Paulina Bravo, Pilar Díaz, Valentina Rojas, Claudia Soto*
El carácter social de nuestra producción documental y la necesidad de preservar nuestros archivos, así como de demandar al Estado una eficiente gestión documental, es a lo que les invitamos con esta reflexión sobre los archivos, prueba de nuestra existencia, derechos y luchas.
La editorial del número 27 de la Revista Rufián manifestaba que para concebir un presente y futuro distinto era necesario observar el pasado, con todas las dificultades que eso implica. En este nuevo texto les proponemos un análisis retrospectivo sobre esas dificultades, volviendo sobre algunos de nuestros textos, para retomarlos después de la revuelta social y durante la pandemia. Abordamos diversas temáticas vinculadas a los archivos: movimientos sociales, rendición de cuentas, migrantes y pueblo mapuche; buscando evidenciar las problemáticas en relación a los archivos y su función social. Aplaudimos el aniversario de una década de la Revista Rufián y agradecemos ser parte de este caldo de cultivo.
Archivar las luchas del presente
Paulina Bravo
En el artículo que escribí a finales del 2017, insistía en que no podremos reconstruir el pasado solo con la memoria emanada de los centros de poder. Tal como lo hicieron las organizaciones de defensa de los derechos humanos en dictadura, debemos posicionar nuestros archivos como prueba de existencia de la multiplicidad de relatos que dan cuenta de las luchas actuales. No imaginé en ese entonces que volvería a articularse el movimiento social de tal forma que fuera tan evidente la necesidad de preservar nuestras memorias, y que los archivos se multiplicarían nuevamente en diversas instancias participativas de organización y articulación. Creo que esa necesidad se fundamentó primeramente en el afecto, de guardar algo que nos constituye y es fundamental para nuestra identidad e historia. Creo que eso movió esas primeras necesidades de archivo: las actas de nuestras asambleas, las murallas de nuestra ciudad, los videos y fotografías de las manifestaciones, entre tantos otros documentos que en el contexto de la revuelta son elaborados, compartidos y guardados. Y también, la necesidad de contar con evidencia de la represión y de las innumerables violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ya que esa evidencia una vez más solo sería aportada del lado de las víctimas.
El 22 de octubre del 2019 con AsF difundimos un comunicado en el que manifestamos nuestra preocupación sobre la importancia de proteger los registros que se difundían en redes sociales, los que daban cuenta tanto de la resistencia del pueblo de Chile, como de la represión que ejercen las fuerzas armadas y carabineros. Entre otros temas hicimos hincapié en la urgencia de que las diferentes instancias participativas generaran actas que respaldaran y consolidaran los acuerdos. En sintonía, elaboramos y difundimos por redes sociales un formato de acta pensado en las distintas instancias colectivas que estaban surgiendo y proliferando, argumentando que era fundamental registrar esta información, para luego poder mantener y cumplir los acuerdos, sistematizar, contrastar ideas y sobre todo construir lo que se viene.
Para ese entonces, comenzaron a realizarse diversos cabildos autoconvocados a lo largo de Chile, y con un grupo de nuestras compañeras –Valentina Rojas, Isidora Neira, Luz María Narbona y quien escribe– comenzamos a trabajar voluntariamente en la clasificación y el registro de las actas y otros documentos que cientos de personas habían producido y que eran enviados voluntariamente a un correo electrónico dispuesto por Unidad Social. En estos documentos, gran parte de la sociedad no solo daba cuenta de los espacios de reflexión, sino que también articulaba sus demandas, dando cuenta de la transversalidad y profundidad del movimiento social. Personalmente, para mí fue muy significativo colaborar en la sistematización de esos documentos. Recuerdo noches en que la rabia y el descontento del día se disipaban al encontrarme frente a decenas de actas de reuniones de juntas de vecinos, de familias que decidieron hacer un cabildo después del almuerzo, de asambleas de barrios (en lugares que me obligaba a buscar en el mapa) y que sin duda reconfiguraban un nuevo presente. Esperamos desde AsF que esos documentos sean prontamente de acceso abierto, libre y seguro, ya que aquellos registros son y serán fundamentales para reconstruir la memoria de este proceso.
