Macarena Sepúlveda Tapia*
La preocupación por la situación medioambiental acentuada en el último tiempo desde diversos movimientos sociales y organizaciones políticas viene instalando una crítica y un cuestionamiento a esta racionalidad económica y tecnológica de la civilización moderna; a la privatización y mercantilización de los recursos naturales, energéticos y alimenticios, así como a la contaminación y degradación del agua y los suelos. Las graves consecuencias sociales que ha dejado la mágica formula del desarrollo economicista se deja sentir en todo el territorio chileno, desde Arica a Punta Arenas y de mar a cordillera.[1]
Desde la década de los ochenta, en nuestro país los recursos naturales han pasado por un proceso de privatización según un modelo económico que permite su explotación por inversionistas nacionales y extranjeros, provocando un descenso de la calidad de vida debido a los graves impactos ambientales en territorios indígenas y locales, los cuales se asientan en las principales reservas de agua, minerales, bosques y recursos marinos, entre otros. En la actualidad, el marco jurídico interno resguarda los derechos de los inversionistas sobre los recursos naturales y en particular sobre las aguas, robusteciendo constitucionalmente los derechos de las concesionarias. En esta medida se reconoce el “derecho de propiedad” sobre las respectivas concesiones de agua bajo un “recurso de protección” (Yañez y Molina, 2011).
La privatización del agua es la clave del modelo de desarrollo chileno y responde a una estrategia impulsada por los países industrializados siendo aplicada por instituciones globales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, entre otras. Lo paradigmático que ocurre con la privatización de las aguas es que la banca multilateral y el Banco Mundial invierten en la privatización, pues consideran que este lineamiento es un aliciente para la superación de la pobreza en países tercermundistas (Ibíd.). Este paradójico modelo de desarrollo ha sido el principal causante de los graves problemas socio-ambientales que aquejan hoy a la población nacional y que se agudizan con las limitaciones socio-productivas que implica el aumento de la contaminación atmosférica, la pérdida y contaminación del agua, la instalación de vertederos en zonas pobladas y la pérdida de fauna marina.
En este contexto, la localidad de Caimanes se ha reconocido públicamente tras su larga lucha contra Minera Los Pelambres y la instalación del relave de desechos El Mauro en la cabecera del valle. Caimanes se ubica 58 km al este de Los Vilos en la cuenca del Pupío y pertenece a la provincia de Choapa, comuna de Los Vilos. Su clima de secano costero depende casi exclusivamente de las aguas pluviales acumuladas en el estero Pupío, hermoso valle de clima mediterráneo y de aproximadamente 69.000 ha de extensión. La cabecera de este estrecho valle está constituida por el sector denominado El Mauro, donde nacen las vertientes Salinas, Mauro, Cabrero, Seca, Los Galpones, El retamo, Cuesta Choapa y La Zorra. Más abajo, en “La estrechez de El Mauro”, se unen las vertientes dando vida a un extenso afluente que representa aproximadamente el 70% del agua total generada en el sector El Mauro y que riega todo el valle del mismo nombre.[2]
La abundancia de aguas que este valle pluvial ha entregado a sus habitantes durante muchos años hoy no es visible en ninguna parte del camino. A pocos kilómetros de llegar a Caimanes, en el sector Pupío, se ven algunas vacas, cabras y ovejas que algún pequeño productor aún mantiene en corrales y bajo permanente cuidado, debido a la escasez de agua y alimento que no aseguran la vida de los animales en el monte. Los crianceros se han visto obligados a comprar permanentemente pastos para asegurar la alimentación de sus animales y parte de su sustento. Hoy resulta difícil imaginar las bondades que este hermoso cauce pluvial entregó a los pequeños productores y sus familias hace 20 años, cuando el estero Pupío refrescaba las tardes de verano entre los habitantes del valle y todos tenían la seguridad de utilizar aguas libres y limpias desde la pequeña vertiente o pozo que regaba sus chacras.
