Por Jorge Diego Mejía Cortés
«Y la revolución se hace para el pueblo, por eso tenemos que nacionalizar la revolución, ponerla bajo los pies…»
Jaime Bateman Cayón
Hace treinta y ocho años la columna Marcos Zambrano del grupo insurgente 19 de Abril (M19) se tomó por asalto la embajada de la República Dominicana en Santa Fe de Bogotá, Colombia. La toma se prolongó desde el 27 de febrero hasta el 25 de abril de 1980. En la sede de la embajada se llevaba a cabo una reunión que celebraba los 136 años de la declaración de independencia de la República Dominicana de Haití.
En la sede de la embajada se encontraban departiendo dieciséis diplomáticos, entre ellos los embajadores en Colombia de México, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Suiza, Perú, Venezuela, Bolivia, Egipto, Guatemala, Haití, Israel, el Nuncio apostólico del Vaticano y, por supuesto, el embajador de República Dominicana, Diógenes Bartolomé Mallol Burgos.
Al mediodía irrumpieron doce insurgentes liderados por Rosemberg Pabón Pabón, alias «Comandante Uno», y tras un intercambio de disparos con la guardia, en el que murió un subversivo y quedaron heridas tres personas más (una guerrillera, el cónsul de Paraguay y un subalterno de la embajada), el grupo anunció que todos los asistentes quedaban en situación de rehenes.
El M19 realizó la toma en represalia por la muerte de Jorge Marcos Zambrano, alias «Toño Zambrano», comandante del grupo en el departamento del Valle del Cauca, suroccidente del país. Este fue detenido por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en la ciudad de Cali, el 22 de febrero de 1980. Su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente y presentaba signos de tortura.
La buena gestión diplomática y la cautela con la que el entonces presidente de Colombia Julio César Turbay Ayala, el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa (como intermediador) y Ricardo Galán, embajador de México, manejaron la situación, evitó que se produjera un hecho trágico.
En su libro Continuidad democrática (1982), el expresidente Turbay ofrece detalles del acontecimiento:
«El gobierno autorizó al presidente de la Cruz Roja Nacional, doctor Guillermo Rueda Montaña, para entrevistarse con los extremistas, pero estos no lo aceptaron. Por conducto del embajador de México, Ricardo Galán, se informó al canciller, el doctor Diego Uribe Vargas, que los embajadores retenidos habían designado como negociadores a los representantes diplomáticos de la Santa Sede, Estados Unidos, Venezuela y México y que dicha Comisión estaba dispuesta al diálogo con el mismo canciller, o con delegados de Amnistía Internacional, o con el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa. A las nueve y treinta de la noche el excanciller Vázquez Carrizosa y el médico Ernesto Martínez Capella, pañuelo en alto, se dirigieron a la embajada y conversaron con los dirigentes guerrilleros. A las doce de la noche transmitieron al señor presidente de la república los resultados de la entrevista» (p. 231).
Dentro de las exigencias que hacían los guerrilleros estaban las siguientes: 1) retiro de las tropas que rodeaban la embajada, 2) libertad a 311 presos políticos militantes del M19, 3) un desembolso de cincuenta millones de dólares que podían ser gestionados entre los países representados por los dignatarios retenidos y 4) un diálogo abierto con el gobierno.
Tras sesenta días de cautiverio, con la venia del gobierno, captores y cautivos viajaron a Cuba en la mañana del domingo 27 de abril. Al aterrizar en el aeropuerto José Martí de la Habana los retenidos fueron liberados y los secuestradores asilados. A pesar de que el gobierno colombiano lo negó categóricamente, el «Comandante Uno» afirmó luego que al grupo guerrillero le fueron desembolsados tres millones de dólares antes de salir hacia Cuba. Los presos políticos no pudieron ser liberados en su momento, sin embargo, muchos fueron amnistiados dos años después por el presidente Belisario Betancur Cuartas. En 1985 se produciría la toma del Palacio de Justicia, lo que significó el más duro golpe de esta agrupación a la institucionalidad colombiana.
En una entrevista realizada a Ricardo Galán por el diario Proceso el 10 de mayo de 1980, el exembajador mexicano habla sobre su percepción del grupo insurgente y sobre la toma:
«Ellos querían el diálogo con el gobierno colombiano; no buscaban un final cruento […] Pienso que es un grupo como ellos mismos se definen, colombiano, sin ideologías ajenas; que trata de buscar una solución colombiana. El objetivo primordial fue atraer la atención mundial sobre Colombia y sobre los problemas que ellos piensan que existen en ese país».
El 9 de marzo de 1990 se firmó el acuerdo de paz entre la insurgencia y el gobierno. Su desmovilización se produjo el 8 de marzo de 1990 con la entrega de armas en el campamento de Santo Domingo ubicado en el departamento del Cauca. Se convirtieron desde entonces en la AD-M19 (Alianza Democrática M19). Después del asesinato de su máximo líder, el abogado Carlos Pizarro Leongómez, quien era en ese entonces candidato presidencial, el grupo se fragmentó y se desvaneció. Algunos de sus militantes fueron hasta hace poco guerrilleros activos bajo otra bandera subversiva, tal es el caso de Pablo Catatumbo, quien se desmovilizó con las FARC-EP en 2017.
Algunos de estos excombatientes son hoy políticos activos. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolff es senador por el Partido Alianza Verde y es aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Everth Bustamante García es senador por el ultraderechista partido Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De otro lado, Gustavo Petro Urrego, exsenador y exalcalde de Bogotá, aspirante a la presidencia por el Movimiento Progresista, actualmente lidera las intenciones de voto según las encuestas.
El hecho de que estos antiguos insurgentes puedan hacer política con las debidas garantías democráticas abre una luz de esperanza para aquellos grupos que, como el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y próximamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encuentra en negociaciones con el Estado colombiano, lleguen a ejercer el poder por las vías legales y no por las vías de hecho. Ese es el gran reto político y social al que Colombia se enfrenta en el próximo cuatrienio.
Sobre el columnista
Coordinador de la Tertulia Literaria Universidad de Antioquia. Normalista Superior, Normal Superior de Envigado. Politólogo Universidad de Antioquia. Director de la Casa de la Cultura Julio César García del Municipio de Fredonia 2009-2011. Docente Centro Educativo Rural Filo de los Pérez del Municipio de Sabanalarga Antioquia 2015. Profesor de Ciencias Sociales, Filosofía y Ciencias Políticas del Colegio Manuel Mejía Vallejo 2012. Columnista de Al-poniente (2017), colaborador de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia-Informa (2018).
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