* Rubén Tussedu
La decisión del gobierno chileno de sacar la palabra «dictadura» de todos los textos escolares y remplazarla por «régimen militar» causó una tremenda conmoción en el país y provocó un debate en torno a un tema que es profundamente sensible, pues el término refiere un régimen que tomó el poder en Chile a través de un sangriento golpe de Estado, comandado por el ejército con Augusto Pinochet a la cabeza, derrocando al gobierno democrático de Salvador Allende, e instalando un régimen de terror.
En su sentido más literal, la palabra dictadura evoca la figura de un dictador que se arroga todas las atribuciones del gobierno y del Estado, borrando cualquier atisbo de soberanía popular, avasallando con todos los derechos democráticos, políticos y humanos. Pero está claro que no sólo para Chile, sino para todo el continente, también está cargada de otros sentidos, e íntimamente asociada a los golpes de Estado, terror, represión, muertes y desaparecidos.
Parece evidente entonces la intención del actual gobierno del derechista Piñera —a quien es inevitable señalar como partidario de aquel régimen sangriento y seguramente también su beneficiario— de lavar la cara de la dictadura y buscar darle legitimidad, con el objetivo también de borrar el término de la memoria histórica, es decir, de las cabezas de las nuevas generaciones.
Si bien esta situación motiva una batalla cultural, bajo esta superficie encontramos también una batalla política de fondo, que puesta en su real dimensión es sumamente actual.
Para comprender una situación concreta, los términos necesitan ponerse en contexto histórico y social. Por ejemplo, el término democracia en principio remite al «gobierno del pueblo», la «soberanía popular». Pero ciertamente nuestra idea de democracia no es la misma que la democracia ateniense, donde los «hombres libres» o «ciudadanos» ejercían el gobierno discutiendo las cuestiones de interés público en una asamblea, pero donde sin embargo, el grueso de la población no era considerada ciudadana o siquiera humana, y la gran masa o carecía de derechos políticos o eran directamente esclavos. Esa era la realidad democrática.
Hoy tenemos una democracia donde supuestamente somos todos iguales ante la ley, y la soberanía descansa en el pueblo que elige sus representantes a través del voto, cada determinado periodo de tiempo. Pero lo cierto es que esta democracia es en realidad expropiación de esa soberanía a través del voto, pues los representantes elegidos no pueden ser revocados, y sólo se elige una pequeña porción de los funcionarios que dirigen y administran el Estado. A esto se suma el hecho de que los partidos que llegan al poder son aquellos que pueden llegar a la opinión pública a través de sus aparatos y la publicidad. Y esta última necesita de grandes sumas de dinero (sin contar con el fraude u otros mecanismos que distorsionan la voluntad popular). El derecho de cualquier ciudadano a presentarse como candidato es letra muerta sin el dinero y el aparato, quedando dicha voluntad como una expresión marginal.
En el caso de los gobiernos latinoamericanos, queda en evidencia la continuidad del cuerpo legal de la dictadura en la democracia, por ejemplo a través de las leyes orgánicas de educación, o la que regula la actividad sindical. Entonces el problema son los intereses sociales que existen detrás de una y otra forma de gobierno.
Esta continuidad de las instituciones dictatoriales no hubiera sido posible sin el acuerdo de los partidos y fuerzas «democráticas». La concertación y el PC, por ejemplo, que negociaron la salida de la dictadura en los términos de ésta, obedeciendo a los intereses sociales dominantes, subordinando los intereses populares. El régimen democrático que siguió a la dictadura pinochetista es lo que está hoy en cuestión. Su incapacidad para representar los intereses populares cada vez es más manifiesta, y se entró en un agotamiento agudo en el último gobierno concertacionista, responsable del ascenso derechista posterior.
El gobierno actual es representante de los intereses que estaban detrás de aquel golpe sangriento, y de quienes hoy, en medio de una crisis capitalista internacional, reclaman que esta sea pagada por el pueblo trabajador y la juventud. De este modo, la crisis no se queda en el terreno económico sino que ya está provocando fuertes choques sociales. La masa de trabajadores y sobre todo la juventud, no están dispuestos sacrificar sus anhelos y sus condiciones de vida para rescatar a un puñado de capitalistas que no proponen ninguna salida más que seguir socavando las bases sociales y materiales de las masas.
Queda entonces la pregunta acerca de si estas masas, que hoy salen a enfrentar la descarga de la crisis, serán capaces de superar una conducción política que por sus intereses inmediatos, no es capaz de comprender que bajo la superficie del debate político se encuentra un quiebre de las relaciones sociales capitalistas y un serio cuestionamiento al poder. Nos encontramos ante la puesta en duda del régimen democrático, en cuanto implica poner el poder soberano en manos de la burguesía que impone su programa con el coste de sufrimientos y privaciones de quienes viven de su trabajo, puestos a disposición del conjunto de las fuerzas productivas.
Lo cierto es que el Estado puede cambiar de forma (democracia, dictadura) pero no su esencia. Desde una concepción materialista, marxista, de la historia, el Estado es un aparato de dominación de una clase por otra: la clase propietaria que vive del trabajo ajeno, que cuenta con una burocracia y un brazo armado como órganos fundamentales de este aparato. El Estado garantiza la continuidad de este régimen de propiedad. Aquí sí encontramos un punto común con la democracia antigua: por un lado el régimen de propiedad esclavista, y ahora el régimen de propiedad privada capitalista.
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* El autor es militante del Partido Obrero (Argentina) y ha estado en Chile en 2006 en medio del desarrollo del movimiento de lucha estudiantil. En los 6 meses que estuvo en Chile ha participado activamente redactando y agitando volantes y periódicos militando en el PRO-Chile, pequeño grupo relacionado con el Partido Obrero de Argentina y la CRCI (Coordinadora por la Refundación de la IV internacional).
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