* Francisca Rivera Robles
Diecisiete años de oscuridad y mutilación de políticas culturales se hacen sentir en un país. Las escasas manifestaciones en torno a las artes, realizadas en su gran mayoría desde la clandestinidad, no constituían un verdadero desarrollo cultural. Si se trataba de sobrevivencia, en diversos ámbitos, el “rubro” de la producción cultural claramente era el más postergado e intencionalmente aniquilado por el gobierno de Pinochet. Teníamos necesidades tan básicas como la salud, la educación o la propia vida.
No quiero plantear verdades rotundas, ni afirmaciones categóricas, aunque tiendo a pensar que algunas verdades lo son, así, sin más, por el solo hecho de observarlas, vivirlas y padecerlas hasta la enfermedad. Los que transitamos por el mundo de la cultura, subidos en el primer tren o en el rápido europeo, estamos contagiados, unos más otros menos, por el mismo mal. El virus se llama gestión cultural y es una epidemia que no existía hace poco más de veinte años. Como buen virus ha ido mutando con el paso del tiempo y es posible encontrar diversas cepas, es decir algunas con un grado de especificidad notable y otras bastante básicas y hasta primitivas.
En el caso de Chile, la incipiente cepa coincide con el naciente desarrollo del ámbito artístico-cultural. Y es que los años de dictadura de Pinochet arrancaron de cuajo la creación artística, sepultaron y quemaron la producción fílmica, mataron y exiliaron a músicos, actores, pintores y escritores, para finalmente transformar la cultura en una forma de resistencia que se gestaba para combatir el atropello a los derechos humanos y, de una manera o de otra, levantar la voz para ser escuchados a pesar del bloqueo geográfico-cordillerano y la opresión del régimen.
Diecisiete años de oscuridad y mutilación de políticas culturales se hacen sentir en un país. Las escasas manifestaciones en torno a las artes, realizadas en su gran mayoría desde la clandestinidad, no constituían un verdadero desarrollo cultural. Si se trataba de sobrevivencia, en diversos ámbitos, el «rubro» de la producción cultural claramente era el más postergado e intencionalmente aniquilado por el gobierno de Pinochet. Teníamos necesidades tan básicas como la salud, la educación o la propia vida.
En este marco, para muchos es difícil imaginar que los vilipendiados fondos concursables, nacidos bajo el alero del «triunfo» de la democracia, se transformarían en la única y verdadera salvación de los artistas en Chile. Por fin existían recursos para teatro, artes visuales, literatura, música, danza y cine. Ese fue el momento en que el virus se hizo presente. Existían los recursos, existían los fondos, pero había que elaborar un proyecto, postular, administrar, coordinar, y difundir la actividad cultural. Era necesario, si no urgente, profesionalizar la gestión de quienes intentaban sacudir el apagón cultural tras diecisiete años de dictadura militar. Y no era fácil, ni para los artistas, ni para el nuevo Estado democrático que implementó su política para la cultura en el desarrollo de diversos fondos concursables, siguiendo un modelo de economía mixta basada en la obtención de recursos públicos y privados. En este plan el gran acierto fue la creación de la Ley de Donaciones Culturales, que beneficiaba a las empresas privadas reduciendo su pago de impuestos en un 50%, de acuerdo al monto invertido en un determinado proyecto. La trampa: el proyecto debe ser sin fines de lucro, y lo que parecía una utopía cumplida (cultura de acceso gratuito para todos) a la larga se ha transformado en un camino sin retorno, la nueva generación de recursos para sustentar el proyecto era una fantasía y peor aún su continuidad en el tiempo. La Ley de Donaciones Culturales, conocida popularmente como Ley Valdés en honor a su gestor, el fallecido senador Gabriel Valdés, lleva algunos años siendo revisada para poder modificar esta condición y permitir el cobro de dinero (entradas, publicaciones, exhibiciones, etcétera).
La política cultural del Estado se convirtió entonces, desde mediados de los 90 hasta hoy, en la política de los fondos concursables. Es decir, las incipientes industrias culturales dependen, hoy en día, del modelo paternalista de un Estado que les dice qué pueden y qué no pueden hacer. Esto ha marcado en profundidad la ruta de la gestión cultural en Chile, llevándola de la mano, conduciéndola pero de manera zigzagueante, sin metas a largo plazo, sin continuidad y sin dejar que “aprenda a caminar sola”. Que quede claro: no digo que la forma de hacer cultura en Chile deba ser dinamitada, por el contrario, es ineludible ampliar el modelo, transformarlo, reconstruirlo para que se puedan generar verdaderas industrias creativas en el entendido de una producción artística de calidad que cubra todas las etapas del proyecto, de manera autónoma y sostenible en el tiempo.
