*Por Paula Arrieta
Juana Aguilera fue militante del MIR durante la Dictadura. En los años 80 fue detenida y luego exiliada. De vuelta en Chile, en los primeros años de la democracia, continuó con su lucha junto a ex presos políticos. Hoy encabeza la Comisión Ética Contra la Tortura. Con ella recorrimos los años de la represión, las formas en que se desarrollaba la militancia y la resistencia, sin perder de vista las deudas de justicia y respeto por los derechos humanos que hasta el día de hoy se arrastran en Chile.
Yo me enrolé en los equipos de resistencia después del Golpe, en momentos en que estaba todo desarticulado. Era chica, tenía 16 años para el Golpe de Estado. Yo tenía experiencia por mi familia, que era una familia de izquierda, militante. Mi padre era comunista y mi madre militó en el partido socialista, solo para llevarle la contra. Había un tema con las mujeres ahí. Paradojalmente, después de unos años mi madre se hizo comunista, pero en esos años antes del Golpe de Estado no quería estar en la misma historia de mi papá. En cambio nosotros, los hijos, íbamos a todas las cosas que a mi papá le parecía que debíamos ir. Estuvimos muy involucrados en el tiempo de la UP, había una apuesta de cambio para la sociedad chilena, con mucha esperanza. Mi padre era obrero, vivíamos en el sur de Santiago y éramos cinco hermanos, yo soy la segunda. Como en todas las familias de ese tiempo, los hermanos mayores jugábamos un rol importante, y las dos mayores éramos mujeres. Mi padre ejercía mucha disciplina y muchas exigencias dentro de la casa, mucha restricción también para el campo social: la vida social para mi padre era la militancia, no la vida del barrio ni ir a jugar a la pelota los domingos. Era otra lógica.
¿Cómo vivías esa militancia temprana familiar, bajo la figura marcada de tu padre?
En esa época la gente de escasos recursos se hacía su propia casa. Poco a poco y durante varios años se levantaban los muros hasta que se lograba hacer una casa. Mi padre, como obrero, se hizo una casa en la que él diseñó las obras y los hijos fuimos sus maestros. Mi papá tenía 35 años más que mi madre, por lo tanto le costaban mucho más lo cambios. Sin embargo, impulsó a todas las mujeres de la casa a aprender a arreglárselas por sí mismas. Por ejemplo, si iba a arreglar las llaves del agua decía “vengan para acá todas las mujeres, aprendan a arreglar una llave”. Así aprendimos muchas cosas que tenían que ver con los oficios destinados a los hombres. Por otro lado, mi hermano sufría porque lo mandaba a la cocina con mi madre, a aprender a cocinar. Era todo al revés. Yo no fui educada como que esto es propio de la mujer y esto otro de los hombres.
Mi papá venía del norte, de la pampa. Todas las conversaciones con él versaban sobre las luchas de los pampinos en el norte, a punta de balazo, con los carabineros a caballo. Tenía una historia tremenda, había estado en la masacre de San Gregorio, en la oficina salitrera de Pedro de Valdivia, cosas que nosotros no entendíamos mucho cuando niños, pero luego uno dice: esta historia la conozco desde siempre. Mi mamá le decía siempre a mi papá que él tenía una escuela en la casa. Él empezaba a conversar y nadie se movía de la mesa. Era sobre todo muy entretenido. Así era el traspaso de la memoria de esa época: los padres transmitían a sus hijos sus historias y en nuestro caso, sabíamos además, todas las canciones del norte.
Una vez que comienza a instalarse la violencia, ¿tu padre veía que venía un eventual ataque al proyecto popular?
Mi papá pensaba que vendría una guerra civil, y que había que defenderse. Él venía de otras peleas…
Y una vez que dan el Golpe de Estado, ¿empiezas a militar inmediatamente?