Al entrar en Caimanes, lo primero que ves son banderas negras, carteles y enunciados en varias casas y esquinas que denuncian la contaminación y pérdida de agua que ha traído la construcción del tranque. Los muros interpelan al “señor Luksic” por traer muerte a las futuras generaciones del valle, justo frente a la oficina de MLP[3], encargada de la administración y relación con los vecinos y trabajadores mineros. Los días de semana van y vienen incesantemente grandes camionetas, autos y motos que no solo corresponden a la empresa minera o sus trabajadores, sino a los mismos vecinos de la zona. Y es que hoy resulta fácil acceder a estos bienes de consumo y no ser necesariamente un “cuico” o un “burgués”, sino un trabajador cualquiera, un emprendedor o un joven exitoso. La calidad de las casas ha mejorado para varias familias y en su mayoría acceden a teléfonos celulares, TV cable o internet. La cesantía entre los jóvenes ha disminuido con los tentadores sueldos que entrega el subcontrato faenero y varias familias viven cómodamente del arriendo para trabajadores de MLP.
A simple vista, alguien podría decir que MLP sí trajo el “desarrollo” a Caimanes, solo que lo hizo por la módica suma de un caudal completo de aguas pluviales que sostenían la vida del pueblo y aseguraban su reproducción futura.
| Zonas de actividad hídrica superficial Minera Los Pelambres | |||
| Rio Illapel (Sector costero) | Rio Choapa (Sector cordillera) | Estero Pupío (Valle fluvial) | |
| Planta Áridos | Tranque Quillayes | Caimanes | |
| Puente Confluencia | Chillepín | Mauro | |
| Puente negro | Cuncumén | ||
| Zonas de actividad hídrica subterránea minera Los Pelambres | |||
| De valle hacia la cordillera | |||
| Caimanes, Mauro, Cuncumén. | |||
Fuente: Mapa de seguimiento y monitoreo ambiental MLP.
La situación en Caimanes se ha vuelto paradójica, pues la estabilidad material que en cierta medida ha entregado MLP no condice con un verdadero desarrollo social para la población local y sus futuras generaciones. Los costos socio-ambientales y culturales del proyecto minero han sido mucho mayores que la oferta laboral realizada a subcontrato o la entrega de algún proyecto de emprendimiento. Y es que hace cinco años la voz de los Banderas Negras y del Comité de Defensa de aguas fue acallada y desprestigiada con unos jugosos 25 millones de dólares aprox. que MLP repartió entre vecinos, dirigentes y abogados para desistir de su oposición al tranque. Esta entrega de dinero agudizó aún más el conflicto porque dio inicio a una polarización y fractura organizativa, dando pie a rencillas, indiferencias y angustias sobre el problema de la contaminación y la pérdida del agua.
La instalación del relave de desechos, además de contaminar y utilizar la acumulación de aguas pluviales secando las vertientes y napas subterráneas, ha dejado entre los habitantes una amarga sensación de incertidumbre y temor sobre la verdadera composición del agua y su real disponibilidad futura. Y cómo no sentir duda, miedo e incluso indiferencia cuando las conclusiones y pericias que arroja una importante y poderosa institución del Estado no tienen validez jurídica, y por el contrario, son ignoradas y acalladas por la influencia política que las grandes empresas tienen en las esferas del poder judicial. La familia Luksic, dueña de MLP, tuvo el privilegio de pasar por alto la pericia que la PDI realizo el año 2012 sobre las aguas de Caimanes porque sus resultados indicaban una alteración en la composición química de las aguas, es decir, denunciaban que estaban contaminadas. Tal aseveración científica no fue considerada por MLP, institución que contrató sus propios peritos, quienes posteriormente concluyeron, obviamente, todo lo contrario sobre la calidad de las aguas. Desde luego, estos últimos resultados sí fueron escuchados por la DGA[4] y la Seremi de Salud.
Desde entonces los pobladores de Caimanes no saben a quién creer o escuchar, y poco a poco, entre algunos vecinos, se ha instalado una especie de apatía con el problema de las aguas y su “posible”contaminación. Es así que una parte de la población compra semanalmente agua envasada en bidones de 20 litros principalmente para el consumo de los niños y ancianos. Cada bidón cuesta aproximadamente $2.500 y su rendimiento disminuye cuando la cantidad de niños aumenta en la familia, es decir, para muchos vecinos no alcanza el dinero para la compra constante del agua y tampoco para cubrir el pago del agua potable, ya que no todos han tenido acceso a la supuesta riqueza o mejor dicho al chorreo económico que Pelambres deja en el pueblo.