Y como dicen en pueblo chico infierno grande, el reducido grupo de quienes hacían cultura en el país logró reunirse y aunar criterios en un histórico encuentro sobre gestión y políticas culturales, realizado en el Congreso Nacional el año 1997. Nacía el virus de la gestión cultural en Chile con nombre y apellido a solo un año de impartirse su primer Post-Grado en la Universidad de Chile. El resultado fue, como pocas veces en estas reuniones, muy concreto: se requería una institucionalidad para darle a la cultura la dimensión, peso, y soporte necesarios para su desarrollo a nivel de Estado. No era simple, de común acuerdo no podría estar constituida como un ministerio por la burocracia que aquello implicaba y tampoco bajo el alero del Ministerio de Educación, en la División Cultura, siendo apenas un departamento de una entidad y no la entidad en sí misma. Entonces, se define la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Un organismo con rango ministerial pero “liberado” del excesivo trámite de un ministerio. Un organismo administrado mayoritariamente por los propios creadores (cosa que a poco andar se puso en tela de juicio por los escasos dotes que tienen en estas materias) que albergaría los fondos concursables, alianzas con entidades afines en Chile y el extranjero y, por supuesto, todas las áreas de la concepción artística desde distintos departamentos.
El proceso que vino a continuación para materializar el CNCA fue lento y tardó un par de gobiernos democráticos más en poder llevarse a cabo. Y se hizo. Lo más importante es que este enorme paso para el desarrollo de la cultura de Chile fue dado con los dos pies puestos en la tierra: un pie pertenecía a la sociedad civil, impecablemente organizada y metódica en el proceso, y otro al Estado. Frente a este escenario surgido del anhelo post-dictadura para reconstruir lo devastado por los militares y crear en nuevos tiempos de libertad, me pregunto si no será conveniente y hasta inexcusable el rol que le compete a la comunidad en tanto es tan responsable como el Estado de los cimientos que garanticen la construcción y resguardo de su propio mestizaje cultural.
En esta historia y de manera paralela, la infraestructura también ha sido un tema fundamental. La familia cultura debía tener dónde habitar sus exposiciones, espectáculos, obras de teatro, recitales. La bota de los militares también pisoteó los lugares de encuentro socio-cultural. Y aunque los chilenos tuvieron no una sino varias formas de contrarrestar el espacio ausente, había llegado el momento de generar, abrir y re-descubrir esos espacios. El gobierno de Ricardo Lagos se hizo cargo de crear una comisión asesora presidencial de infraestructura cultural, para hacer un catastro a nivel nacional de teatros, cines, centros culturales, salas de exhibición e institutos, disponibles para ser utilizados, para ser mejorados y para ser construidos en aquellos lugares que era imprescindible hacerlo. El resultado de este titánico trabajo fue concluido durante la presidencia de Michelle Bachelet, pero ni el primero, ni la segunda, pensaron en cómo abastecer dicha infraestructura. Peor aún, en algunos casos existen valientes quijotes (unos profesionales, otros no, pero ese es otro tema) listos para la batalla en solitario, pero carentes de recursos básicos para hacer funcionar los “boliches”. La situación forma parte de la contingencia que día a día viven diversos municipios de la capital, zonas periféricas y regiones. Un pendiente a resolver con urgencia que no alza la voz, mientras se desperdician recursos del Estado en mantener estos espacios vacíos y se incrementa el desempleo de los gestores culturales.
Y ahora, dando la despedida al 2011, podemos decir que en materia cultural tenemos muchísimo por hacer. Pero hemos avanzado en 20 años lo que tardamos más de cien en construir. Las postulaciones para los Fondos Concursables de este año se cerraron con más de 6.000 proyectos presentados. Ya no venimos a prender la luz y ver qué pasó tras el desastre; la luz está encendida y la casa en pie. Ahora el Estado-papá debe soltar la mano de la sociedad civil-creadora-gestora y reestructurar sus políticas en materia cultural, incrementar el presupuesto para proyectar la continuidad de la producción artística y ocupar los boliches vacíos con la gran cantidad de enfermos que pululan expandiendo el virus de la gestión cultural. Ya no hay excusas. Llegó el momento de abrir el congreso a los portadores de la enfermedad, debatir, proponer y concretar. Como en aquel octubre de 1997, cuando solo éramos 60 “enfermitos” los que con más vida que enfermedad creímos que era posible sanarse.
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* Francisca Rivera Robles: Comunicadora Audiovisual del Instituto Profesional de Arte y Comunicación, ARCOS. Gestora Cultural mención Artes Visuales, Post-título Universidad de Chile, 1997. Se ha desempeñado como productora de cine y televisión cultural, corresponsal para medios extranjeros, gestora de exposiciones y proyectos culturales para Fundación Telefónica y actualmente es encargada de comunicaciones y coordinadora general del Festival Iberoamericano de Novela Policíaca, Santiago Negro, en el Centro Cultural de España en Santiago.
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