Mi hermano menor hizo contacto con un grupo de compañeros del MIR en la zona sur. Y después que levantaron el toque de queda hicimos las primeras pegatinas de unas estampillas y las fuimos a pegar al Regimiento de Infantería de San Bernardo. Éramos chicos, estábamos en el liceo, y teníamos la osadía de esa edad. Se iba en parejas, un hombre y una mujer, porque no se podía andar de más de dos personas por la calle. Así es que entre que parecíamos pololos, pegábamos nuestras estampillas. Ni siquiera decían algo de la resistencia, decían algo como “ya viene el contragolpe”. Casi todos éramos de San Bernardo. Allá había dos terminales de buses y todo confluía a una plaza que se llama Guarello, que estaba al lado de los liceos. Yo iba a uno de ellos, así es que se nos ocurrió con otro grupo rayar todas la micros con esto de que viene un contragolpe. No teníamos ni plumones, así es que con lápices de cera hacíamos los rayados. Era un momento en que entendíamos que teníamos que hacer algo porque el golpe de Estado había sido demasiado duro. No podíamos ni siquiera conceptualizar el tema de la moral, de levantar la moral, solo sabíamos que había que hacer algo. Y como estos cabros eran más experimentados, dijimos bueno, vamos todos al MIR. Luego mi papá cayó preso con mi hermano y nos desarmamos de nuevo, nos replegamos. Mi papá era viejo y mi hermano muy chico, tenía 14 años, así es que los tuvieron unos tres meses y los soltaron. Mi casa la dieron vuelta unas diez veces. El regimiento de San Bernardo fue uno de los más brutales. Mi papá estuvo en el cerro Chena, donde murió mucha gente, de eso no se habla mucho. Cuando mi papá volvió, entré a la universidad, a la Católica, y me conecté de nuevo.
Estudiar y militar en la Católica
La militancia y la actividad política deben haber sido muy complicadas en una Universidad como la Católica.
Entré a Filosofía en la UC; era el único lugar donde estaba abierta esa escuela, todas las otras escuelas de Filosofía de otras universidades estaban controladas o cerradas. En ese tiempo hicimos hartas cosas. Era difícil a veces porque el partido era clandestino y estaba muy golpeado y una de las tareas tenía ver con formar comités de resistencia y formamos varios. Yo era buena para ese trabajo, me gusta mucho el trabajo de masas y tenía habilidad para eso. Había mucho que hacer:había que dar conducción a esos grupos y mantenerlos: reunirse, informarlos, producir “El rebelde” –nuestro periódico–, venderlo, organizar acciones de propaganda. En la Católica se constituyó una base madre del partido y cada uno tenía sus tareas. Paralelamente, se comenzó a organizar la lucha por la recuperación de las instancias estudiantiles, la democratización de esas instancias, como los centros de alumnos. Es el periodo en que empieza la privatización de la educación. Se hicieron experimentos con las financieras y formamos Comités de Prestatarios, integrados por los alumnos que estudiábamos con préstamo. Mezclábamos la lucha reivindicativa como estudiantes con los propósitos que nos planteábamos como MIR, de resistir, de decirle a la Dictadura que nadie estaba muerto, que estábamos ahí y que les íbamos a oponer resistencia de todas maneras.
Las reivindicaciones estudiantiles salían de alguna manera del entorno delimitado de la universidad y se expresaban también en el ámbito público, en atención al contexto que se vivía en Chile.
Como estudiantes de la Universidad Católica fuimos unos de los primeros en salir, con un grupo de la Universidad de Chile, poco antes que se formara la ACU (Asociación Cultural Universitaria). Hubo una manifestación de apoyo a los familiares de los detenidos desaparecidos que estaban en huelga de hambre. Ese día, cerca de 500 caímos presos en la comisaría de Agustinas. Era la primera vez que los estudiantes salíamos a la calle en dictadura. Era difícil conjugar los estudios con todas las otras cosas que hacíamos. Finalmente la universidad era una pantalla para moverse, no era una prioridad mayor, pero no podíamos perderla porque necesitábamos estar adentro y mantener cierto rendimiento académico. Cada año llegaban más estudiantes entusiastas, entonces crecían y crecían los comités de resistencia y otras iniciativas semilegales. Con los compañeros nos topábamos pero no nos juntábamos dentro, solo afuera. Si hacíamos un rayado, había que movilizar a 10 ó 15 personas. Ahora tú sales con un spray y haces un rayado, pero en esa época era más difícil, coordinar los equipos, los horarios. Una vez hicimos un rayado en la calle Regina Pacis, frente al Campus Oriente, y era un orgullo ver ese mural que decía algo así como “La resistencia popular triunfará”. Trabajábamos con alquitrán, que es súper difícil de borrar.