Según datos levantados en terreno, casi el 60% de la población utiliza el agua para todo tipo de actividades y “no teme” o se presenta indiferente frente a la contaminación del agua: “Es un tema que ya nos tiene aburridos”, “uno no sabe a quién creer, porque te dicen una cosa, después otra”, “nosotros usamos el agua para todo, para tomar, para cocinar, para todo”[5]. La polarización de opiniones y reacciones respecto de la empresa minera y su intervención en el pueblo se mantiene como un secreto a voces que ya nadie quiere comentar o molestarse en mencionar; preguntar por ello es invocar a la memoria y a los amargos recuerdos que prefieren mantener ocultos o bloqueados para seguir adelante. Esta división y quiebre interno de la comunidad se origina junto a la conformación de la junta de vecinos N°5, creada artificialmente por MLP para otorgar compensaciones a sus beneficiarios y cumplir con las exigencias legales de construcción e intervención minera. Así, y pasando por encima de la ya existente y legítima junta de vecinos N°4, se otorgó la personalidad jurídica a dicha junta de vecinos pelambrina[6] integrada por trabajadores mineros, personas externas al pueblo y uno que otro vecino convencido de los supuestos beneficios que daría Pelambres, empresa que tenía entre sus principales promesas la generación de empleo con un 20% de población local durante la construcción del tranque y luego con un 20% más de población contratada como operarios. Lo que no mencionaron es que toda la maravilla laboral sería por un breve periodo de construcción y mantención del tranque mediante empresas subcontratistas. Incluso, los convenios de alimentación y alojamiento que tienen los pobladores locales son mediante empresas subcontratistas, al igual que la empresa contratada por MLP para el trabajo del alcantarillado, que de un momento a otro se declaró en quiebra dejando la obra inconclusa. Tampoco mencionaron que la demanda de servicios y entretención de los faeneros correría por cuenta de Caimanes y que frente a la aparición de una mano de obra externa calificada y capacitada, la mano de obra local se devaluaría empeorando las condiciones de vida de los caimaninos.[7]
De este modo, el álgido conflicto ambiental que movilizó a los vecinos durante cinco años realizando cortes de calles, huelgas de hambre, e incluso visitando en México la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de haber golpeado cuanta puerta jurídica y política se abría para escucharlos, ha desgastado profundamente sus fuerzas y energías para seguir con la pelea contra MLP. Si bien muchos aún no transan ni transarán con MLP, unos cuantos han visto en las empresas de subcontrato una posibilidad de bienestar y seguridad laboral, especialmente entre los faeneros o población flotante. Se trata de una importante cantidad de mano de obra que se instala semanalmente en Caimanes de acuerdo a los turnos laborales, es una población relativamente joven y muy bien cuidada por sus respectivas empresas en cuanto son ellos quienes les proveen techo, alimento y uno que otro bono millonario de vez en cuando. La disponibilidad del agua disminuyó drásticamente con la instalación del relave de desechos mineros y posteriormente con la presión que la nueva población flotante ejercía sobre el recurso. Se habla de unos 500 a 600 trabajadores mineros que se instalan en Caimanes como punto de descanso y residencia durante su turno en la faena. El verano pasado, en Caimanes los cortes de agua se producían desde las 6 de la tarde en adelante, cuando los faeneros llegaban a comer y ducharse a las hostales y residenciales del pueblo. Los vecinos debían reunir agua durante el corte que duraba de 5 a 7 horas diarias por las tardes, debido a la presión ejercida en el pozo que a duras penas entregaba agua.
Posteriormente, MLP, patrona de fundo en Caimanes, decidió abrir tres pozos más de agua que abastecieran a la comunidad, asegurando el recurso para Pelambres, sus trabajadores y los vecinos. Estos pozos tienen una profundidad de 60 a 90 metros y se encuentran llenos, permanentemente, con 9 a 12 metros cúbicos de agua[8] que llegan directamente a las llaves de cada familia. La disponibilidad de agua en estos pozos es incierta en tanto pertenecen a acumulaciones pluviales, esto es, agua subterránea que depende exclusiva y únicamente del régimen de lluvias y de la escorrentía que se producía en El Mauro.
