Miembros de la Comunidad Ubuntú: ¿Realmente ciudadanos?

Camila Matta & María Canelo[*]

En este artículo se describe y caracteriza a la comunidad de Africanos y Afrodescendientes Ubuntú. Analizaremos sus redes e identificaremos sus principales problemas: la barrera idiomática y la integración educativa. Veremos también cómo estos desafíos se articulan entre las distintas redes con que interactúa esta comunidad y los actores que faltan en ello.

Actualmente, el concepto de ciudadanía mantiene algunas de las características postuladas por Marshall, en el sentido de ser concebida como “una igualdad básica de pertenencia a una comunidad (…) revestida de un formidable cuerpo de derechos”. Este estatus, en Chile, contempla el derecho a la educación, el cual “es un requisito previo imprescindible de la libertad civil”.[1]

Por estos días, la discusión sobre las bases de la educación en Chile y las formas de garantizarla, focalizadas en la gratuidad, la igualdad y la calidad, se encuentra con un conflicto aun mayor cuando se incluye el desafío de la integración educativa de los migrantes. Particularmente, la comunidad de Africanos y Afrodescendientes UBUNTÚ se distingue por la dificultad que enfrentan sus integrantes al no poder convalidar aquí los estudios en sus países de origen, lo que repercute en un sentimiento de exclusión.

Este problema de integración se complejiza con la barrera idiomática, puesto que hablan dialectos tales como swahili, lingala y francés; el español no es un idioma a su alcance y deben dedicar siete meses en promedio al aprendizaje de este, lo cual dificulta tanto los trámites de migración que deben realizar como la comunicación cotidiana, desdibujando el proyecto personal que los trajo al país.

Sin embargo, aquejados por esta realidad, han podido organizarse. La comunidad Ubuntú está conformada por africanos de distintas nacionalidades y afro descendientes (afrochilenos, afrobrasileños, afrocolombianos, entre otras). Son cincuenta miembros, mayoritariamente  hombres de entre veinte y treinta años, con un nivel educacional universitario y/o técnico. Como estos estudios no son convalidados en Chile, se dedican al sector terciario de la economía (provisión de bienes y servicios) dentro de la Región Metropolitana de Santiago. Su forma social se caracteriza por lo colectivo,[2] y tiene como recurso de mediación común la integración educativa y la acreditación de sus carreras de parte del Estado chileno, además de compartir un sentido de pertenencia por el propio continente y los límites raciales y fenotípicos que conlleva.

Este sentido de pertenencia se mantiene  no solo comunicándose entre ellos o celebrando sus propios hitos, sino que también abriéndose a la sociedad. De esta forma, aprenden de su propia cultura y dan cuenta de lo importante que es mantener una memoria colectiva capaz de traspasar las fronteras. El espacio físico y temporal no es una condicionante en la conservación de la cultura. Sus fiestas  tradicionales, danzas, cultura, rituales y religión constituyen una fuente rica en diversidad. Pero esta riqueza es devaluada por el colonialismo blanco que, como dicen, impera en la sociedad chilena y en su intento por parecer “hombres blancos”. Una sociedad que no se recupera, no se resignifica ni protege las propias raíces, omisión que marca la diferencia entre chilenos y africanos.

Dada la complejidad del problema que ellos enfrentan, se identifican dos tipos de entramados que se articulan entre sí con dicha causa. En el entramado interno, la comunidad cuenta con una jerarquía facultada legalmente por el Estado que se compone por un  directorio de nueve personas, donde  cinco son mujeres. Cuentan con un  presidente, Prince Isemwami Nzanzu, electo mediante un proceso participativo dialogado y democrático. Además, cuentan con un  vicepresidente, una tesorera y una secretaria. Las reuniones de directorio se realizan  una vez al mes en el departamento del presidente, domicilio certificado como oficina de la comunidad Ubuntú.

Si bien  los miembros son cercanos, se han producido algunas disputas. Por ejemplo, al no recibir aún donaciones, deben discutir acerca de la gratuidad o cobro por las actividades que realizan. Prince aclara que es necesario cobrar en eventos como fiestas y festivales, por los costos que implica los músicos, la comida y el arriendo de la sede en INCAMI[3].