Era una época muy especial, hubo cosas divertidas, aunque la realidad era cruda a veces; había escasez de recursos y mucho control policial y militar en las calles. A pesar de todo ello, a uno se le ocurrían cosas y las hacíamos nomás. Recuerdo una vez que andábamos en el centro, llevábamos siempre un radio portátil; si nos enterábamos que había un aviso de bomba en tal lado, entonces, íbamos a un teléfono público y avisábamos que había otra bomba en otro lado, y los veíamos ahí correr de un lado a otro. Era parte de lo que el partido llamó la guerra sicológica.
En esas formas de coordinación debe volverse compleja la interacción social, en la universidad, en la calle…
Si te encontrabas con alguien, no lo nombrabas, pasabas de largo. Era una forma de resguardarse, pero de estar. Había mucha desconfianza y mucho miedo también. Si nos conocíamos de antes no nos preguntábamos en qué estábamos. Sin embargo, fue una época de mucha actividad y mucho activismo. Pasaban las cosas más increíbles. Recuerdo que un día me encontré con un mapuche, mi mamá era de origen mapuche, y me dijo que estaban desarmando el Instituto de Desarrollo Indígena, que había hecho Allende. Le pregunté qué cosas había, y me dijo que había un montón de máquinas y mimeógrafos. Y yo le dije que me diera un mimeógrafo. Nos juntamos al frente de la Controlaría y me pasó uno. Al otro día le pedí que sacara más cosas, todos los insumos que ocupaba la máquina. Eso para nosotros fue espectacular, cambiaba toda nuestra forma de producción, antes pasábamos imprimiendo toda la noche con rodillo, compaginábamos a mano. En cambio con el mimeógrafo salía todo listo, llegar y corchetear. La necesidad nos empujaba a buscar y vivir con lo mínimo. Yo caminé toda la avenida Irarrázaval o la Gran Avenida, conversando con una persona, con otra, organizándonos. No teníamos más recursos que lo que aportaba cada cual.
Detención y exilio
La lucha de resistencia, podía verse como una acción colectiva.
No era posible hacer un funcionamiento colectivo en esas circunstancias aún, cuando la lucha era plural. El tema de la compartimentación no era fácil. En la organización se daban situaciones que no tenían explicación, y uno no las pedía tampoco. No había una vida partidaria colectiva, tenías dos o tres nexos y nada más. Se necesitaba una disciplina muy férrea. A veces hacíamos escuelas de cuadros y era complicado, porque había que conjugar la compartimentación con la necesidad de las tareas colectivas. Hubo situaciones a las que llegabas a cierto lugar y de ahí en adelante un compañero o compañeras te llevaba con los ojos cerrados.
Caí en mayo del 80 y estuve cuatro años presa. Me llevaron al cuartel Borgoño de la CNI y después a la cárcel de mujeres. Después nos llevaron a la cárcel de hombres de San Miguel. Éramos 13 compañeras y dos guaguas de compañeras que cayeron embarazadas y tuvieron a sus hijos ahí. Eso fue, en parte, un alivio, porque hasta entonces se vivía en la esquizofrenia de la actividad clandestina, como eso de inventarse nombres e identidades. Un día dije, ¿sabes? este tema de la clandestinidad no tiene que ver con inventar mentiras que la próxima semana voy a olvidar, sino con no preguntar cosas y no decirlas. Me resistía a ciertas cosas, era más sano, la presión de la vida era mucha: aprendernos teléfonos, puntos, encima estudiar en la universidad, ¿cómo iba a retener nuevos nombres y nuevas mentiras? Eso cuesta aprenderlo, hoy uno lo mira y ve una cantidad enorme de desgaste inútil, pero también es la inexperiencia de un grupo humano que se ve enfrentado a una situación límite, que construye una maraña para sobrevivir.
Sin conocer a todas las compañeras con las que compartiste prisión, la convivencia dentro no debe haber sido fácil, considerando además el contexto de esas detenciones y la lucha que se había interrumpido.
En la cárcel había otros enredos. Era un grupo de personas torturadas y estaba el tema de los que hablaron, los que no hablaron, lo que dijeron, qué dijeron. Estábamos obligadas a estar juntas todo el día, todos los días, por años. Teníamos historias distintas, culturas, costumbres, orígenes distintos. Aun cuando todas éramos del MIR, en ese tiempo en que estuve presa, aparecían situaciones difíciles propias del encierro y de las reglas de la cárcel.
