* Camila Vallejo D.
Nuestra Universidad está siendo cada vez más de elite y la educación sólo para las elites no puede y no asegurará nunca el desarrollo armónico y justo de la sociedad entera. Estamos dejando al pueblo sin acceso a una de las herramientas fundamentales para su desarrollo, estando ésta concentrada en un pequeño grupo social de origen acomodado que ya controla el país y que gracias a esto, lo seguirá haciendo.
La educación es uno de los aspectos fundamentales para el crecimiento del ser humano y el principal catalizador del desarrollo de la humanidad en general. Contribuye a la conquista del progreso económico, cultural, social, político y espiritual de las naciones. Ponerla al servicio de intereses privados y grupos de poder la convierte en una herramienta de dominación, pero puesta en manos del pueblo y al servicio de la sociedad en su conjunto, es un arma emancipadora. Es la democracia institucional uno de los aspectos fundamentales para hacer la diferencia, ya que es sólo a través de la participación directa de la sociedad en las decisiones de la universidad, que se resguardan los intereses del pueblo. Una universidad democrática es la herramienta que nos permite alcanzar el bienestar y la libertad individual y colectiva, con todo el potencial con que el conocimiento puede contribuir a ello.
Las Universidades, por tanto, debiesen ser uno de los brazos educativos con que el Estado fortalece la democracia de las naciones y posibilita la construcción de sociedades más justas, diversas y armónicas a la vez. Una de sus principales misiones es ser un espacio de generación y transmisión de conocimiento, pero también ser un espacio abierto a la sociedad, que exprese su diversidad y que en él pueda participar su comunidad toda, para afiatar una identidad cultural, y construir el proyecto educativo que las regiones y el país requieren. Los movimientos sociales que han abocado su esfuerzo en transformar la universidad han entendido la importancia de explicitar ese rol en los objetivos misionales de las instituciones y crear los mecanismos adecuados para asegurar su cumplimiento.
Los años 60 fueron un ejemplo de lucha para el alcance de estos objetivos. La juventud se estremecía y clamaba por cambios en la Universidad que permitiera ponerla en función de construir una sociedad distinta, y a pesar de la institucionalización de las lógicas autoritarias y paternalistas al interior de muchas de ellas, los estudiantes se organizaban en sus federaciones y salían a las calles con una claridad política sorprendente, gritando al unísono por la democratización de la Universidad. Los estudiantes de la Universidad de Chile, por medio de su Federación, no estuvieron al margen de estas reivindicaciones, más aún, se jugaron por entero para instaurar una nueva forma de enseñar y construir universidad a través de la movilización y con propuestas contundentes.
La demanda de participación de la comunidad en las decisiones institucionales se expandía como uno de los principios fundamentales de la Reforma Universitaria que estremeció a toda Latinoamérica durante el siglo pasado. Alcanzar el Co-gobierno era el eje principal de las propuestas. Junto a la separación de poderes en normativo, ejecutivo y evaluador, se exigía la participación de estudiantes, académicos y funcionarios en los cuerpos colegiados donde se decidía el futuro de la Universidad y en la elección de las autoridades unipersonales de manera directa y secreta. Esta nueva institucionalidad aseguraba que la universidad no estuviera “secuestrada” por el estamento académico y fuera por tanto funcional a sus intereses, sino que al estar “cogobernada” por los tres estamentos, respondiera también a los trabajadores y estudiantes, en un contexto donde se esperaba masificar la educación superior y hacerla accesible a los sectores más populares.
La Reforma Universitaria y su idea de Co-gobierno logró aplicarse a duras penas en Chile a partir del año 68, tras casi una década de lucha con los sectores conservadores que no estaban dispuestos a entregarle el control de los planteles a quienes hasta ese minuto no consideraban sujetos de derecho a la hora de opinar y decidir, mucho menos para elegir a las máximas autoridades. Pero lamentablemente fue desmantelada durante la dictadura, a través de una serie de políticas de disminución del financiamiento, competencia entre instituciones, búsqueda de recursos por cuenta propia, regionalización por desmembramiento de las universidades nacionales, restricción de libertades, prohibición de las organizaciones gremiales y disolución de todos los cuerpos triestamentales. Pretendieron con esto aplastar las fuerzas subversivas, críticas y concientizadoras que emanaban de los espacios universitarios.
Pero a pesar de la crisis, de los desaparecidos y los perseguidos, el movimiento estudiantil logró resurgir en la década de los 90, reclamando las libertades perdidas, cuestionando el modelo de gestión autoritario y llamando a la participación. Se apoyaron en las ideas reformistas y apostaron nuevamente a la democratización como alternativa a la arremetida privatizadora que estaba imponiendo el modelo. Los Rectores estaban dispuestos a “vender” las universidades a través de medidas que afectaban el carácter público de las instituciones para hacerlas más competitivas en el mercado. Las decisiones se tomaban de espaldas a las comunidades universitarias, contraviniendo las posiciones de una mayoría de académicos, estudiantes y funcionarios que no estaban dispuestos a ceder ante el chantaje de la privatización.
