Por Mayarí Castillo[*]
Cuando hablamos de temáticas socioambientales no podemos dejar de mirar el contexto en el cual estos desafíos adquieren sentido. Esto es particularmente cierto en las sociedades latinoamericanas, las que parecieran estar llegando tarde al debate y preocupación por la temática medioambiental. Durante muchos años se consideró que estos eran temas de tercer orden en el marco de sociedades con altos niveles de pobreza, de desigualdad y de violencia. Se decía, simplemente, que en sociedades que lidiaban con fenómenos urgentes que afectaban directamente la vida, la cotidianeidad y la sobrevivencia de quienes habitaban en la región, teníamos cosas más importantes en las que pensar.
En ese marco, las políticas sociales de la región se focalizaron en aquellos problemas considerados prioritarios, dentro de los cuales las temáticas socioambientales no tenían lugar. Pese a esto, la realidad nos confrontaba con hechos que resultaban difíciles de abordar desde esta mirada: en los territorios marginales de las ciudades se concentraban todas aquellas actividades “no deseadas” y dañinas, los pobres de nuestras ciudades respiraban peor aire, y sus niños se enfermaban más por efectos no controlados de la industria y/o rellenos sanitarios. Escenario similar es el de las zonas rurales; las regiones que mostraban los mayores niveles de pobreza eran precisamente las que mostraban altos niveles de degradación ambiental por acción de la industria extractiva y/o la concentración de rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de desechos. La pobreza estaba –se podía intuir– íntimamente relacionada entonces con estos altos niveles de degradación ambiental, hasta entonces sin resguardo ni legislación alguna. Y lo que es peor: nuestro modelo de desarrollo no solo no estaba cumpliendo su promesa de superar estos problemas, sino que parecía estar agudizándolos cada vez más a partir de una desigual distribución de costos y riesgos ambientales.
Pese a que ha ido ganando un espacio en la reflexión sobre el tema, la situación no ha variado mayormente en las últimas décadas. En el caso chileno, esto resulta notorio hoy si analizamos la composición en términos socioeconómicos en que se concentran algunas actividades económicas: en la ciudad de Santiago las comunas en las que se concentran las principales actividades industriales son aquellas en las que el porcentaje de población perteneciente a grupos ocupacionales en la base de la estratificación social (con menores ingresos y niveles de calificación) supera el 50%. Tales son los casos de Renca con un 66,2%; Cerro Navia con un 71,4%; Cerrillos con un 61,1%; y Pudahuel con un 57,3%; por nombrar los polos industriales más relevantes y con mayor cantidad de problemas de externalidades negativas para sus vecinos. En un contexto de vulnerabilidad previa, esta degradación ambiental va reforzando dinámicas que son altamente violentas para la población, tales como enfermedades de difícil diagnóstico, la incertidumbre frente a los efectos de lo que le sucede a la población, la sensación de abandono o abuso, proliferación de redes clientelares y/o conflictos entre organizaciones territoriales.
Pese a ello, la intervención sobre desigualdad y pobreza ha seguido transitando por caminos divergentes a los de las políticas socioambientales, tanto a nivel de política pública como a nivel de la reflexión académica y/o organizacional. No solo no se han insertado estos temas en una reflexión sobre la ya desigual distribución de costos ambientales a nivel mundial –dentro de la cual nuestro país ya tiene una posición de desventaja clara–, sino que tampoco se han tendido puentes que permitan entender cómo estas problemáticas adquieren características particularmente violentas en sociedades con altos índices de desigualdad como la chilena. En este tipo de sociedades, ciertas poblaciones son simplemente invisibilizadas y vulneradas sistemáticamente en sus derechos, mientras que otras poseen una gran capacidad de protección, presión y visibilidad pública. Este hecho, si bien ha estado presente en la reflexión de aquellos autores que trabajan con las temáticas de racismo ambiental, justicia ambiental y ecología política desde hace décadas, simplemente no ha encontrado espacio a nivel de intervención social, política pública e investigación reciente.
En este contexto, observamos una creciente preocupación por las temáticas socioambientales en nuestro país en las últimas décadas, tanto a nivel de debate público como a nivel de conflictos, movimientos y organizaciones. Sin embargo, esta preocupación tiende a concentrarse en proyectos emblemáticos, mientras que se queda muda frente al hecho de que esta concentración espacial de elementos costosos ambientalmente se está transformando en una de las formas más agudas e invisibles de ejercer violencia en contra de los grupos vulnerables de nuestro país. Agudas, pues impactan directamente en la biografía de sus individuos, sus entornos y sus cuerpos. Invisibles, porque si bien muchas veces los efectos repercuten en una degradación visible en el entorno, en la mayoría de los casos sus efectos en el largo plazo para la población son silenciosamente devastadores. En ese sentido, es posible decir que esta desigual distribución de costos y riesgos ambientales se ha transformado en una más de las formas de violencia que ejercen las sociedades desiguales sobre quienes están en posición de indefensión: pueblos indígenas, pobres urbanos y pequeños pueblos rurales.
