AsF – Chile

La imagen del archivo como un cúmulo de papeles, o como alguna escondida oficina en cualquier repartición del Estado, no ha quedado atrás.

Pues bien, el mundo de la archivística es muchísimo más amplio que eso y en muchos otros países la gestión de los documentos está a cargo de instituciones de alto grado dentro de la administración pública. Por lo tanto, somos conscientes de lo mucho que queda por recorrer en nuestro país para que los archivos estén realmente al servicio de la comunidad, que es, en definitiva, su razón de ser. Aún así, en Chile los archivos se vienen reconociendo con mucha más fuerza desde la promulgación de la Ley de Transparencia el año 2009, hito que además marcó el quiebre de la concepción puramente patrimonial del archivo, al dar visibilidad al valor de los documentos como herramienta para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Tras la publicación de esta Ley se han desarrollado seminarios, capacitaciones, coordinaciones, acciones y un largo etcétera que han abordado las dimensiones jurídico-administrativa y patrimonial de los archivos. Sin embargo, constatamos la ausencia de esa misma discusión para el ámbito de la relación entre los archivos y las demandas sociales.

En este contexto y en complicidad con Revista Rufián, que atizó nuestra pasión de archiveras, nos abocamos a la tarea de pensar los archivos y su vinculación con las luchas sociales, identificando cómo su ausencia o las limitaciones en su acceso, resultan al mismo tiempo ser reflejo de las limitaciones en el ejercicio de derechos.
La emergencia de la lucha popular y sus justas demandas requieren también de fundamentos, muchas veces arraigados en la historia, de fuentes que las ayuden a situarse, tomar conciencia, pensar sus ámbitos de acción y por cierto sus proyecciones. Como dijera el archivero Antonio González, los archivos son fuente de derechos. Por ello, afirma: “Los archivos influyen decisivamente en la vida de los pueblos y de las personas”.

En este sentido, Paulina Bravo, en Archivar las luchas del presente, llama a las y los archivistas a asumir la relevante misión de “posicionar nuestros archivos como prueba de existencia de la multiplicidad de relatos que dan cuenta de las luchas actuales”, y es enfática en señalar que se debe acceder por derecho y no por privilegio. Incluso desde la creación de los documentos.

Pilar Díaz, en Más allá de lo patrimonial: Archivos para la rendición de cuentas, parte afirmando “que un archivo es una instancia política” y deja en evidencia que: “en general asociamos los archivos con el ámbito académico, como fuente para investigaciones historiográficas, pero dejamos de lado su valor inicial, el valor probatorio del accionar de la Administración Pública en un momento determinado y a su vez en el tiempo”. Y en tiempos de denuncias y boletas ideológicamente falsas sostiene que: “Es en esta dimensión que los archivos son la base de la exigencia de rendición de cuentas por parte de las personas y los movimientos ciudadanos hacia sus autoridades.”

Por su parte, Ingrid Sarria en Saramago y la presencia de los archivos en dos de sus obras, realiza una personal apreciación de este literato y su uso del archivo en la atmósfera de sus narraciones. Ante esto concluye: “solo en un archivo encontraremos en forma fidedigna los registros que dan cuenta del transcurso de una vida; ese es el valor que yo le otorgo. Creo que los archivos son la mejor instancia para dar fe de aquello que hemos vivido, lo que nos permitirá cumplir con una de las ideas de este gran escritor: “Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”.

Valentina Rojas, en su artículo Sin papeles: archivos y migrantes en Chile expone que los documentos, “actúan como elementos conducentes y habilitadores (o inhabilitadores) de acciones, sean estas abusivas y excluyentes, o bien inclusivas y para el ejercicio de derechos.” Para ejemplificar esto, presenta una serie de situaciones a las que quienes llegan a nuestro país se ven enfrentados, entre las que se cuenta el caso de los inmigrantes haitianos, entre quienes el requerimiento de una carta de invitación ha generado verdaderas redes de tráfico de este tipo de documentos.

Jeaninne Vergara, en el texto Uso del testimonio en casos de violación a los derechos humanos en Perú entrevistó a María del Rosario Rodríguez, historiadora peruana, que se refirió al Caso de Accomarca, un sangriento hecho que estremeció al pueblo peruano por la dureza con que actuó el ejército de ese país. Rodríguez explica: “la recabación de testimonios de los militares responsables se desarrolló recién en el año 2010. A excepción del subteniente Telmo Hurtado, quien se había autoinculpado como autor del hecho años antes, se reconoce, al igual que en Chile, la marcada intención por mantener un pacto de silencio al interior de las Fuerzas Armadas”.

Por último, Claudia Soto, en el artículo sobre el pueblo mapuche, Los archivos afirman: ¡Hay un pueblo en marcha! reconocemos como “gran parte del proceso de petición de la tierra se basa en los archivos, sobre todo los títulos de merced”. Sin embargo, existen otras dimensiones de la relación con los archivos, como señala Alvarado Lincopi: “hay documentos que se le escapan al Archivo Colonial y son documentos elaborados por la misma sociedad mapuche.” Estos documentos son los que dos jóvenes historiadores mapuche se han dado a la tarea de recopilar en el archivo Mapuche Waria Mew.

Todas las archiveras que escriben participan de Archiveros sin Fronteras, AsF Chile, organización que: “promueve la valoración de los archivos, destacando su importancia para la sociedad y propiciando la generación de políticas públicas, desde una mirada reflexiva y crítica”. AsF Chile busca ser un referente en el ámbito archivístico en nuestro país, y una instancia de encuentro del medio archivístico.

“Sacar la voz”, afirmamos, ya que el valor y la importancia social de los archivos, va mucho más allá que ser una “caja negra” que, parafraseando a Saramago, resguarda a “Todos los nombres”, es historia, memoria, patrimonio, rendición de cuentas, gestión, acceso, transparencia, es FUENTE DE DERECHOS. Pero una “Fuente de Derecho” para todo aquel que los requiera. Son y debieran ser siempre la opción clara, transparente, accesible y utilizable para que cada ciudadano desde sus más simples requerimientos o más profundos intereses quieran darle.

No debieran por tanto quedarse sólo en la mirada de lo que no hacemos al no utilizarlos, sino también en aquello que podemos permitir cuando los trabajamos adecuadamente respetando su sentido original y garantizando su veracidad. Cuando comenzamos desde su creación a trabajarlos de la mano con la archivística, logrando mantener en su ciclo de vida las cualidades que le permitirán ser fidedignos y válidos, permitiendo que sean accesibles y utilizables por cualquier ciudadano y para los fines que cada uno de ellos considere pertinente.

Para cerrar, junto con agradecer al Comité Editorial de Rufián Revista por esta invitación, no podemos dejar de comentar que tanto Rufián como AsF son colectivos compuestos en la actualidad sólo por mujeres. ¿Un signo de nuestros tiempos?, nos preguntamos. Si bien esto no está en nuestro estatuto ni existe ningún tipo de prohibición al respecto, aparece como un ejemplo positivo del avance de uno de tantos movimientos sociales que hoy permiten la activa participación de quienes antes quedábamos rezagadas con facilidad. Es en este mismo espíritu en el que, confiamos, se afirmarán y reafirmarán los archivos en nuestro país.

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