José Miguel Urzúa B.[1]
La intención fundamental que cobija la realización de este artículo es la posibilidad de exponer la situación de la oposición política y cultural de pueblos indígenas distintos entre sí, Liquiñe y Neltume, en la XIV Región de los Ríos, Chile, respecto a la intrusión de agentes tanto privados como estatales con el objetivo de dirigir y controlar los diversos recursos y capacidad electoral que poseen dichas comunidades.
El presente artículo es el resultado del trabajo de campo y estudio bibliográfico de dos años en las localidades de Liquiñe y Neltume. Se han escogido estos pueblos como sujetos de estudio porque en ambos se ha experimentado un proceso creciente de participación política en virtud de alcanzar un reconocimiento como pueblos indígenas poseedores de derechos.
Esto no quiere decir que solamente los mapuche sean los pueblos indígenas en Chile que levantan reivindicaciones de manera organizada. Existen organizaciones de otros pueblos indígenas (Atacameños, Aymará, Rapa Nui, entre otros) que han articulado demandas de distinto carácter a partir del reconocimiento de su identidad étnica. Se ha escogido al pueblo mapuche puesto que ha sido la vanguardia en la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, así como también por el papel preponderante que juega en la conformación de la identidad nacional chilena.
A partir de la existencia y conocimiento de estos hechos, fueron escogidas las comunidades mapuche de la XIV de los Ríos, que levantan demandas de carácter más pacífico pero que, sin embargo, se oponen férreamente a proyectos hidroeléctricos de empresas transnacionales por medio de oposición social y jurídica, ya que dichos proyectos lesionan directamente sus organizaciones sociales, cosmovisiones hereditarias y actividades económicas.
La pequeña localidad de Liquiñe posee una población aproximada de 1.205 habitantes, según datos del censo de población 2002[2]. Liquiñe se ubica alrededor del Camino Internacional Paso Carririñe. Esta localidad vincula a otras pequeñas comunidades (Carririñe, Liquiñe Alto, Reyehueico, Ragñintuleufu, Chaglin, Trafün, entre otras) de diversas maneras: familiares, culturales, políticas y económicas. Las comunidades mencionadas tuvieron que agruparse para hacer frente al proyecto hidroeléctrico de SN Power (transnacional propiedad del Estado noruego) que intentó redirigir el cauce del río Liquiñe para construir una central de paso para producir energía eléctrica.
En 2006, la empresa SN Power y su filial chilena Trayenko S.A., adquieren los derechos de agua; se da a conocer en la zona por medio de las primeras prospecciones, sin el previo permiso de los propietarios; abre una oficina en el centro de la localidad y tramitan frente a la Superintendencia de Electricidad y combustible la concesión provisional para la construcción de dos proyectos, Liquiñe y Pellaifa, la cual es otorgada en 2007.
Una de las primeras inquietudes negativas de la población en relación con el proyecto fue el nombre usado por la filial chilena, denominada Trayenko, que en mapudungun significa cascada. Se consideró ofensivo porque dicho proyecto, según los opositores, dañaba considerablemente las corrientes de agua de la zona.
Ese mismo año, la relación de la empresa con la comunidad se quiebra ya que se intensifican los estudios sin la autorización de los comuneros. La oposición en este período decide acercarse a varias ONG chilenas y extranjeras para pedir apoyo y asesoramiento para proteger el medio ambiente natural y social que sería afectado por la implementación de la central. La principal preocupación de las personas de esta posición antagonista es la posible sequía venidera que afectaría el cultivo, la artesanía y la mantención de las termas de la falla Liquiñe-Ofqui, que son la principal fuente de atracción de turistas durante los periodos estivales y de asueto, provocada por utilización de las aguas afluentes que alimentan al río Liquiñe.
La sospecha de este hecho gestionó, sin duda, la organización de las comunidades mapuche, destacando el Parlamento de Coz-Coz de Panguipulli, la coordinación de los sectores de los lagos Calafquén y Neltume, y la Comisión por la protección del Medio Ambiente, la Cultura Indígena y el Turismo de Liquiñe, comandada por Nori Quintoman, presidenta de la Junta de Vecinos de Liquiñe. La estrategia de la empresa fue implementar pequeños proyectos (apícolas, acuícolas, etc.) de ayuda para legitimarse en la comunidad. Otra estrategia de la empresa fue dividir a las familias para generar conflictos internos. Ejemplo de ello fue el arriendo de la propiedad para la oficina de la empresa al hermano de la dirigenta Quintoman.
En 2008, el quiebre entre la empresa y las organizaciones opositoras se vuelve más profundo y genera el acercamiento de los actores mapuche en un solo bloque. En ese mismo período, Endesa busca la construcción de otros proyectos en la comunidades del Lago Neltume y en Maqueo, ubicadas en la misma Región, lo cual permite el acercamiento entre las zonas mencionadas y Liquiñe[3]. En marzo del mismo año, Trayenko gestiona la creación de la Mesa Intercultural Reyehueico-Liquiñe con personas de las comunidades con el objetivo de acercarse para conocer, satisfacer y responder las dudas respecto los reales impactos del proyecto. Estas acciones no tienen asidero concreto ya que son cuestionadas por amplios sectores de la comunidad. Debido a estas negativas y el amplio rechazo de muchos sectores, en 2011 SN Power decide vender sus proyectos y se retira de la zona.
En relación con el caso del Neltume, podemos sostener que suceden situaciones parecidas, ya que la comunidad indígena se opone a la construcción de la represa. Este emprendimiento, cuya inversión alcanza los 781 millones de dólares, afecta al lago Neltume puesto que implica la instalación de una central hidroeléctrica de pasada con una capacidad productiva de 490 MW, la cual impactaría directamente a las comunidades indígenas Valeriano Cayicul, Juan Quintoman, Inalafquén e Inocente Panguilef, entre otras que viven en torno al lago.
