Francisca Fernández Droguett*
No hay duda de que una de las principales demandas es que el acceso al agua sea reconocido como derecho humano, pero también es fundamental que sea considerado como derecho de la naturaleza, en tanto justicia restaurativa y defensa de los ciclos y flujos hidrológicos, de las memorias de los diversos cuerpos de agua, donde somos uno de esos cuerpos.
Habitamos territorialidades que históricamente han constituido espacios a despojar donde se sitúan corporalidades desechables. Los pueblos originarios, afro, migrantes, campesinado y sectores populares urbanos han sido catalogados bajo la premisa neoliberal como lo sobrante, pero a su vez lo peligroso, restringiendo el desarrollo de la verdadera humanidad, por esa humanidad capitalista devastadora de ecosistemas, en que se privilegian las ganancias por sobre esas vidas. No hay duda de que somos ese caldo de cultivo a erradicar, siendo una situación de riesgo nuestra propia existencia, porque somos el reflejo de otro horizonte posible, el vivir más allá del capitalismo.
En el Nº 19 de la revista Rufián, llamado «Hasta la última gota. Territorio e hidropolítica mercantil en el Chile neoliberal», pudimos develar el despliegue del gran capital en los territorios, a través de varios casos de contaminación y sequía que dan cuenta de una crisis hídrica en Chile, amparados en el Código de Aguas de 1981, que impuso la mercantilización de este bien comunitario, el saqueo y la desterritorialización de comunidades. La gestión de las aguas devino en una gestión empresarial bajo idearios de desarrollo y progreso, en el marco de un modelo de acumulación primario exportador.
Considerando la lectura del número en cuestión, es fundamental visibilizar que no solo la mercantilización de las aguas opera como política de despojo y precarización para los pueblos, sino que se instituye desde una visión instrumental sobre lo que se concibe como naturaleza, por lo que la lucha por la desprivatización del agua y los territorios también pasa por la descolonización de la naturaleza.
La naturaleza ha sido concebida desde la modernidad de la razón instrumental como una entidad a ser dominada, explotada, consumida y también contemplada, y se la asocia a lo salvaje, lo indígena, lo femenino y lo caótico, a diferencia de la cultura como el espacio del orden, la razón y de lo masculino (Costanzo, 2017). La dualidad naturaleza versus cultura será uno de los componentes desde donde se esgrime la colonización de esta, pero además su esencialización desde la imposición de un patrón hétero-normativo.
La naturaleza deviene en un campo de recursos a explotar, perpetuando relaciones económicas globales en que territorios como América Latina proveen de las mal llamadas materias primas para las economías centrales (Gudynas, 2015), por lo que siempre serán espacios despojados para la generación de privilegios de los nortes espaciales como simbólicos. Pero también se ha convertido en un bien de consumo, de contemplación, en tanto “parcela de agrado”. La naturaleza en el imaginario colonial actual es donde pasar las vacaciones, donde descansar, el lugar bonito al cual acudimos en el tiempo de lo no productivo, perpetuando de igual forma su cosificación.
La lucha por la desprivatización de las aguas en Chile no puede estar separada de un proceso crítico a la mirada antropocéntrica en que muchas de las luchas socioambientales aún se mantienen. No hay duda de que una de las principales demandas es que el acceso al agua sea reconocido como derecho humano, pero también es fundamental que sea considerado como derecho de la naturaleza, en tanto justicia restaurativa y defensa de los ciclos y flujos hidrológicos, de las memorias de los diversos cuerpos de agua, donde somos uno de esos cuerpos.
Descolonizar la naturaleza implica asumir una mirada más allá de lo humano, reconociendo la coexistencia de diversas formas de vida en un espacio, que conforman, como diría Rengifo (1995), una comunidad de parientes, en que los ríos, cerros, montañas, espíritus y muertos son parte constitutiva.