Repensar, entonces, el valor social de los archivos después de la revuelta social es fundamental, con la urgencia de registrar la memoria de nuestras luchas, para aprender de ellas y contribuir a un nuevo presente. Para terminar quisiera mencionar que como consecuencia de nuestro octubre, se conformó la Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile (ASARCH) definida como “una instancia de reunión, articulación y discusión entre diversos representantes de la comunidad archivística, que pretende poner sus reflexiones, saberes, experiencias y prácticas tanto técnicas como políticas al servicio de las movilizaciones civiles con la finalidad de contribuir a documentar las diferentes manifestaciones políticas, culturales y artísticas, tras la revolución social iniciada el 18 de octubre de 2019” (Declaración de Principios, nov. 2019). La Asamblea está activa al día de hoy y seguimos trabajando.
Archivos para la rendición de cuentas
Pilar Díaz Ellis
Desde 2018 a la fecha, se ha reafirmado la necesidad de contar con archivos que dejen registro de las acciones y decisiones que toma el Estado con relación a la ciudadanía y, a su vez, de las relaciones documentales que existen entre las diferentes entidades que son parte del Estado al realizar sus gestiones administrativas.
Efectivamente, el diagnóstico es claro: sin archivos no hay rendición de cuentas. Pongamos un ejemplo. Frente a la actual pandemia del COVID-19, ¿se está documentando lo que el Estado ha comprado?, ¿se está documentando cómo se lleva a cabo la trazabilidad?, ¿se está documentando cómo se obtienen los datos?, ¿están quedando actas de las diferentes comisiones que se han generado al respecto?, ¿se están documentando las diferentes ayudas que entrega el Gobierno y los criterios para ello? Si revisáramos los archivos generados por los diferentes ministerios (Salud, Hacienda, Economía, Desarrollo social), ¿podríamos rehacer sus actuaciones frente al COVID-19 y, por consiguiente, revisar cómo afectó a la ciudadanía cada una de sus decisiones y acciones?
No es mi intención reiterar en este escrito lo que ya he planteado en el artículo de 2018, pero sí quisiera agregar un punto de análisis que considero se hace necesario con el avance de la tecnología y las formas de registrar acciones y antecedentes en el Estado, y es el tratamiento de los datos. Pasamos de los documentos en soporte papel a los documentos electrónicos, pero ya este documento en sí mismo no nos basta. La existencia de documentos fiables, íntegros y disponibles en el momento oportuno debe servir a la Administración Pública para tomar mejores decisiones, y ahora eso se hace en forma más eficiente a través del manejo de los DATOS. A través de los diferentes sistemas y la tecnología con la que contamos es factible recuperar datos de los documentos (gracias a los metadatos) en forma rápida y adecuada para generar mejores análisis, manejar mayor cantidad de antecedentes y así tomar mejores decisiones, no cinco años después, sino hoy, frente a la contingencia que nos toca.
Sin lugar a dudas el COVID-19 ha traído un incentivo para el trabajo remoto, y esto va indeclinablemente asociado al trabajo con documentos electrónicos. A su vez, en el afán de evitar que las personas se expongan al contagio, muchas instituciones públicas han generado plataformas donde se “digitalizan” trámites. Esta información en general se registra vía formularios que aportan datos como antecedentes para iniciar o apoyar la gestión administrativa necesaria. Estos datos se conservan en Bases de Datos que muchas veces no son consideradas dentro de la Gestión Documental y quedan como entes aislados (generalmente en servidores a cargo de los departamentos TI) y no se los trata como parte del Archivo Institucional, aunque son fundamentales para comprender el inicio y desarrollo de la Gestión Administrativa. Sabemos que de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo y, más ahora, con la Ley de Transformación Digital las acciones del Estado deben quedar registradas en Expedientes Electrónicos. ¿Están esos expedientes considerando estos datos?, ¿cómo incorporamos los datos a este expediente en forma articulada sin generar más trámites, más documentos y complejizar aún más la burocracia estatal? Son preguntas que debemos realizarnos para asumir este desafío y no olvidar esta “pata de la mesa”, no sea que los expedientes nos queden incompletos y no podamos reconstruir estas gestiones.
El desarrollo de la Gestión Documental en el Estado es una gran tarea. Porque no solo deben articularse conceptos archivísticos, sino que estos deben conversar con las nuevas tecnologías y con los procesos dentro de las instituciones. Creo que este es el momento, gracias al impulso de la Transformación Digital, de lograrlo después de tanto tiempo. Por ahora, este desafío sigue pendiente.
