
* Vanessa Tessada Sepúlveda
Siendo España un país tradicionalmente católico, las mujeres han logrado sacudirse del conservadurismo eclesiástico para obtener derechos. El movimiento feminista consiguió durante la Transición democrática crear el Instituto de la Mujer, sacar adelante la ley de divorcio y la ley de aborto. Cuando el socialismo volvió al sillón gubernamental, se obtuvo el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y, con ello, una ley de plazos. Hoy, una profunda crisis económica y un gobierno de derechas con mayoría parlamentaria quiere volver a convertir los pecados en crímenes punibles. Lo que está sucediendo hoy en España nos enfrenta con la precariedad de los derechos de las mujeres.
Una emancipación necesaria.
Con la inauguración del Nuevo Estado franquista en 1937, las mujeres españolas fueron condenadas a pasar casi cuarenta años bajo una jurisprudencia profundamente conservadora y oscurantista. La legislación franquista, filo-fascista, buscaba el aumento de la natalidad (y por lo tanto la prohibición del uso de cualquier tipo de método anticonceptivo), la promoción de la maternidad y del matrimonio (con leyes que inhabilitaban a la mujer casada para continuar trabajando y que bonificaban a los varones por casarse y por tener hijos, además de ilegalizarse el divorcio). Finalmente, la prohibición de la coeducación fue terreno fértil para formar a las niñas y jóvenes como especialistas en las “labores de su sexo”. Para el régimen de Franco, las mujeres eran, ante la ley, incapacitadas que pasaban de la tutela paterna a la marital, cuyas capacidades naturales les impedía desenvolverse en ciertas carreras universitarias y ciertos trabajos, al mismo tiempo que las convertían en excelentes madres, sacrificadas, abnegadas y serviciales.
Esta estructura estatal, claramente antifeminista, se veía recubierta por una cultura fuertemente católica. El apoyo de la Iglesia a la cruzada de Franco contra el comunismo, le otorgó a la institución un poder de veto social que contrarrestó el escaso proceso de laicización que se había vivido a principios de siglo. El Patronato de Protección de la Mujer o las cárceles de mujeres regidas por congregaciones religiosas femeninas demostraban que las mujeres eran individuas de dudosa moral, proclives al pecado y, por lo mismo, necesitadas de redención. Como ha dicho Dolores Juliano, las mujeres en el franquismo, no delinquen; ellas pecan. Las mujeres que no querían parecer sospechosas ante el régimen debieron vivir bajo los símbolos de la cruz, la bandera y la cuna (Giuliana Di Febo).
En este escenario, el cuerpo de las mujeres fue raptado por y para el Estado y su(s) sexualidad(es) cubierta(s) de vergüenza, ignorancia, pecados y vetos. La prohibición de la venta de anticonceptivos y el castigo al aborto, obligó a las mujeres a clandestinizar su práctica. Para la década de los setenta se calcula que se realizaban anualmente 300.000 abortos, a esto se les sumaban los realizados en el extranjero (Londres, Holanda o Francia), donde recurrían aquellas cuyos recursos económicos les permitían viajar. Las demás acostumbraban utilizar la inyección de agua jabonosa, un método antiguo y peligroso por sus posibles complicaciones, como trombosis y embolias.
Esta alta represión cambió lentamente hasta que sobrevino la muerte del dictador en 1975. La jaula que la cultura franquista había construido para las mujeres, fue destruida por el creciente movimiento feminista que, pese a sus diferencias (de clase, de ideología política, de convicciones de doble militante, de orientación sexual, etc.), emprendió campañas que apuntaron a la transformación de la política y de los espacios significados como políticos. Lo personal es político fue la nueva consigna y el conocimiento del propio cuerpo y la sexualidad, charlas sobre la menstruación, la menopausia o el autoaborto, la apertura del lesbianismo, entre otras problemáticas, acompañaron otros debates incendiarios sobre la constitución de la democracia. Las españolas debieron desarrollarse en acelerado para ganarle la batalla a la herencia franquista.
A nivel europeo, en 1971 las francesas ya habían rubricado el “Yo aborté” y con ello, los años setenta se convirtieron en la década del reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Actualmente, en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Dinamarca, Portugal, Grecia Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Italia, Rumanía, República Checa, Holanda y Suecia se permite la interrupción del embarazo bajo distintas legislaciones. Sólo Malta, lo prohíbe en todos los casos y Polonia, Irlanda e Irlanda del Norte autorizan el aborto en caso de riesgo de vida para la madre.
Las leyes de 1985 y 2010
Excluidas del proceso que ideó la Transición, el movimiento feminista debió esperar hasta el gobierno del socialista Felipe González para concretar algunos de sus proyectos: la creación del Instituto de la Mujer, la ley de divorcio y la ley de aborto. En 1982, consiguieron que se despenalizara completamente el uso de anticonceptivos y en 1985, la aprobación de la ley que permitía la interrupción del embarazo bajo tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psicológica de la madre en cualquier momento de la gestación, en caso de violación hasta la semana 12 previa denuncia policial y, en caso de feto inviable hasta la semana 22. Un aborto realizado fuera de estos supuestos era considerado un delito para la mujer y el profesional que lo realizaba. La amplitud de la ley de supuestos escondió bajo el causal de grave peligro psicológico para la mujer, la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a elegir la maternidad.
