Grace Schmidt M.
La posición del Gobierno sobre la protección de la maternidad revela una incongruencia; en el discurso se defiende como principio absoluto, pero en la práctica cede constantemente a favor de intereses de índole económica.
Recuerdo a Ena en las puertas del Palacio de la Moneda, dando un punto de prensa a los medios de comunicación congregados, informando sobre el famoso proyecto de posnatal que fue enviado recientemente al Congreso Nacional. Nuestra flamante Ministra Vocera de Gobierno, señalaba que el Gobierno de Chile se la juega con todo por la familia y la maternidad, que es una prioridad para el Presidente Piñera.
Es una imagen que se me viene inmediatamente a la cabeza al pensar en el constante doble estándar de nuestra clase política de gobierno, en su discurso en torno a la protección de la maternidad.
La derecha constantemente se ha irrogado el discurso de la protección del que está por nacer prácticamente como una declaración de principios exclusivo de ella. Pero lamentablemente se queda solamente en eso, en una declaración de principios que dista mucho de lo que realmente sucede en la práctica en nuestro país.
Un ejemplo ilustrador se da en el mismo aparataje de la administración del Estado. Las mujeres que prestan servicios a honorarios en la administración pública no tienen incorporados a sus contratos las normas sobre protección a la maternidad. Muchos podrán decir, bueno ¿en qué difiere esta situación con la de las demás mujeres que laboran día a día bajo las mismas condiciones? La gran diferencia radica en que esas normas sí se encontraban incorporadas durante el gobierno de Bachelet, al menos en los contratos de las mujeres que trabajaban bajo el alero de la Presidencia. Así, el Estado se adjudicaba el deber de hacer cumplir las políticas de protección a la maternidad en primera instancia, en el núcleo de su administración. Sin embargo, al asumir Piñera, estas normas son retiradas de dichos contratos. De hecho, en un caso en concreto, se lleva a cabo una negociación en la que, a fin de reconocer dichas normas a una mujer embarazada, ésta debe renunciar al reajuste que le corresponde al sector público, y devolver lo ya pagado a las arcas de Presidencia. ¡Ah, pero ojo! Siempre y cuando ese embarazo se haya gestado no más allá de diciembre del año anterior. ¿Es compatible una práctica como esa con el discurso constante de la Coalición de Derecha? Es fácil presentar una declaración de principios, pero cuando se trata de incorporarlo en la práctica se mira de reojo si es que el criterio económico se puede ver mermado. Lo más grave, a mi modo de ver, es el silencio generado en los ciudadanos, la invisibilización que de estas prácticas existe y, por sobre todo, la insistencia del gobierno en transmitir un mensaje que difiere tanto con la realidad: “Porque en Chile, ser madre no debe ser un impedimento para tener trabajo, y tener trabajo no debe ser un impedimento para ser madre”.[1]
Aquí, parece inevitable que mis dudas cobren fuerzas, y me parece que todo esto es un círculo vicioso.
Y es que son los mismos que se niegan a discutir, no a aprobar, sino sólo a discutir en el parlamento proyectos como la despenalización del aborto, independientemente de la situación o los deseos de la madre, esgrimiendo algún mandato divino de luchar por la protección del no nacido, formando e integrando agrupaciones auto denominadas pro-vida, en desmedro, claro está, de otras organizaciones de ciudadanos que luchan por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que si son antagonistas deberían llamarse ¿cómo? Son los mismos que obligan, entonces, a la mujer a asumir los costos del embarazo y la maternidad -económicos y sociales, por no nombrar los emocionales y psicológicos- bajo las prácticamente nulas condiciones de protección social que existen en Chile. Son los mismos que promueven un posnatal de seis meses, pero sin cobertura universal a todas las mujeres. Son los mismos, al fin, que disminuyen el fuero materno entre promesas de campaña que pretenden otorgar el descanso, pero con un tope de dinero y, claro, flexibilizando los derechos de la mujer.
Y nuevamente, se me viene a la cabeza Ena y su doble discurso…
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[1] Presidente Piñera, en mensaje sobre el proyecto de ley de posnatal.
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