Después de casi cuatro años de prisión, fui expulsada del país. Me condenaron a tres meses de cárcel, por la Ley de Control de Armas, y por la Ley de Seguridad Interior del Estado me condenaron a cuatro años de extrañamiento, pero estuve casi cuatro años presa. Ellos hacían acusaciones enormes y las investigaciones duraban años. En mi caso, Cánovas, Campusano y otros –salvo Libedinsky, que me condena finalmente– señalan que en realidad tendrían que haberme absuelto. Porque no estaba probado que yo haya tenido armas o propiciado grupos armados.
Llego el 84 a Francia, en un momento en que el MIR estaba en deterioro, con mucho cruce de opiniones. Entonces me integré a la Comisión de Solidaridad Europea con Chile, que era una entidad dedicada a difundir información sobre Chile en materia de derechos humanos y se coordinaba con comités de solidaridad de otros países. El exilio es otra cosa. Es un buen paréntesis. El exilio es un espacio que permitía otras cosas que no habían sido posibles ni en clandestinidad ni en el encierro. Era darte permiso para ser mamá, por ejemplo, compartir y aprender de otras lógicas. Te abre al mundo; te das cuenta de que lo que pasa en Chile no es lo único ni lo último, que estos apremios que recibimos obedecen a una lógica cultural y que se presentan otros desafíos desde el punto de vista de los derechos humanos. Los instrumentos que tienen para reprimir a los pueblos tienen una lógica no solo política y económica, sino también en los pesos culturales de esos pueblos. A uno se le abre el mundo, se pone en contexto, y es el primer momento en que uno tiene una reflexión más tranquila sobre algo que pesa harto todavía entre nosotros, los ex presos, que es el debate entre ser una víctima o ser un luchador social, cuál es la diferencia entre esas conductas; la respuesta a ello marca una diferencia en la forma de habitar y estar en el mundo.
El regreso al país y la lucha contra la tortura
Las condiciones con las cuales se levanta la democracia en Chile no garantizaban la organización, ni la justicia, ni reparación alguna. ¿Cómo vuelves a conectarte con las luchas sociales una vez que regresas?
Volví el Chile el 91. Los ex presos siempre estábamos dando testimonios y haciendo declaraciones en los tribunales por los juicios sobre los desaparecidos. Estaba todo esto de la democracia pactada y la justicia en la medida de lo posible, y yo me preguntaba ¿cómo podemos vivir aquí con esta gente que habían sido represores? Varios de nosotros se habían encontrado con su torturador en la calle, no había justicia para los sobrevivientes, ni siquiera en la medida de lo posible. Algo había qué hacer. La naciente democracia tenía un conflicto ético. En el intertanto, me fui a vivir a la Quinta Región Cordillera y me encontré con otras personas en situación de desexilio, que venían de varios lados de Europa, y empezamos a organizar unos encuentros que llamamos “Encuentros Nacionales Contra la Estupidez – Capítulo Andino”. Fueron nuestras primeras aproximaciones a estar en Chile. Necesitábamos entender esta sociedad, nos costaba mucho insertarnos. Nos costaba hablar con la gente, había cambiado el lenguaje, la forma de relación, era un país diferente. Para entender esto necesitábamos armar un colectivo, hacerlo juntos. Analizábamos, por ejemplo, el sistema de salud chileno y lo comparábamos, discutíamos sobre cómo relacionarnos con un sistema absolutamente ajeno; discutíamos también la desaparición en democracia de la prensa opositora a la Dictadura, mientras La Tercera y El Mercurio recibían fondos estatales para continuar…
Llega el gobierno de Eduardo Frei que no recibió a nadie del mundo de los derechos humanos. Lo poco que había de organización estaba siendo captado por la institucionalidad. Habían cooptado todos los grupos de mujeres que se habían organizado en los barrios, en las ollas comunes, donde las mujeres tenían una participación destacada; en las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, donde las mujeres habían tenido toda la carga porque se habían llevado a los hombres… nosotras como ex presas éramos pocas, los hombres eran más, entonces había poca mirada desde el género en estos grupos. Todo pasaba sin mucho ruido, hasta que cae Pinochet preso y nos reunimos los ex presos en la CUT, éramos muchos. Formamos ahí la Dirección Nacional de Ex Presos Políticos, con una directiva provisoria primero, y definitiva después. