. Por tanto, las conclusiones de esta comisión interinstitucional indican que: 1.- Los Criterios de Consulta “Libre” y de Buena Fe fueron condicionados con “regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios”, que procedieron antes de que lleguen las “brigadas de consulta”; “la presión y condicionamiento derivaron en intimidaciones”, como cortar el servicio de salud (médicos canarios en las comunidades del TIPNIS). 2.- No se respetaron las Normas y Procedimientos Propios de las Comunidades: los Pueblos Indígenas de TIPNIS no se reunieron en sus cabildos. En algunos casos se reunieron fuera de la Tierra Comunitaria de Origen y en otros dice “las reuniones no fueron dirigidas por las autoridades de las comunidades, no hubo acuerdo entre los comunarios para llevar adelante las reuniones con las brigadas de consulta”. Los brigadistas presentaron la “intangibilidad como la imposibilidad de utilizar los recursos del TIPNIS”, por lo que la consulta giró en torno a la disyuntiva “intangibilidad o desarrollo”, pese a que en decreto supremo que reglamenta a la ley 180, incluye en la intangibilidad los usos tradicionales de los recursos por parte de las Pueblos Indígenas. 3.- No se cumplió con la Condición de “Ser Informada”, porque no se hizo conocer a los pueblos indígenas sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS. Los brigadistas solo mostraron el trazo de la carretera e imágenes de modelos de carreteras ecológicas.
En conclusión, las comunidades del TIPNIS rechazaron la consulta, porque están concientizados de que la carretera solo traerá beneficios para los “cocaleros” y por tanto al incremento del narcotráfico y de que favorecerá a la expansión capitalista del BRASIL, ya que fue acordado entre el presidente Lula y Evo, y que el financiamiento de la carretera y ejecución de la misma está a cargo de la empresa OAS (que no tiene una buena imagen), también del Brasil, y sin que se haya licitado previamente.
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* Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Diplomado internacional en Derechos de los Pueblos Indígenas – Fondi Indígena – Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Trabajó como Consultor para el Fondo para el desarrollo de los Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, en temas relacionados con el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en Bolivia. Fue asesor de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) entre 1998 y 2003. Esta es la organización campesina indígena más importante de Bolivia, junto con otras organizaciones que ahora conforman el pacto de unidad.
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