En este andar, la derogación del Código de Aguas y la creación de un nuevo cuerpo normativo se erigen como actos fundantes de reivindicación de una nueva forma (que en muchos casos no tiene nada de nuevo) de concebir la gestión del agua desde lo comunitario y los diversos territorios. Es por ello que, a su vez, los derechos de la naturaleza son parte también de la autodeterminación de los pueblos. Es así que no es casualidad que el lago Lleu Lleu, territorio bajo control comunitario del pueblo mapuche del sector, sea uno de los lagos más limpios del continente.
Pensarnos como parte de la naturaleza y como cuerpos de agua, desde economías territoriales solidarias y gestiones comunitarias, es situarse también y necesariamente desde una lucha anticapitalista y antiextractivista (Salazar, 2017), para lo cual es primordial una transición ecológica hacia mundos en que quepan muchos mundos, como dijeran las y los zapatistas, y uno de los ejes a desmontar es la hidropolítica del despojo desde los diversos instrumentos privatizadores existentes, la cual se ha visto intensificada en el marco actual de pandemia.
En el año 2020 se ha quintuplicado el ingreso de proyectos extractivistas para su evaluación ambiental, pues uno de los pilares del plan de reactivación económica del segundo gobierno de Sebastián Piñera es el incentivo a la megaminería. No olvidemos, además, que en estos últimos años los diversos gobiernos de turno han insistido en superar la crisis hídrica mediante la construcción de embalses, desalinizadoras y la proyección de carreteras hídricas, todas soluciones que siguen operando bajo el criterio de las ganancias y del despojo territorial.
La criminalización de defensoras y defensores de los territorios y de las aguas se ha convertido en otro de los pilares de la hidropolítica del despojo. Basta con recordar el feminicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz el 22 de agosto del 2016, en Tranguil, Panguipulli, territorio mapuche, ante el rechazo de la comunidad a la construcción de una hidroeléctrica de paso por parte de la empresa transnacional RP Global, hoy RP Arroyo. Macarena aparece colgada en las afueras de su vivienda, mientras se encontraba acompañada de su hijo menor, lo que supuestamente correspondía a un suicidio, pero esto fue desmentido por una serie de peritajes solicitados por la familia y la comunidad. Macarena fue asesinada y luego colgada.
Otro caso fue el encarcelamiento del Lonko Alberto Curamil, del Lof Radalko, en la localidad de Curacautín, quien junto a diversas comunidades mapuche logró frenar una serie de proyectos hidroeléctricos en torno al río Cautín. En 2018 fue arrestado por una supuesta acción delictiva. Mientras cumplía prisión preventiva recibió el Premio Ambiental Goldman, conocido como el Premio Nobel Verde, y posteriormente fue liberado y declarado inocente por el hecho imputado.
A pesar de la persecución, las resistencias territoriales tanto en el campo como en la ciudad se multiplican, a partir de la agroecología, las huertas urbanas, el cuidado de semillas nativas, de gestiones comunitarias del agua, de redes de intercambio y abastecimiento popular, las cuales posicionan con fuerza otras formas de producir, distribuir y consumir, sobre la base de la solidaridad, el apoyo mutuo entre pueblos, el cuidado de los ecosistemas y de la naturaleza.
Referencias bibliográficas
Costanzo, Mariagiulia (2017). “Extracción de mujeres: la base económica del extractivismo neoliberal. El caso de Cajamarca, Perú”. Congreso El Extractivismo en América Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales, Instituto de Estudios Sobre América Latina de la Universidad de Sevilla.
Gudynas, Eduardo (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Rengifo, Grimaldo (1995). “La crianza recíproca: biodiversidad en los Andes”, Biodiversidad 2, pp. 34-39.
Disponible en: file:///C:/Users/One/Downloads/original%20(1).pdf
Salazar Ramírez, Hilda (2017). “El extractivismo desde el enfoque de género: una contribución en las estrategias para la defensa del territorio”, Sociedad y Ambiente 13, pp. 35-57.
* Antropóloga, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT, del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y de la Cooperativa de Abastecimiento Popular La Cacerola (Ñuñoa).
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