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que no avanzábamos nada, el daño era tanto. Había personas que pedían la palabra y cuando hablaban contaban todo su testimonio, no andábamos ni para atrás ni para adelante. Todos querían hablar. Hicimos encuentros nacionales, nos movimos por todos lados, hasta que decidimos que debíamos instalar el tema de la tortura en la opinión pública, y para eso teníamos que ir a otros lugares, no bastaba hablar entre nosotros, que además no teníamos las herramientas para contener emocionalmente a todos. Empezamos a hablar con CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), con Amnistía, con el cura Aldunate, que nos contaran sobre el movimiento Sebastián Acevedo, en fin. Ahí hicimos un llamado para constituir la Comisión Ética Contra la Tortura, y llegó mucha gente. Nuestro propósito era sacar del silencio el crimen de la tortura, que es un crimen de lesa humanidad que está hasta hoy impune juridicialmente. Empezamos a darle cuerpo a estos testimonios, a organizarlos. Todos teníamos secuelas e impedimentos. Por ejemplo, no podíamos trabajar en la administración púbica porque teníamos prontuario; la Constitución dejada por la Dictadura impedía a los ex presos trabajar en educación y en los medios de comunicación masivos. No teníamos derecho a voto, no éramos ciudadanos, no éramos nada. El ILAS (Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos) y el CINTRAS (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos) nos enseñaban las consecuencias psicosociales de la tortura, los efectos que tenía, y cómo había daños colaterales en nuestros hijos, en la corrupción de los sentimientos que produce la tortura, la desconfianza y la ruptura de los lazos de solidaridad. Aprendimos que por eso este crimen está al centro de la ruptura del tejido social, pero que durante la Dictadura, con toda la represión y las limitaciones, se había logrado reconstruirlo, y la Concertación lo había desestructurado, lo había institucionalizado y finalmente destruido.
La comisión Rettig tenía muchas deudas con el extermino y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Chile durante la Dictadura. Ni hablar de los procedimientos de justicia. Ustedes como Comisión estuvieron en el origen de la Comisión Valech.
Luego de varias peleas acordamos diez puntos para una campaña nacional e internacional por la constitución de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación Integral para Sobrevivientes de Tortura. Incluía, entre otras cosas, el reconocimiento de que la tortura era un crimen de lesa humanidad y, como tal, es un crimen inamnistiable, imprescriptible. Chile había firmado una convención internacional y tenía obligaciones. Según los escritos hechos por entidades defensoras de los derechos humanos durante la Dictadura, cerca de 500 mil personas vivieron este crimen; no todos fueron presos políticos juzgados y encarcelados, sino que en las detenciones en las poblaciones, en las casas de personas que fueron allanadas, muchas veces hubo actos de tortura in situ; la gente que vivió la tortura en las manifestaciones públicas, en los secuestros exprés y en los propios vehículos de la represión, etc. La tortura fue aplicada de forma masiva y sistemática durante todos los años de dictadura. Empezamos a entender todas estas diferenciaciones de conceptos y explicarle a la gente. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, todos los 26 de junio, que es el Día Mundial de Solidaridad con la Víctimas de la Tortura, estábamos ahí, con nuestra demanda nacional e internacional.
Por otra parte, varios personajes públicos empezaron a decir que habían sido presos políticos, ya no había tanto miedo. Tú levantabas una piedra y había un testimonio de un ex preso. El 2003, para los 30 años del Golpe, constituimos una Comisión Internacional de personas ligadas a la lucha por los derechos humanos, de varios lados del mundo, y con ellos entramos a La Moneda a decirle a Lagos que la política de derechos humanos que iba a plantear al país debía incluir a los torturados. El Estado debía entender que hubo un grupo humano que había peleado por lograr la democracia, y lo había hecho con lo único que habían tenido a su alcance: sus cuerpos. Así es que la democracia les debía un reconocimiento. Lagos nos dijo que serían incluidos y que formaría una Comisión (luego se llamó Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, CNPPT).
