La iniciativa “Agua que has de beber” genera informe, web y mapa con los conflictos del agua. El proyecto es financiado por la Unión Europea y recopila las problemáticas que existen en el país de norte a sur. La invitación a la ciudadanía es a sumarse y participar.
Cada verano, desde hace cinco años, algunos sectores rurales de Ancud, Chiloé, quedan sin agua potable. La solución ha sido abastecerlos con camiones aljibe para cubrir la demanda humana, mientras que sus animales deben recorrer extensos caminos para llegar a fuentes hídricas. Por increíble que parezca, este caso no es único y se repite en otros pueblos del sur, como Lumaco y Mulchén, entre otros.
La situación se vuelve cada vez más insostenible, pero poco de ello se habla en los medios de comunicación, acotando el conflicto al norte del país y, con ello, a mineras y calentamiento global como únicos responsables.
En este contexto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunieron bajo la iniciativa “Agua que has de beber”, que fue financiada por la Unión Europea, para dar propuestas concretas, en base a la investigación y diagnóstico, en cuatro territorios afectados: Coquimbo, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El resultado fue un informe que ya está en manos del Delegado Presidencial por los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, parlamentarios y otras autoridades competentes en el tema.
El objetivo final que esperan obtener, según establecen en el propio informe, es “modificar la actual Constitución de la República de Chile y el Código de Aguas, junto con los mecanismos para fortalecer tanto la institucionalidad a cargo del agua en Chile, como la participación real e integración de los diversos actores territoriales para la toma de decisiones en torno a este vital elemento”.
Modelo de Gestión, la base del problema
En Chile, el modelo de gestión del agua ampara la concentración de su propiedad en el sector eléctrico, minero y agrícola exportador. ¿Cómo se explica esto? En 1981 se crea el Código de Aguas, en el que se establece que el vital elemento es un bien nacional de uso público y, a su vez, un bien económico transable en el mercado. Esto significa que su aprovechamiento y gestión quedan amparados por las garantías constitucionales del derecho de propiedad y bajo los criterios del mercado.
Bajo este modelo, la Dirección General de Aguas (DGA), institución del Estado a cargo de la gestión del agua en Chile, concede los derechos de aprovechamiento de uso de agua gratuitamente y a perpetuidad, situación única en el mundo. Por su parte, la escasa información en los respectivos territorios sobre los mecanismos para obtener los derechos de aprovechamiento de agua derivó en que los habitantes rurales fueran perdiendo el acceso a este bien, separando para siempre el agua de la tierra.
Como si no fuera suficiente, este modelo permite la especulación, lo que en concreto se traduce en que, en base a la oferta (alta concentración en la propiedad de los derechos de agua y su escasez incremental) y la demanda, los precios suben volviendo inalcanzables los derechos de aprovechamiento de agua para los habitantes rurales.
En este escenario, un problema fundamental del Código de Aguas es que no presenta prioridades de uso, quedando el consumo humano en desmedro de las grandes actividades económicas, como la agricultura a gran escala, la actividad forestal y la minería, que acaparan los derechos de aprovechamiento y contaminan las aguas.
Acceso al agua potable
Cristián Frene, director de la iniciativa “Agua que has de beber” afirma que “al menos 200 mil personas están sin acceso a agua potable o bien el agua no alcanza los estándares internacionales mínimos de suficiencia y calidad para cumplir con este derecho humano”.
Y es que las comunidades rurales afectadas están recibiendo entre 15 y 25 litros de agua por persona al día, cifras que difieren de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere entre 50 y 100 litros diarios para cubrir las necesidades básicas y evitar problemas de salud, y un mínimo de 20 a 25 litros.
Actualmente, el agua potable tiene una cobertura urbana del 99,9%, mientras que la cobertura urbana de alcantarillado es del 95,3% (SISS 2012), escenario sobresaliente a nivel latinoamericano. Sin embargo, al no encargarse del dónde se originan los cursos de agua, frente a la competencia entre usos y especulaciones del mercado, los precios suben para los usuarios.