INCAMI, como entidad colaboradora externa, los ayuda con la organización de distintas actividades y les brinda apoyo en materia judicial, legal, laboral y en la postulación de proyectos a los Fondos de Cultura, actuando como un agente de legitimización social. Sin embargo, para la comunidad, esta entidad no cubre todas las necesidades, y carecen principalmente de apoyo económico. Adicionalmente, la Fundación África Dream, creada por una empresaria chilena para colaborar con las necesidades del continente africano, les ayuda con  prensa, publicidad, contactos y redes. En materia de transmisión, la red de los medios de comunicación permite la interacción de las comunidades. Destaca Chile Ajeno, que como explica Prince, es un medio de prensa online que entrega información de distintas comunidades inmigrantes en Chile. Sin embargo, y al contrario de la prensa tradicional, no tiene mayor influencia en el ámbito educacional.

En cuanto al financiamiento de proyectos, las embajadas africanas cumplen un rol activo y fundamental. Proporcionan materiales como folletos y poleras, y en algunos casos financian  eventos y transporte. Pero al igual que las entidades mencionadas anteriormente, las embajadas no pueden influir directamente en el problema que la comunidad tiene con respecto a la educación.

El Ministerio de Educación es el actor más determinante respecto de la convalidación de estudios. Sin embargo, la ausencia de políticas que regulen el actuar de las universidades hace poco efectiva su labor, y se encuentran con trabas para acceder a las diferentes instituciones de educación superior. En cuanto a los colegios y escuelas fiscales, si bien estos deben permitir el ingreso de niños y niñas inmigrantes, no se desarrolla una política migratoria que los incluya desde el gobierno municipal, encargado de cada uno de estos establecimientos. Se produce, entonces, un vacío para el tratamiento de sus demandas, que proviene directamente del entramado público que, justamente, debiera asegurar sus derechos.

Los grandes ausentes en estas luchas de integración, aparte de los medios de comunicación masivos, son el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Organización para la Unión de África. El primero, a pesar de tener una influencia directa en el MINEDUC y en otros ministerios, mantiene una relación distante y no existe apoyo alguno a la comunidad; por otra parte, y a pesar de su peso, la Organización Internacional Africana ejerce un apoyo pasivo.

A pesar de que la comunidad ha sido frecuentemente invitada a participar de charlas, debates sobre la ley migratoria, para el diagnóstico de la situación de los migrantes y su caso particular, solo se quedan en el principio del proceso participativo, es decir, la iniciativa, por lo que  aún no se genera un mecanismo en que las redes de políticas públicas se interconecten  y se establezca un modo de cooperación e intercambio. Tampoco se concretan acuerdos claros y realistas para la realización de una política educacional integradora. Según la comunidad, el Estado chileno está consciente de sus problemas particulares, pero no ven una línea de acción que permita desarrollar la inclusión y la igualdad de oportunidades. En este sentido, y en cuanto la sociedad chilena no les genera elementos de pertenencia y se releva solo un aspecto territorial al categorizar a los africanos simplemente como inmigrantes, es que aún no se sienten totalmente ciudadanos en Chile: los derechos que otorgan esa categoría no están garantizados por las instituciones públicas y el Estado no establece procedimientos de intervención efectivos, relegándolos a un lugar secundario, creando ciudadanos de segundo orden.

Notas

[*] Estudiantes de Trabajo Social

[1] Marshall, Tomas. H. (1998) “Primera Parte: Ciudadanía y Clase Social” en Ciudadanía y Clase Social, Madrid: Alianza, páginas 15-82 (Original de 1964) Pág. 21.

[2] Por lo que se entiende según Grossetti “formas sociales específicas caracterizadas por la puesta en común, entre los actores, de ciertos recursos, algunos de los cuales son recursos de mediación que les permite coordinarse sin apoyarse integralmente en las relaciones interpersonales” Grossetti, Michel (2009) “¿Qué es una relación social? Un conjunto de mediaciones diáticas” en REDES revista hispana para el análisis de redes sociales, volumen 6, N°2, pág. 52.

[3] Instituto Católico Chileno de Migración es un organismo de la Conferencia Episcopal de Chile  relacionado con el Pontificio Consejo para las Migraciones y miembro de la Comisión Católica Internacional de Migraciones (CCIM – Ginebra). http://incami.cl/incami/quienes-somos/.

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