A lo anterior se suma la desconfianza e inseguridad que la nueva población masculina ha infundido en el pueblo. En los poblados rurales es común que todos se conozcan, por tanto, es raro que llegue alguien sin ser amigo, primo o pariente de algún residente, pues de alguna forma todos están relacionados entre sí por algún lazo parental. Con la llegada de Pelambres sucede todo lo contrario; muchos trabajadores no tienen ningún conocido ni amigo ni familiar en Caimanes, a algunos incluso les desagrada el pueblo, no les interesa en absoluto y poco han sabido del problema hídrico que se vive en la zona. Solo les interesa realizar su trabajo y retornar lo antes posible a sus hogares. Esta desconfianza hacia el “extranjero”, hacia el “desconocido”, se expresa en las diferentes quejas y denuncias que han aparecido en el último tiempo: borracheras, peleas y robos atribuidos a los trabajadores mineros y a sus malas prácticas de distención y entretenimiento en sus días libres[9]. Aunque no es posible culpar a todos los trabajadores de estas situaciones, es evidente que existe un alto consumo de alcohol, dada la gran cantidad de botillerías que existe en un pueblo tan pequeño.
La llegada de minera Los Pelambres marca un punto de inflexión en la historia socio-ambiental de Caimanes. Drásticamente se agotan los afluentes, se termina con el bosque nativo de Canelo, se escurren las aguas de proceso contaminando las vertientes aledañas a la zona El Mauro, además de trasladar y destrozar una gran cantidad de petroglifos de cultura Diaguita y Moche. Estas consecuencias ambientales son gravísimas en tanto afectan directamente a la población que sufre la pérdida de pastos y bebederos para el ganado, que resiente los altos costos del agua envasada, la división organizativa tras las jugosas ofertas que MLP propuso a dirigentes y representantes legales, así como la desconfianza y negación del trabajador externo. La canalización de este conflicto ambiental se ha llevado a cabo mediante la entrega de premios, fondos, proyectos y cuanto bono sea necesario otorgar a la población, con tal de continuar la explotación cuprífera. La responsabilidad social de la empresa minera busca ganar adherentes y simpatizantes con las obras de construcción e infraestructura que otorga para los colegios, juntas de vecinos o sistemas de alcantarillado. A esto podemos sumar los nuevos espacios culturales que MLP ha abierto en la localidad como el futuro Parque Rupestre donde se instalarán los petroglifos removidos de la zona El Mauro y el museo de campesinado que hoy funciona presentando las tradiciones y costumbres del antiguo Caimanes.
De este modo, la empresa minera ejerce una fuerte influencia en la zona dominando los espacios de poder y decisión al interior de la provincia y asumiendo una posición de “patronazgo” que ha llevado a que muchos pobladores estén de acuerdo con la instalación de la industria, viendo en ella una oportunidad para acceder a un trabajo estable y bien remunerado. Sin embargo, los mismos que expresan satisfacción con el trabajo minero por la rentabilidad que han logrado alcanzar, también expresan su descontento y tristeza al ver el agotamiento de las actividades agro-ganaderas y la pérdida irreparable de los afluentes.
Y es que la racionalidad economicista de la cual está imbuida nuestra política nacional no percibe a la naturaleza como parte fundamental del desarrollo de los pueblos, por el contrario, el modelo de desarrollo del cual somos parte ha servido principalmente a los avaros intereses de grandes conglomerados económicos y grupos políticos que han visto en la venta y privatización de los recursos naturales la mejor forma de progreso y crecimiento económico. Sostenidos en la plataforma ideológica del libre mercado, la soberbia elite política continúa predicando la retórica del desarrollismo economicista que se instala en el sentido común de amplios sectores sociales, donde los valores y aspiraciones tienen su concreción por la vía del consumo, las relaciones sociales se establecen en el interés, en la apariencia y el estatus, siendo un discurso legítimo en la comodidad de la vida urbana, así como una plataforma ideológica de acumulación capitalista y desposesión de la población rural.