El movimiento estudiantil que realzó las banderas de lucha a fines de los noventa ganó el respaldo de funcionarios y académicos, lo que se expresó en meses de movilización, tomas y jornadas de discusión que finalmente permitieron poner en cuestión la institucionalidad heredada de la dictadura y funcional a los sectores más neoliberales. Este proceso culminó en un referéndum, el cual tuvo una ponderación en la votación de un 60% para los académicos, de un 30% para los estudiantes y un 10% para los funcionarios, y cuyo resultado fue ampliamente favorable a las fuerzas que revivieron el ideario reformista. Con este referéndum se logró dotar a la Universidad de un Nuevo Estatuto y un Proyecto de Desarrollo Institucional medianamente discutido por la comunidad universitaria. No se logró revertir todo el retraso que significó la dictadura pero se abrieron espacios valiosos de participación y consulta que permiten la integración de los tres estamentos en la toma de decisiones.
De todos estos avances, el que constituye mayor orgullo y relevancia fue la constitución del primer y único Senado Universitario, el cual logró materializar de manera efectiva la triestamentalidad en el poder normativo de la universidad. Con una composición de 27 representantes académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios. El Senado Universitario, en su momento de creación, contradecía la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada en la dictadura para prohibir la organización y participación estudiantil y fue por tanto una crítica abierta a una institucionalidad educativa que pocos se atrevían a cuestionar. Se buscó derrocar los principios autoritarios que defienden la verticalidad de la enseñanza, y la lógica empresarial de administración; para abrir paso a la dialéctica del cuestionamiento del conocimiento y posibilitar la elaboración democrática de las principales políticas y estrategias de desarrollo de la Universidad.
Efectivamente, grandes fueron las conquistas de los dos procesos de reforma al interior de la Universidad de Chile, pero lamentablemente nuestra Casa de Bello sigue estando lejos de ser una institución verdaderamente democrática, en poder de su comunidad universitaria y mucho menos al servicio del pueblo chileno. No se ha logrado la participación triestamental en la elección de las autoridades unipersonales y una gran cantidad de las decisiones siguen estando en manos de los Decanos, Directores y por sobretodo, del Rector, con poco contrapeso real. El Consejo Universitario que es el órgano colegiado que desempeña, conjuntamente con el Rector, la función ejecutiva en la institución, contempla sólo con derecho a voz un delegado de los académicos, uno de los funcionarios y uno de los estudiantes, es decir, nuestra presencia es minoritaria y meramente testimonial.
A nivel local, los Consejos de Escuela, entidades en las que se discuten cuestiones del orden docente como el desempeño de los profesores y los procesos de reforma o modernización curricular, muchas veces operan sin la participación de los estudiantes. Al interior de los departamentos, no existen cuerpos colegiados con participación triestamental; en estas instancias, la discusión sobre la orientación, la transversalidad y la interacción de las disciplinas no contempla la opinión del estamento estudiantil y menos del personal de colaboración. La generación y transmisión del conocimiento queda aún enclaustrada en las parcelas de poder de un reducido cuerpo académico, o inclusive sólo el director de departamento.
El Senado Universitario que comenzó a funcionar de manera efectiva el 2006 avanza lento y permanece considerablemente alejado de los estudiantes, teniendo poca y casi nula incidencia en cuestiones tan fundamentales para la Universidad como la distribución de su presupuesto. El Senado Universitario ha encontrado en varias ocasiones una gran piedra de tope en la confrontación con el Ejecutivo. Algunos Decanos, con el respaldo del Rector, terminan velando por el bienestar de sus propios feudos sin preocuparse por revertir la incidencia del mercado en el desarrollo de las áreas del conocimiento, que siempre benefician a las más rentables y dejan atrás a las socialmente responsables, profundizando la desigualdad de condiciones de nuestra “comunidad” universitaria y debilitando la contribución que muchas de las carreras humanistas y artísticas pueden llegar a hacer al país. Esto genera en los hechos que la democratización sólo basada en la participación en instancias formales, no es una solución en sí misma sino que requiere de otros elementos.
