Desde hace un buen tiempo que el fantasma de la sequía merodea en el discurso público nacional. Bien sea en el norte, centro y –paradójicamente– también en la zona sur[1] del país, comunidades rurales se ven afectadas por la escasez del bien vital que históricamente posibilitó el asentamiento, desarrollo y reproducción social de sus habitantes en sus respectivos territorios.
Sin embargo, y por lo general, la sequía se presenta “naturalizada” a la sociedad civil, careciendo por tanto de una explicación integral que dé cuenta de hasta dónde el fenómeno de la escasez de agua es atribuible a razones naturales, y cómo ésta hunde sus raíces en motivaciones estructurales que derivan de un ordenamiento socioeconómico determinado, que sostiene sus cimientos en la demanda progresiva e incesante de recursos primarios cuya característica última es la finitud.
Sin duda alguna la carencia de lluvias produce sequía, pero igual de cierto es que ésta, en el Chile actual, no depende exclusivamente de la voluntad de San Isidro.
Una tendencia del capitalismo histórico ha sido el avance hacia la mercantilización generalizada de todas las cosas, y como es de suponer, la mercantilización de una determinada cosa no constituye una verdad inherente a ella, sino que un proceso mediante el cual entran en juego elementos culturales y cognoscitivos que establecen y receptan el estatus mercantil de ésta. En otras palabras, para que una mercancía sea tal, previamente debe ser elaborada para ello, o bien, lo que es más interesante aún, re-significada en tanto ella, entrando en dicho proceso mecanismos de organización política, económica y simbólica que subyacen al funcionamiento de una determinada sociedad.
Los recursos hídricos en Chile, justamente, pueden ser pensados bajo esta óptica, pues la legislación vigente, el Código de Aguas de 1981 (amparado en la Constitución de 1980), es categórico al otorgar el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas nacionales en conjunto con la libre disposición de éstas para hacer lo que al propietario le plazca. Las aguas, bajo contexto dictatorial, fueron subdivididas en derechos de aprovechamiento terminales (consuntivos) y no terminales (no consuntivos), re-significadas como mercancías escindidas de la tierra, susceptibles de ser solicitadas, vendidas y revendidas por particulares en un mercado especulativo donde se supuso que, el principio básico de la economía de mercado, es decir, el mercado auto-regulado, se encargaría per se de equilibrar la disponibilidad natural de agua y la demanda sostenida de derechos de aprovechamiento sobre ésta. Principio falso, podemos decir hoy, en tanto que en la actualidad la demanda de recursos hídricos, por lo menos en siete regiones (XV, I, II, III, IV, V y RM), supera con creces la disponibilidad natural de aguas según cifras del Banco Mundial (2011), adquiriendo sobre todo en la zona norte del país ribetes verdaderamente dramáticos. Un hecho que también encuentra explicación en lo anterior, es la concentración de las aguas del país (sea en derechos o efectivamente) en los grandes capitales de determinadas actividades productivas (ligadas principalmente al sector primario exportador) en desmedro de economías locales que históricamente se han reproducido, material y simbólicamente, de la mano de actividades que requieren y se sustentan en la disponibilidad apropiada, en cantidad y calidad, de recursos hídricos.
En el presente número de Rufián se exponen reflexiones y resultados de distintos estudios de caso levantados durante la ejecución de un proyecto titulado “Minería, agricultura y la dimensión cultural de los conflictos territoriales por las aguas”, desarrollado por el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía (GICSEC) durante el año 2013[2], en donde los y las investigadores/as buscan dar a conocer, desde una perspectiva histórica, etnográfica y reflexiva, casos en que comunidades indígenas y campesinas del norte y sur del país se han visto inmiscuidas en conflictos territoriales relativos al control de recursos, donde las aguas poseen un rol protagónico, dentro de un contexto de expansión económica macroregional (mercado de la minería, agroindustria y energético) y constricción económica local. A su vez, se incluyen casos de estudio elaborados por investigadores/as que colaboran al presente número, que se suman a la discusión y temática abordada.
Esperamos, por tanto, además de socializar de manera sucinta la situación de determinados espacios locales, contribuir a la evaluación crítica y colectiva de la gestión neoliberal de los recursos naturales en el país, pues es la sociedad civil en su conjunto quien debe doblegar la re-significación mercantil del agua custodiada por los gobiernos de las tres últimas décadas, y volver a hacer de ésta un bien decidido e inalienable de la sociedad.
[1] Que en teoría como macro zona su disponibilidad máxima de agua supera incluso hasta en 800 veces las cifras mínimas de la zona norte, según el Informe del Estado del Medio Ambiente en Chile elaborado por la Universidad de Chile el año 2010.
[2] Agradecemos el financiamiento del proyecto a través del Concurso de Núcleos Temáticos de Investigación 2013 de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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