Se nos dijo que la Comisión no podía abarcar todo, y que se iba a limitar a los casos de prisión política. Nosotros tuvimos una gran discusión interna. Llegamos a la conclusión de que había que aceptarlo, pues habíamos logrado abrir una tranca que parecía imposible de abrir. Teníamos la certeza que era un primer paso y que luego debíamos seguir hasta lograr justicia y castigo a los culpables. Algunas agrupaciones no estuvieron de acuerdo, otros se restaron. Algunos decían que no estaban dispuestos a vender el kilo de corriente por unas monedas o que la tortura era un “costo” más de la lucha. Nosotros hablábamos de reparación integral, no simplemente monetaria; en el ámbito judicial, era necesario que se nos borraran los antecedentes prontuariales; en el ámbito de la salud, que tuviéramos acceso a medicina, porque cada uno tenía secuelas, éramos gente sometida a grados de violencia extrema y, por lo tanto, potencialmente capaz de reproducir esa violencia. Continuar nuestros estudios truncos, volver a tener un hogar, en fin. Nos interesaba también la reparación simbólica, la educación en derechos humanos, la recuperación de sitios de memoria, etc. Luego del funcionamiento de un año de la CNPPT, se dice que en Chile hubo más de 1.200 centros de tortura, que hubo una estructura determinada desde el Estado, con un presupuesto para pagar a funcionarios públicos del Estado chileno destinados a cumplir y ejercer la función de torturadores. Ante este resultado, Lagos hace una ley que dice que por 50 años los testimonios recabados por la CNPPT quedarán guardados, que no se conocerán los nombres de los torturadores y que sus nombres no serán entregados a la Justicia. Es decir, el Estado chileno conoce un delito y por orden del mismo, la Justicia no conoce estos actos, constitutivos de delito.
“La tortura no es algo muerto en Chile”
Se produce una nueva invisibilización de una marca particular que es historia pero también es presente.
Exacto; se sacó a la luz la tortura, pero inmediatamente se la silencia. Por otra parte, no hay una política pública de reparación en Chile para miles de personas que sobrevivieron a la tortura, eje rector de la política represiva en Chile, que estuvo al centro de toda la política de exterminio y genocidio. Hoy, a diez años del Informe Valech, algunas medidas de reparación, que tienen que ver con lo material y lo simbólico, están en retroceso. Y como si fuera poco, aún se conservan nombres de calles, monumentos y otros relacionados con la Dictadura.
La tortura entra también en esta estrategia efectiva y brutal de implantar el régimen y el modelo social y económico.
Uno se da cuenta de que las medidas para ese “Nunca más” del cual todo el mundo hace eco no existen, porque basta que los estudiantes salgan a la calle y que el poder sienta miedo de eso para que se vuelva a torturar. Basta que los mapuche hagan una movilización exigiendo sus derechos, como lo han hecho, para que la tortura vuelva a instalarse y sea hoy el corazón de la política represiva en la Araucanía. La tortura no es algo muerto en Chile. Es letra muerta firmar la Convención Internacional Contra la Tortura y no ponerle rango constitucional. No hay definición de tortura en el código penal. Hay apremios ilegítimos, lo que significa que, máximo, un policía o un agente del Estado puede tener un año y medio de cárcel si la persona pierde la vida como consecuencia de la tortura recibida. En cambio, si se la tipifica como tortura, se exige una pena mayor y efectiva en consonancia con la Convención. Vemos que las medidas de no repetición son letra muerta, que el ocultamiento por 50 años de los nombres de los torturadores dejó sin justicia a los torturados, que post Comisión Valech se volvía a la “justicia en la medida de la posible”, aun cuando habíamos logrado romper el empate (porque en la Comisión Rettig había un empate: hay muertos de acá y hay muertos de allá). Aquí no: aquí hay cerca de 30 mil personas que decían haber sido torturadas y tenían cómo demostrarlo. Y no hay ninguno del otro lado. Porque la tortura conlleva elementos indispensables que la constituyen: quien la comete es un agente del Estado, que responde a una política, que cuenta con recursos del Estado para hacerlo y que tiene el silencio de toda la estructura del Estado para perpetrarla.
Sin esa estructura, cualquier otra acción constituye solamente un delito.
Exactamente, un delito común. Se habla también de tortura en el caso de las mujeres, los femicidios y la violencia intrafamiliar, porque el Estado debiese tomar medidas. Se culpa al Estado por omisión en todos estos temas porque no toma medidas preventivas y de resguardo; la educación en derechos humanos en los centros educativos no forma parte del currículo y la cultura de los derechos humanos en la sociedad, es aún ajena. Los militares que se supone que están recibiendo educación sobre derechos humanos en sus escuelas matrices, parece ser que lo único que están aprendiendo es que el día que vuelvan a torturar sabrán que están violando tal o cual artículo de la declaración universal, eso están aprendiendo.