No se ha avanzado en desarrollar una verdadera cultura democrática institucional que, además de garantizar la participación, permita a la comunidad seguir el hilo de las discusiones y dotar de contenido a estos espacios. Permanece vivo parte del autoritarismo y mucha apatía en los propios estudiantes, quienes no preguntan, no se informan, no opinan ni discuten sobre lo que hacen o dejan de hacer las autoridades, porque no existe o no se fomenta la cultura para hacerlo. Si ya es autoflagelante para la democracia de nuestro país el haber ido reduciendo paulatinamente las horas de formación y educación cívica en la enseñanza media, hasta su total desaparición, las universidades no pueden seguir deformando a los estudiantes en este sentido. Lo que necesitamos formar no son sólo profesionales, son seres humanos, ciudadanos críticos, capaces de hacer agencia, es decir, de ser agentes de transformación social y no autómatas o meros reproductores del sistema o de un modelo de desarrollo impuesto y beneficioso para los mismos poderosos de siempre.
Aquí hay un importante desafío pendiente. Necesitamos que las mallas curriculares incorporen horas de formación cívica, de coyuntura política, de debate, pero además, de horarios protegidos para que los estudiantes puedan informarse y opinar sobre las decisiones que deben llevar a las instancias pertinentes los representantes estudiantiles.
Hay que sumar el problema de que las universidades en Chile se han elitizado considerablemente, lo que produce una sobrerrepresentación de sectores de buena situación socioeconómica, que por tanto no viven las contradicciones del modelo y no ven a la Universidad como herramienta para cambiar una sociedad en la que tienen resuelta su movilidad social. Muchos de estos estudiantes no se hacen parte de las disputas políticas, ni se integran a las organizaciones. La democratización no pasa sólo en la estructura y efectividad del gobierno universitario, está determinada en gran medida por el acceso que existe a ella. Debe repararse no sólo en el cómo y sino también para quiénes se genera y transmite el conocimiento.
El acceso a la Universidad debe hacerse democrático convirtiéndose en universal. Sólo la participación permite resistir al modelo cuando quienes participan son quienes no forman parte del selecto grupo de privilegiados. Por tanto necesitamos universidades que sean reflejo de la estructura socioeconómica del país y no burbujas donde poco o nada entra de la sociedad real, cuestión en la que como Universidad “pública” no estamos respondiendo a cabalidad.
La realidad chilena es cruda; sólo el 40% de la juventud accede a la educación superior y de éstos sólo el 30% lo hace en instituciones públicas. Sumado a esto, en la Universidad de Chile el porcentaje de estudiantes de los dos grupos de más altos ingresos (cuarto y quinto quintil) representan alrededor del 70% de la matrícula, mientras que los estudiantes del primer y segundo quintil no superan juntos el 20%. ¿Estamos garantizando el derecho a la educación para todos? Claramente la respuesta es no; nuestra Universidad está siendo cada vez más de elite y la educación sólo para las elites no puede y no asegurará nunca el desarrollo armónico y justo de la sociedad entera. Estamos dejando al pueblo sin acceso a una de las herramientas fundamentales para su desarrollo, estando ésta concentrada en un pequeño grupo social de origen acomodado que ya controla el país y que gracias a esto, lo seguirá haciendo.
Efectivamente, el modelo de autofinanciamiento que se han visto obligadas a asumir las universidades públicas como consecuencia de la progresiva disminución de recursos fiscales que comenzó a producirse desde la dictadura, ha significado el cobro de altísimos aranceles y su permanente alza. Pero la falta de capacidad económica de los sectores más populares para financiar sus estudios no es el único factor que determina la elitización de la Universidad, de hecho, las ayudas estudiantiles aunque no suficientes, existen; el problema mayor radica en la segmentación socio-educativa de la educación básica y media, que tiene debilitada y disminuida la educación municipal (pública) y condena siempre a los estudiantes de más bajos recursos, desigualdad que se reproduce y profundiza con el actual mecanismo de evaluación estandarizada. La Prueba de Selección Universitaria demuestra año a año el aumento de la brecha entre los estudiantes de más altos puntajes provenientes de establecimientos particulares pagados y los de menores puntajes provenientes de establecimientos municipales. Es decir, la actual Prueba de Selección Universitaria no es más que un filtro de clases en el acceso a la educación superior, y el actual sistema de Educación Básica y Media, con su marcada segmentación entre colegios públicos de mala calidad y colegios privados de excelencia, es un verdadero apartheid que genera círculos de pobreza.
En definitiva, la universidad no se democratiza si el conocimiento no llega a todos los sectores de nuestra población, la educación sigue siendo el privilegio de unos pocos y no el derecho de todos. La socialización del conocimiento también se ve mermada por la falta de aplicación de una de las misiones fundamentales de nuestra Universidad, que es la Extensión, extensión que debe ser entendida más allá de la difusión o publicación de nuestras investigaciones, de la realización de actos culturales o de la asistencia de nuestras autoridades a algún evento de interés académico. Extensión como la relación dialógica entre la investigación, la docencia y el medio externo como un proceso sinérgico y nutritivo que permita que la generación y transmisión del conocimiento pueda realmente ponerse al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, de su desarrollo armónico, justo y democrático, conocimiento que realmente contribuya a ser un elemento emancipador y no adiestrador, no reproductor de un determinado modelo ni religión sino un elemento de liberación.