El caserío del Lago Neltume es una localidad lacustre de la Región de los Ríos, la cual se ubica en torno al lago del mismo nombre y a 8 kilómetros del pueblo de Neltume y tiene una población aproximada de 50 habitantes. El lago Neltume es un cuerpo lacustre de una superficie de 9,7 km² y con una extensión de 6 km de longitud y 2 km de ancho. El pueblo de Neltume, según datos de 2002, posee 2.125 habitantes[4]. Neltume fue un núcleo obrero muy importante (2.000 trabajadores), porque fue el centro de operaciones del Complejo forestal y maderero Panguipulli (CFMP), empresa forestal estatal nacional (1971-1988) controladora de bosques y aserraderos (360.000 ha) de la cordillera de la Región de los Ríos (Panguipulli, Neltume, Liquiñe y Chihuío).
Desde 2007, la transnacional Endesa, empresa española, se posiciona en la zona para comenzar a realizar los primeros estudios y sondeos para la instalación de sus proyectos. A su vez, comienzan los primeros acercamientos con las comunidades indígenas, así como también con los latifundistas del lugar, principales afectados por la implementación de los proyectos. En 2008, está acción tendría efectos principalmente en las comunidades del lago. Una de ellas, la comunidad Juan Quintoman, se divide en dos: una parte, la cual queda con el mismo nombre, aprueba el proyecto y recibe dádivas de la empresa. La otra, que se autodenomina Inalafquen, se opone férreamente al proyecto y descarta cualquier acercamiento con Endesa.
En 2009, el grupo eléctrico italiano Enel compra los capitales españoles de Endesa y pasa a la ofensiva emplazada a construir los proyectos. En febrero de 2010 se introduce al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Central Hidroeléctrica Neltume, pero es rechazado en abril del mismo año por el cuestionamiento de más de 500 observaciones ciudadanas. A fines de 2010, Endesa-Enel persiste en sus intentos y nuevamente ingresa el EIA del Proyecto Neltume, así como también el Proyecto Línea de Alta Tensión Neltume Pullinque al SEIA. Comienza, a su vez, la instancia de Participación Ciudadana que exige el SEIA para ambos proyectos.
En enero de 2011, la comunidad Inalafquen se resta de este proceso arguyendo que la empresa no había considerado el convenio 169 de la OIT, puesto que no precedió a los estudios técnicos la consulta libre e informada hacia los pueblos indígenas afectados. La empresa opta por financiar irregularmente a los medios de comunicación de Panguipulli para justificar como benéfica la instalación de estas obras eléctricas. En febrero del mismo año se da a conocer públicamente el informe, lo que origina la preocupación de los dueños no mapuche de cabañas y propiedades que se ubican en el lago y que se manifiesta en convergencia con las comunidades mapuche opositoras. A fines de febrero, empiezan a recibir el apoyo jurídico del Observatorio Ciudadano.
En abril de 2011, las disputas internas se acrecientan con la posibilidad de trasladar el rehue, tótem o altar sacro donde se realizan varias ceremonias relevantes de la cultura mapuche como el guillatún, el machitún y el we tri pantu, lo cual sería llevado a cabo por los lonkos, jefes tradicionales, de las comunidades financiadas por Endesa-Enel. En mayo de 2011, el werken del Parlamento de Coz-Coz viaja a Italia a exponer el caso de las centrales hidroeléctricas, así como varias ONG italianas visitan el lago para conocer directamente la situación. La acción contraria al proyecto de Endesa-Enel tuvo eco en las autoridades que rechazaron la ubicación de la central. En mayo de 2012, el pleno del Consejo Regional (CORE) de la región estimó no conformidad con la iniciativa, presentado varias observaciones debido al peligro sismo-volcánico latente por la gran cantidad de volcanes. El informe no es vinculante; sin embargo, es un antecedente importante que debe evaluar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
A pesar de que la introducción de empresas transnacionales y partidos políticos a las diferentes zonas podría verse como una amenaza a la cultura indígena, por el contrario fue una oportunidad para reactivar y repotenciar prácticas culturales, sistemas políticos y normas jurídicas concebidas como ancestrales para los mapuche. Esto se debe también a un clima de empoderamiento creciente de la ciudadanía.
A modo de síntesis final, se puede sustentar que durante el Siglo XX, el Estado chileno creó las condiciones para asimilar a la población indígena mediante mecanismos educativos, con los requerimientos y características del moderno y unitario Estado nacional. Pero a pesar de la constante acción del Estado por asimilar a estas poblaciones, estos grupos han podido mantener un acervo identitario lo suficientemente sólido para evitar su desaparición cultural y física. Desde 1992 hasta la fecha, los pueblos indígenas latinoamericanos han levantado demandas orientadas a la restitución de sus territorios, al reconocimiento del Estado de su existencia política y cultural como pueblos indígenas, a la firma de los convenios internacionales que les protegen y a la defensa del medio ambiente.
[1]Estudiante del Doctorado en Estudios Avanzados en Antropología Social de la Universitat de Barcelona y becario del programa Becas Chile. Este artículo representa una parte de la Tesis doctoral titulada: “La ritualidad opositora. La praxis maya y mapuche contemporánea”.
[2] Informe de Censo 2002, de Ciudades, Pueblos y Caseríos, p. 222. Habrá que esperar los resultados del censo realizado el 2012 para actualizar los datos.
[3] Schönenberger, Silvia y Silva, Hernando, Los Proyectos Hidroeléctricos de SN Power en el valle Liquiñe comuna de Panguipulli, Observatorio Ciudadano, 2009, pp. 17-19.
[4] Informe de Censo, p. 222.
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