Y además cuando se toma alguna medida al respecto se corta el hilo por el lado más fino, el funcionario que estaba ahí cumpliendo órdenes.
Y nunca el alto mando toma responsabilidad por este tipo de prácticas. Tampoco en su formación. Hemos realizado denuncias ante el Director de Carabineros cuando en octubre del año 2009 o 2010 tenían colgado a un aspirante, lo metían dentro de una barrica con agua y lo estaban ahogando. Se nos dijo que eso era parte del entrenamiento para la apnea. Pero les vendan los ojos, les amarran las manos a la espalda, o sea, lo que están haciendo es torturarlo y enseñarles a los otros a torturar. Eso pasa hoy día. Los militares también lo hacen: está el caso de Antuco, el de Pedro Soto Tapia en San Felipe, son casos no menores, lo que hicieron los marinos en Hualpén luego del terremoto… Todo eso te habla de unas Fuerzas Armadas que siguen siendo preparadas para torturar a la población, así de simple.
Bachelet, antes de irse de su primer mandato, firmó el protocolo facultativo de la Convención que se supone instala un mecanismo nacional de investigación y prevención de la tortura que tendría que haber empezado a funcionar en febrero del 2010 y hasta la fecha no ha funcionado. El mecanismo debe ser un ente independiente, no puede ser nombrado por el gobierno, tiene que ser nombrado por el parlamento y cumplir con los principios de París; tiene que tener una asamblea de derechos humanos, atribuciones para constituirse en las cárceles, en los siquiátricos, en las comisarías, en los regimientos o en cualquier lugar donde se presuma que existe tortura. Debe ser capaz de investigar la tortura y de llevarla a una sanción. Y mientras la tortura como crimen de lesa humanidad no sea reconocida en el código penal, mientras no tenga sanción desde ahí ni rango constitucional, mientras se oculten los nombres de culpables durante 50 años, nosotros vamos a seguir viviendo con los torturadores y con la tortura. Esa sigue siendo la democracia y la justicia en la medida de lo posible. No hay concepto ético detrás de esa democracia.
Lo que se define en esta democracia es un Estado contradictorio, partido en sí mismo y con su propia historia, que firma una convención internacional y luego levanta una ley para no cumplirla.
Exactamente. Por eso como Comisión Ética Contra la Tortura decidimos que no íbamos a parar nuestro trabajo. Y somos una de las pocas organizaciones que de pelear contra los crímenes del pasado, dio el salto a pelear por los crímenes de hoy. Cuestionamos la indiferencia de las organizaciones de ex presos que no son capaces de manifestarse en relación a los presos mapuche, y no mapuche también, que hoy están en las cárceles de alta seguridad viviendo los derivados de la ley antiterrorista; no entendemos cómo las agrupaciones no han tomado en sus manos la pelea por la búsqueda de José Huenante y otros desaparecidos que hay en democracia; por los crímenes de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Álex Lemún. Las únicas víctimas que hay no son solo las de la Dictadura; la democracia ha generado víctimas, y mientras se sigan enviando policías y militares chilenos a la Escuela de las Américas o lo que queda de eso, va a haber tortura y crimen en nuestro país. Y vamos a tener a estos verdugos, pagados por todos nosotros, por nuestros impuestos, aplicándonos su violencia bajo el nombre de legítimo uso de la fuerza.
Lo que viene
Eso es también, se percibe una naturalización del lenguaje, del uso de eufemismos que justifican culturalmente la violencia. ¿Cómo ven lo que sigue, con la llegada de un nuevo gobierno?