Necesitamos en la Universidad de Chile un proceso de generación de conocimiento de carácter democrático, que esté al servicio de la comunidad y no de la rentabilidad privada a costa del bienestar social. Hoy se expresa de nuevas formas la disputa entre el modelo de la Universidad Empresa Eficiente y la Universidad Pública y Democrática. Se pretende argumentar que cualquier universidad privada por el sólo hecho de generar bienes públicos puede llegar a constituirse como una institución de carácter público y por tanto, percibir recursos fiscales. Como una suerte de disfraz que favorezca el crecimiento de las Universidades Empresa haciéndolas ver parecidas a las otras. Se hace necesario entonces que las instituciones del Estado y aquellas tradicionales que han jugado un rol histórico y estratégico en el desarrollo del país, comiencen a poner los puntos sobre las íes respecto a lo que entendemos como público y lo que es privado o de interés particular. En este desafío cobra espacial relevancia la Democratización, que hace inviable la apropiación privada de la institución o el beneficio personal a través de ella, si es que realmente es efectiva. Si no damos el ejemplo como instituciones democráticas en todos los ejes planteados anteriormente, es difícil exigir un trato exclusivo por parte del Estado que concite un verdadero respaldo social.
Con el gobierno de Derecha por primera vez en 20 años volvemos a correr el riesgo de una nueva “Contrarreforma”, que ya se ha expresado en el fortalecimiento del autofinanciamiento y la puesta a concurso de recursos fiscales a los que también puedan acceder las universidades privadas. Lamentablemente nuestras autoridades universitarias, Rectores y Decanos, vuelven a seguirle el juego a las arremetidas neoliberales. Para asegurar competitividad están dispuestos a considerar la flexibilización y modificación de las estructuras de gobierno universitario para hacerlos más “corporativos”. La participación es vista como un ineficiente modelo de gestión y las estructuras cerradas, autodesignadas y antidemocráticas responden mejor a los requerimientos del mercado.
Esta reforma institucional que se comienza a visualizar desde el actual gobierno, es un retroceso de los avances logrados durante décadas de reformas en que se peleó por no permitir que autoridades académicas, gubernamentales o de algún grupo económico, impusieran sus propios intereses sin algún tipo de contrapeso real. Apuesta a la instalación descarnada de la idea de Universidad Empresa, que aplasta el concepto de comunidad universitaria y comienza a redefinir un funcionamiento interno donde las autoridades son gerentes que planifican y ordenan, los profesores y funcionarios son trabajadores que obedecen y los estudiantes somos clientes que compramos una mercancía llamada educación y en la cual no tenemos injerencia alguna.
Necesitamos que la Universidad sea catalizadora de una profunda reflexión sobre el significado social de la producción del conocimiento para resistir nuevamente la arremetida neoliberal. Debemos ser capaces de articular, desde una visión holística, las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. Poner todo esto como trinchera a la privatización e involucrar a cada uno de los actores, con la defensa de la Universidad Pública y la búsqueda de su democratización real, es un paso fundamental para ganar respaldo social.
La sociedad debe involucrarse en la discusión del sentido de Universidad, en la definición de lo público y en la misión de las instituciones que a nivel superior deben llevar a cabo la tarea educativa. Debemos hacer entender a la ciudadanía que la Universidad se agiliza, se dinamiza y se hace más sensible a las necesidades del pueblo y la clase obrera cuando se democratiza. Que la participación de la comunidad estudiantil y funcionaria en el ejercicio del gobierno y la diversidad socioeconómica y sociocultural de nuestros estamentos es la única garantía sólida de que la política universitaria se oriente a las metas que el pueblo chileno anhela. Que la comunidad universitaria debe tener una composición que sea representación de su realidad, y que es necesario derribar todas las barreras que hoy no lo permiten. Que la educación puede contribuir a liberarnos de un sistema injusto, depredador e inhumano si la ponemos al servicio de la transformación social.
En definitiva, necesitamos de una nueva Reforma Universitaria, enmarcada entre los preceptos de una redefinición del carácter público de las instituciones de educación superior donde sea fundamental la democratización, para asegurar que tenga como meta los intereses superiores del país y que por tanto, logre concitar el entusiasmo y la activa participación de profesores, estudiantes y funcionarios, que defiendan la Universidad como suya, frente a una posible privatización que vuelva a arrebatarla de sus manos, para entregarla a empresarios codiciosos o ideólogos neoliberales, que usurpen la soberanía que sobre la universidad debiese tener el pueblo.
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* Camila Vallejo D.: Tesista en Geografía de la Universidad de Chile. Actualmente, Presidenta Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) por el periodo 2010-2011 en la Lista Estudiantes de Izquierda.
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