A pesar de que la ley de 1985 convertía de facto la maternidad en un derecho, esta ley no ahondaba en la democracia ni reconocía plenamente la ciudadanía femenina al no autonomizar las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo. De ahí que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, por una parte, era un reconocimiento a la ciudadanía completa de las mujeres y, por otro, enfrentaba el cinismo de la antigua legislación. La ley de 2010 permite el aborto libre hasta la semana 14 por la Seguridad Social, y hasta la semana 22 por grave riesgo para la salud del feto y sin límite cuando se trata de una enfermedad incompatible con la vida. Bajo esta ley, las menores de edad desde los 16 años pueden abortar sin el consentimiento de sus tutores. Y acompañando la interrupción voluntaria del embarazo, la ley contempla programas de educación sexual con el objetivo de ir rebajando el número de embarazos no deseados. Las últimas cifras que recogen las estadísticas (2012) muestran una disminución en el número de abortos pero recogen otro dato que inquieta a los más tradicionales: el 91,3% de las interrupciones del embarazo se realizan a petición de la mujer, sin mediar causales.
Cuando hay crisis…
Hoy, ya está aprobado por el Consejo de Ministros español el anteproyecto de la nueva ley de aborto. El gobierno del Partido Popular (PP) liderado por Mariano Rajoy pretende reemplazar la ley de 2010 con la llamada Ley Orgánica de Protección de los Derechos del concebido y de la mujer embarazada la que sería más restrictiva que la del año 1985 y cuyo argumento principal recae en un elemento que antes no se había jugado: los derechos del no nacido, en línea con los discursos que se están generando desde los movimientos pro-vida. Con esta ley, presentada por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el gobierno del PP busca cambiar el perfil de las mujeres españolas poniendo por encima de sus derechos individuales su deber de maternidad, anteponiendo a la propia vida de las mujeres la del feto y, con esto, cambiando los términos de la ciudadanía femenina. Además, que la ley sea presentada por Justicia y no por Sanidad no es en balde, como acusa el movimiento feminista, el que argumenta una vuelta al franquismo con la penalización de la transgresión de los principios religiosos.
Aunque el gobierno garantiza que se podrá abortar en caso de violación denunciada y de riesgo para la madre o en caso de anomalía fetal incompatible con la vida, estos diagnósticos deben ser confirmados por dos facultativos externos al centro médico donde se realizará el aborto y por médicos especialistas en las anomalías denunciadas, además, las mujeres deberán cumplir un tiempo de espera de siete días para ello y se permitirá la objeción de conciencia por parte de los doctores. Todos estos elementos, prolongan y burocratizan un proceso de por sí difícil y despierta el fantasma de la desigualdad social en el tema, las mujeres con más recursos económicos podrán viajar a un país donde es legal abortar, tal como hoy lo hacen las polacas a Alemania o las irlandesas a Inglaterra.
Las palabras de Simone de Beauvoir advirtiendo sobre la fragilidad de los derechos de las mujeres, agarran fuerza en el caso español. Dijo la filósofa francesa: “no olvidar jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres”. En esta misma línea, Amelia Valcárcel desnuda e increpa al PP cuya victoria electoral, la filósofa la explica con la incapacidad del gobierno socialista anterior de remontar la crisis y la cercanía de la derecha española al empresariado y al mundo económico, o sea, el voto al PP en la última elección fue un sufragio alejado completamente de los valores que defiende la amplia derecha detrás del Partido Popular.
Por lo tanto, la arremetida del PP es ideológica y es oportunista. Es ideológica porque pretenden privar a las mujeres de su capacidad de decisión, porque las cree incapaces de ser responsables, porque pretenden controlar el cuerpo de las mujeres y convertirlo nuevamente en símbolo de la estabilidad nacional para consagrarlo a la reproducción, a la familia y hacerlo depositario del honor y los valores nacionales. Y es oportunista porque va en contra de lo que la ciudadanía española expresa en las encuestas y aprovecha su mayoría parlamentaria y la crisis económica para concretarla.
Así, hoy después de casi treinta años, las mismas feministas que lucharon por la profundización de la democracia durante la Transición han tenido que re-armarse para oponerse a la llamada Ley Gallardón. El Tren de la Libertad y su manifiesto “Yo decido”(1) ha sido el eje articulador de unas protestas que no sólo han aunado al movimiento feminista (en muchas de sus vertientes), a los partidos políticos y a los sindicatos, sino que también a todos los ciudadanos españoles, de todos los géneros y de todas las edades, que creen que no se debe retroceder en materias de igualdad y reconocimiento. El 1 de febrero, la defensa ciudadana de la democracia se demostró con la manifestación feminista más grande desde la muerte del dictador, dejando en evidencia que la libertad de ser madre, es una libertad conquistada y admitida por la sociedad española. La respuesta del gobierno ha sido el silencio.
Ante las crisis, las mujeres son enormemente perjudicadas tanto porque la cesantía abunda más entre ellas que entre los hombres, porque los salarios descienden más para las mujeres, porque comienzan a vivir procesos de precarización laboral y, en el caso español, por los recortes presupuestarios en los programas gubernamentales de igualdad. Pero las mujeres no son hebras finas y débiles en el entramado que teje el espacio público, al contrario, hoy en España la lucha por la autonomía de decidir la maternidad es la punta de lanza de la defensa de la libertad y el derecho a abortar es la vara que medirá la profundidad de la democracia española.
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* Estudiante de doctorado en Historia en la Universidad de Valladolid (España). Interesada en los derechos de las mujeres y en sus historias. Vive actualmente en Berlín y escribe su tesis doctoral, a la que dedica la mayor parte de su tiempo.
(1) Ver: http://www.eltrendelalibertad.com
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