Para nosotros el trabajo continúa. Seguiremos como todos los años haciendo nuestro informe que llevamos a La Moneda, a Carabineros, a Naciones Unidas. Acabamos de presentar el Informe en la Evaluación Periódica Universal, y cinco puntos que planteamos fueron tomados por Naciones Unidas: respecto de las deudas pendientes, de los años de silencio para los torturadores, de la aplicación de la Ley Antiterrorista, la vigencia de los tribunales de la justicia militar para juzgar casos de civiles, el incumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura… todas esas cosas las seguiremos planteando. Seguiremos hablando de la desaparición forzada, compartiendo con otras organizaciones de derechos humanos las luchas por los puntos que tenemos en común. Por ejemplo, en este momento estamos apoyando la campaña por la desmonumentalización, para sacar todos los monumentos y todos los símbolos dejados por la Dictadura; apoyamos la campaña de Londres 38 en el tema de la liberación de los archivos que han permanecido ocultos, y así. Apoyaremos a toda organización con la cual encontremos puntos comunes de trabajo. En ese sentido, nuestro trabajo es amplio. Pero siempre mantenemos la tortura como causa principal, y no los vamos a dejar tranquilos: tienen que poner la tortura, como un crimen de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable, en el código penal, y tener rango constitucional. Si viene una asamblea constituyente, ahí tendremos que estar haciendo nuestras propuestas en derechos humanos. Tenemos que tener un planteamiento sobre esos temas, no puede ser que no los tengamos. Somos una reserva moral de este país y tenemos que hacer ejercicio de ella. No se puede vivir tranquilo cuando sabemos que hay niños que están siendo objeto de todo esto. Es un tema ético.
Considerando además ese legado tan efectivo de la ruptura del tejido social, estas son formas de construir democracia, de seguir peleando, teniendo en mente la cohesión, la empatía, la solidaridad, la existencia profunda de otro, al final. Pensar que los problemas son de una persona y de nadie más es continuar ese legado de ruptura…
Y es también reducir, reducir el campo de los derechos humanos solo a la lucha por la vida. Las principales violaciones son las que atentaron contra la vida, es cierto y es grave; sin embargo, no es lo único. Porque cuando no tienes previsión social, salud, ni curativa ni mucho menos preventiva, no tienes nada, también se están violando los derechos humanos. Restringir la lucha de los derechos humanos solamente al derecho a la vida es una mirada muy sesgada de lo que uno le puede dejar a las futuras generaciones. Aquí hay derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hay muchas peleas que dar todavía.
Hoy podría repetirse esa situación, la de la desmovilización de la organización social.
Cuando un nuevo gobierno llega y anuncia medidas para los primeros 50 días, y se habla de los derechos y reivindicaciones del mundo homosexual, hablan del AVP y de una homologación del matrimonio heterosexual con el homosexual, se está bajando una bandera; cuando se agarran de una encuesta para salir a decir que la marihuana no es una droga dura, se está bajando otra bandera; y cuando hablan del término del lucro y el copago, es bajar otra bandera. Lo que viene es complicado, porque se está abortando el movimiento social. Y en esa lucha nos vamos a quedar solos, un grupo de gente: va a haber una institucionalización y desarticulación de los grupos más fuertes y represión a los grupos más radicales.
Pero tal vez exista una acumulación de experiencia en el movimiento social, un aprendizaje para enfrentar estas prácticas.
Ya conocemos la receta. Supongo que vamos a poder anticiparnos. Por ejemplo, Francisco Huenchumilla (recién asumido Intendente de la Región de la Araucanía): con todos los esfuerzos que hace, que son muy valorables, con todo el perdón que pidió, ya debió haber liberado a los presos. Para creerle, debe existir una restitución de las tierras, volver a foja cero el decreto de la Dictadura sobre dominio indígena. Cuando haga eso podemos aplaudir. Tienen que seguir sabiendo que no va a ser fácil, que ya conocemos cómo actúan.
Lo que hay de fondo en todo esto es que esta pelea que se da hace muchos años, de la que somos parte muchas personas, muchas mujeres, madres, abuelas, compañeras, permitió que las mujeres abrieran los ojos y no los cerraran más. Cuando quedaron las mujeres solas, sin padre, sin marido, sin hijos, salieron a las calles. Lo que pasa es no fueron capaces de poner eso en perspectiva y no verse solo como las mujeres de, las familiares de, sino como luchadoras sociales. Ese es el paso que falta. Porque el sistema hace todo para absorberte, es difícil pelear contra esto, cuesta sobrevivir aquí, ser autónoma. Luchar porque el Estado permanezca y garantice tus derechos es tal vez lo más revolucionario que podemos estar peleando hoy.
El Estado como espacio de administración del pueblo, no circunscrito a un gobierno, sino como un espacio de disputa.
Y la disputa por el Estado existe. El tema de los derechos humanos sigue existiendo, y son peleas a las que tenemos que hacerle frente. No hay que dejar espacio libre, hay disputarlos todos. Cuando ellos ganan es porque hemos dejado de hacer algo.
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*Equipo Editorial, Rufián Revista.
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