Archivos y migración: Continuidades y agudizaciones
Valentina Rojas
Hace más de dos años, al escribir las primeras líneas para pensar la vinculación de los archivos y la migración, nuestras reflexiones giraron en torno a dos ejes: el primero, vinculado a la legislación e institucionalidad racista y discriminadora de nuestro país, cuya aplicación impide que muchas personas migrantes puedan tener la vida digna que buscan en Chile, aumentando así su precarización y vulnerabilidad. El segundo eje del artículo original dice relación con una ineficiencia sistémica –que incluye una deficiente gestión de los documentos que sostienen los trámites exigidos a las personas que migran a nuestro país–, con enormes y crudas consecuencias para las personas migrantes. Ambos ejes se relacionan, siendo el segundo, la ineficiencia sistémica, en realidad consecuencia del primero; consecuencia de una decisión política e institucional de no dar prioridad a estas cuestiones, manteniendo así un sistema que no permite la inserción institucional de las personas migrantes.
Hoy ambas problemáticas se mantienen y, como todos los nudos que durante décadas han aquejado a nuestra sociedad, se han agudizado y mostrado sus rasgos más duros durante estos últimos meses, que comenzaron con la revuelta y el despertar social que vivimos desde octubre del año pasado, y que continúan y se han profundizado durante este período de pandemia que aún atravesamos.
Respecto de la institucionalización de la discriminación, Eduardo Cardoza, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante, señala que el actual proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería, cuya tramitación avanza rápido en el parlamento, “institucionaliza la irregularidad Migratoria y, negando toda la evidencia que hoy conocemos, propone restricciones en derechos; y crea personas de segunda categoría jurídicamente diferenciadas y en una irregularidad generada sistémicamente sin vías de solución normales” (ver Carta Abierta sobre Ley de Migraciones que se discute en Senado).
La ineficacia del sistema, en tanto, es cada vez peor. Según Eduardo Cardoza, la “situación de trámites administrativos se agravó pese a que supuestamente digitalizaron la entrega de visas y algunos trámites. Escondieron las filas detrás de obstáculos ahora virtuales. Con la pandemia el DEM (Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública) no atiende presencialmente, pero no resuelve mucho virtualmente, lo que hace caer en irregularidad a personas que estando regulares deban renovar documentos y tengan que hacer trámites y no puedan concluirlos en fecha por inoperatividad del sistema oficial”.
Por su parte, el contexto social y la coyuntura de salud y las reacciones políticas que se desprenden de ellas también han traído nuevos elementos para observar. En el contexto de la revuelta, se visibilizaron y tomaron más fuerza las posiciones previas: quienes ya tenían conciencia y solidaridad con las personas migrantes, dieron más fuerza a esa solidaridad, incluyéndolas en las demandas por más derechos y construcción de una sociedad más justa; mientras tanto, muchas hermanas y hermanos migrantes participaron y fueron parte de la revuelta, a pesar de las amenazas recibidas por parte del gobierno. En la otra vereda, en tanto, hemos visto durante estos meses que la xenofobia y el racismo se han acrecentado o al menos se han dejado ver ya sin tapujos.
Algo similar ha ocurrido a partir de la irrupción de la pandemia: las personas migrantes han sido parte de los grupos más empobrecidos, vulnerables y golpeados por la crisis, tanto de salud como económica. Al unir esta problemática con la política de institucionalización de la irregularidad, recordamos las preguntas que nos hicimos hace más de dos años: ¿cómo puede alguien que para el Estado chileno “no existe”, exigir sus derechos? Nuevamente hay una invisibilización sistemática y una vulneración de derechos; nuevamente no caben en los índices, ni en las estadísticas, ni en las listas de beneficiarios. Sin embargo, tal y como el resto de quienes han quedado en el abandono por las insuficientes e inoperantes políticas de apoyo para superar la crisis, las personas migrantes se han hecho parte de las redes de apoyo y solidaridad levantadas por el pueblo organizado.
Dignidad en mapuche: oralidad, derechos y archivos
Claudia Soto Cabello
A finales del año 2017, la hermosa invitación a abordar los archivos en su relación con la exigencia de derechos sociales, me llevó a entrevistar a dos jóvenes historiadores mapuche, Fernando Pairican y Claudio Alvarado.