En el caso de las localidades rurales, estas se abastecen en base a Comités de Agua Potable Rural (CAPR), quienes entregan el servicio de agua potable, a través de 1.500 CAPR y 130 cooperativas, cubriendo alrededor de 300 mil familias, aproximadamente 1,58 millones de habitantes rurales, correspondiente al 78% respecto a la población rural total (2.025.602 habitantes, según el Censo 2002).
Según datos del 2012 de la DGA, cerca de 540 comunidades rurales semiconcentradas, con 195.000 habitantes, no cuentan con redes de abastecimiento de agua y tienen un porcentaje de cobertura de solo el 2%.
El rol del Estado
El diagnóstico generado por “Agua que has de beber” indica que las soluciones financiadas a través del Estado carecen de sostenibilidad. Además, debido a la política implementada por Chile en relación a la gestión del agua, se reconoce la existencia de causas estructurales asociadas a la vulneración del derecho al agua. Por otro lado, deja en evidencia el incumplimiento del Estado en criterios establecidos en estándares internacionales, vulnerando sus obligaciones en relación al Derecho Humano al Agua.
El documento también aporta a la discusión de la urgente necesidad de modificar el Código de Aguas, nacionalizar las empresas sanitarias y legislar sobre el Proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Junto a ello, propone que para desarrollar una gestión del agua se debe abordar desde el ordenamiento territorial, reponer la estrategia nacional de gestión integrada de cuencas, y plantear un modelo de gestión flexible, que permita la participación de los actores locales en todos los niveles, considerando las particularidades de cada territorio.
Participación ciudadana
“Agua que has de beber” no termina su compromiso en la generación y distribución del informe. Su propósito es movilizar fuerzas en favor de la correcta distribución del agua, tanto para consumo humano como para preservar las diferentes especies que subsisten en los territorios, siguiendo la premisa de “reforzar la capacidad de actuación e interlocución de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales de Chile para su participación en la definición y aplicación de estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo sostenible”.
Con ello apuntan específicamente a favorecer la colaboración y el diálogo entre la ciudadanía y quienes toman las decisiones en el ámbito público, respecto a asuntos que afectan la cohesión social y la calidad de vida en Chile, mediante una intervención de tres niveles: el local, articulando actores locales e incidiendo en los municipios; el inter-territorial, generando redes entre los distintos territorios que abarca la acción y con otros territorios del centro y norte de Chile; y el nacional, a través de la incidencia en el Poder Legislativo y autoridades, con propuestas de modificación al Código de Aguas y al Proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales.
Para ello generaron una web con noticias, eventos, documentos y un mapa con los conflictos del agua. Según el director de la iniciativa y socio de la AIFBN, Cristian Frene, la finalidad es “entregar a todo tipo de público, de manera simple y dinámica, información de los conflictos por el agua en Chile, pero que se expresen desde los mismos territorios. Además, dar a entender que el problema del agua en Chile es sistémico y, por lo tanto, los distintos actores deben actuar coordinados para generar un cambio profundo en la forma de entender y utilizar el agua”.
Por su parte, la idea del mapa es que “sea una construcción colectiva, por lo que cualquier persona puede entregar información sobre algún conflicto por el agua en su localidad, la que después de ser validada es publicada en el mapa. De esta forma, intentamos establecer una plataforma virtual que sistematice los conflictos por el agua en Chile y los ponga a disposición de la ciudadanía”, explica Frene.
A la fecha, se contabilizan 40 casos a lo largo de Chile, que se han ido actualizando y a los que se han sumado nuevos hitos, a medida que se da a conocer la iniciativa. Es en este mismo punto, donde hacen un llamado abierto a las comunidades que se enfrentan a un conflicto hídrico a participar, denunciando, enviando información y activando redes.
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