Las tierras mal heredadas por las comunidades agrícolas y crianceras han sufrido tempranamente la erosión y degradación de los suelos producto de la apropiación desigual que se efectuó durante la Colonia y se consolidó con la entrada del capitalismo moderno. Como bien expresaban los pobladores de Caimanes respecto a las causas del problema socio-ambiental, son las entidades estatales y privadas quienes tienen mayor responsabilidad en la administración, redistribución y descontaminación de las aguas. El otorgamiento de derechos de agua es también un acceso a cuotas de poder dentro de la estructura social rural, en este sentido, el poder se ejerce sobre la población y sobre la naturaleza. El difícil tema de resolver es acerca de la validez y factibilidad de combinar ambas actividades –minería y agricultura– en un mismo territorio.
Desde diversos sectores sociales ha sido fuerte el cuestionamiento a la idea de “desarrollo” que han impuesto los países del primer mundo, ante lo cual resulta indispensable la construcción de una nueva racionalidad política y ambiental que considere la valoración de los recursos naturales y culturales así como los procesos ecológicos de largo plazo, incluyendo el bienestar de las generaciones futuras, la distribución del poder social sobre la naturaleza mediante la descentralización de la riqueza y el poder, y el fortalecimiento de las capacidades organizativas y tecnológicas de los pueblos (E. Leff, 2007). Sin embargo, estas iniciativas que en parte han sido impulsadas por el Estado, corren el riesgo de caer en la esterilidad si no existe la institucionalidad pertinente que regule las situaciones de apropiación y aprovechamiento de los recursos, y además, si no existe un real conocimiento y valoración acerca de las capacidades organizativas de las comunidades. Las políticas de desarrollo ignoran la posibilidad de emprender acciones colectivas y cooperativas que otorguen la capacidad de decisión y autonomía económica en las unidades agrícolas y en la población local; más bien se orientan a desarrollar individuos capaces de generar beneficio propio obviando la relación e interdependencia existentes en las comunidades y organizaciones rurales. Un desarrollo como el que MLP pretendió instalar en la localidad de Caimanes solo nos deja en evidencia los frágiles soportes de una racionalidad económica que tiene en su reproducción ideológica y material los elementos de su propia destrucción.
La política paternalista de la empresa limita y restringe las posibilidades de acción y reproducción de una población que por muchos años subsistió desarrollando sus capacidades productivas y organizativas sin la intervención de una altruista empresa minera, que tiene en la privatización de los bienes comunes su mayor fuente de riqueza y poder.
Bibliografía.
Leff, E. Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable. Siglo XXI, México, 2007.
Yáñez, N. y Molina, R. La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile. LOM, Chile, 2
* Alumna tesista. Escuela de Antropología Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Colaboradora del Grupo de
Investigación en Ciencias Sociales y Economía GICSEC.
[1] Algunos de los proyectos más conocidos por su alto impacto ambiental son: Proyecto Gas Andes y el trazado de gaseoducto por el Cajón del Maipo, la central hidroeléctrica Pangue, Central hidroeléctrica de Ralco, la forestal Trillium y el proyecto Rio Cóndor en la lenga Magallánica, Celulosa Valdivia y Caleta Mehuín, el vertedero de Lonquén, la contaminación del borde costero en Chañaral, el tranque de relaves El Mauro en Los Vilos, HidroAysen en la Patagonia, etc.
[2] AGUAS, RECLAMACION; CAUSA ROL Nº 12.004 – 2005, CARATULADA “COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CAIMANES Y OTROS CONTRA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS”. 3 de Noviembre 2006.
[3] Minera Los Pelambres.
[4] Dirección General de Aguas.
[5] Vecinas de Caimanes.
[6] Denominación que dan los vecinos a quien está a favor de MLP.
[7] “Caimanes, una historia de conflicto local desde una perspectiva antropológica”. Estudio de impacto social realizado por estudiantes de Antropología Social de la U. Bolivariana.
[8] Antes jamás fue necesario abrir un pozo más allá de los 20 m, y los pozos de 12 o 15 mts de profundidad contenían entre 7 o 10 metros cúbicos con agua.
[9] Actualmente se está gestionando un terreno para la instalación de un reten móvil o comisaria en Caimanes; la Institución policial se encuentra fuera de servicio en Caimanes desde el año 1973.
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