Desde esa fecha la demanda por derechos del pueblo mapuche creció en prestigio y la articulación entre trabajadores y trabajadoras de los archivos no se quedó atrás y fue parte, como muchos otros, de ese remezón político y social que fue el estallido, cuyos ecos resuenan y laten en las entrañas de nuestra sociedad, pues sus razones, sus demandas, sus urgencias, están del todo presentes.
Ese 2017 Fernando Pairican nos aportó al identificar la importancia del uso de fuentes escritas en la estrategia de reclamaciones territoriales del pueblo mapuche, como por ejemplo, las mercedes de tierra, entregadas en la ocupación de la Araucanía y el confinamiento de las comunidades mapuche a las reducciones. Pero asimismo, matizó destacando la importancia de la memoria oral como fuente profunda y arraigada de las comunidades mapuche, oralidad que complementa las fuentes documentales escritas obtenidas desde el archivo.
Claudio Alvarado nos habló de su naciente proyecto de archivo de familias mapuche migrantes del campo a la ciudad, también producto del despojo territorial. Claudio concebía las fotografías familiares que pudo recopilar como parte de “un archivo que se escapó del Archivo Colonial”. Y en relación a la importancia que como historiador mapuche le asigna a los archivos, nos respondió tajante: “… una guerra de baja intensidad implica desmoralizar al otro, desmoralizar al enemigo, al antagonista. Y esta desmoralización pasa por que el otro no pueda reconstituir su propia historia, no pueda elaborar su destino propio, su destino colectivo. Y muchas veces ese destino está enraizado a una memoria, a una historia y el archivo tiene esa intención también”.
Cuando escribo estas líneas los presos políticos mapuche aún están en huelga de hambre, se dice que la más larga de nuestra historia. ¿Su demanda? La aplicación del Convenio 169 de la OIT, sobre formas alternativas al encarcelamiento, ratificado por el Estado de Chile desde el año 2009. El fondo de su demanda es la recuperación territorial. Leo una consigna que casi palidece en una muralla en el centro de Santiago: Todos tenemos sangre mapuche, los ricos en sus manos, los pobres en el corazón. Y pienso que los archivos también están de su lado, porque a fin de cuentas los archivos no saben mentir. En Angol, centro mismo de la huelga de los PPM, un archivo es parte de la resistencia mapuche. Se trata del archivo que alberga el Museo Histórico de Angol Julio Abasolo Aldea, dirigido por Hugo Gallegos. Este archivo se formó con documentación rescatada del antiguo Archivo Judicial. En 1974 se dio la orden de quemar todo lo que allí hubiera, especialmente los documentos relacionados con juicios de tierras mapuche, juicios que tenían los grandes hacendados y testamentos de algunos caciques. Además, los documentos de este archivo sobrevivieron a un incendio el año 2009 y, por si fuera poco, a inicios de marzo de este año, Carabineros del OS9 requisaron armas históricas resguardadas en el Museo, llevándose detenido a este gestor cultural e historiador local. A buena hora, y a pocos días de la detención, los tribunales respaldaron a Hugo Gallegos. Por estos breves pasajes, nos reafirmamos que la dignidad mapuche se sostiene en la profunda tradición de su oralidad, convertida en memoria candente; la urgente demanda por sus derechos y los archivos que son prueba y testimonio que una lucha centenaria solo puede mantenerse tan viva si se lucha por lo justo.
* Paulina Bravo Castillo: Magíster en Archivística por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en el Diplomado de Postítulo en Archivística de la Universidad de Chile y el Archivo Nacional de Chile.
Pilar Díaz Ellis: Máster en Archivística por la Universidad Carlos III, Máster en Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información. Actualmente trabaja como archivera experta en el Proyecto de Modernización del Archivo Nacional de Chile.
Valentina Rojas: Archivera; actualmente trabaja como Profesional de Apoyo del Archivo Nacional, en el Diplomado de Postítulo en Archivística de la Universidad de Chile y el Archivo Nacional, y en diversos proyectos como archivera independiente.
Claudia Soto Cabello: Archivera, Periodista, Docente e investigadora en Historia. Integrante de Archiveras sin Fronteras AsF-Chile y Asociación Latinoamericana de Archivos ALA.
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