Esta es una forma de violencia que opera a través de la concurrencia de acción entre el aparato estatal, los agentes políticos y los agentes privados. A pesar de la precaria planificación territorial nacional, existe una distribución espacial intencionada que se realiza desde el estado a partir de elementos como planes reguladores y estrategias de concentración de industrias ambientalmente costosas, que generalmente perjudica a la población pobre o vulnerable que por su condición posee una capacidad de protección y reacción tardía. Dentro de esta distribución intencionada desde el estado, resulta emblemática la instalación de rellenos sanitarios y cordones industriales en los sectores aledaños o cercanos a viviendas sociales o comunidades indígenas a partir de la modificación de planes reguladores, como son los casos de Bajos de Mena en la región Metropolitana y Boyeco en la IX región; el emplazamiento de viviendas sociales sobre residuos tóxicos y basurales, como son los casos de Cerro Chuño en Arica; o la concentración de industrias contaminantes en las mal llamadas “zonas de sacrificio”: mal llamadas porque la noción de “sacrificio” implica la obtención de un beneficio posterior, lo que en el caso de las sociedades desiguales no se traduce sino en una mayor concentración de la riqueza vía tributación e impuestos y en un empobrecimiento de la población local por degradación ambiental.
Por otra parte, existe una legislación ambiental que presenta escasos avances desde la década de los noventa, que es excesivamente permisiva en relación a normativas internacionales y cuya modificación ha sido dificultosa por la estructura del poder político en Chile hoy y la estrecha relación de esta con el mundo económico privado nacional e internacional. Este punto ha sido quizás uno de los obstáculos más importantes para los movimientos vinculados a temáticas ambientales desde la década de los noventa, siendo claro en casos paradigmáticos como la reciente Ley de Pesca, los problemas de lobby de la minería para la aprobación de proyectos emblemáticos, entre otros casos de reciente conocimiento público. A este punto se suma la escasa estructura de fiscalización y penalización por el incumplimiento de las ya laxas normas ambientales en el caso de daños cuyos efectos podrían remontarse a más de un siglo, en términos ambientales, y a más de tres generaciones, en el caso de la población expuesta a residuos tóxicos y/o metales pesados. Dada la estructura del poder político en Chile, las comunidades y habitantes de los sectores afectados deben lidiar entonces con niveles desiguales de visibilidad pública y de poder, fenómeno que muchas veces no logra ser contrarrestado sino a través de una gran cantidad de acciones a lo largo de varias décadas. Finalmente, también influyen las prácticas del sector productivo privado –y a veces estatal– que no solo operan forzando los límites de la legislación ambiental, sino también ejerciendo sobre la población una serie de estrategias clientelares con el fin de generar acuerdos en torno a elementos como el daño, la reparación y las soluciones posibles frente a proyectos y/o situaciones de crisis. Frente a esto, los proyectos de responsabilidad social empresarial muchas veces se vuelven una moneda de cambio que fragmenta a la población y sus organizaciones, interviniendo constantemente los territorios y fragilizando las confianzas entre vecinos.
En este contexto, hoy resulta necesario situar esta reflexión sobre problemáticas socioambientales en el marco de una sociedad desigual. Es preciso que en la discusión sobre desarrollo se rescaten las nociones de Derechos Humanos de los individuos que están siendo afectados por estos fenómenos, como una de las herramientas fundamentales para garantizar que esta discusión no se reduzca a áreas protegidas, reciclaje o ciclovías, sino a una reflexión profunda sobre nuestro modelo de sociedad, sobre la distribución de beneficios/costos de nuestra economía y sobre el lugar que los grupos vulnerables están ocupando hoy en el proyecto país. De lo contrario la discusión sobre lo socioambiental se trivializa e individualiza, al centrarse principalmente en la agregación de acciones individuales que solo sujetos en posición de privilegio pueden llevar a cabo. Eso no es el movimiento socioambiental que queremos. O por lo menos no es el que necesitamos.
[*] Antropóloga Social de la Universidad de Chile, Maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO México y Doctora en Sociología de la Freie Universität Berlin. Actualmente se desempeña como Académica en la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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