Equipo Editorial
Rufián Revista
Existen imágenes que logran anticiparse a una acción. Se anticipan tanto que muchas veces quedan suspendidas por fuera de los marcos de lo comprensible. La violencia, el desprecio por la vida, las violaciones a los derechos humanos, la criminalización de la protesta. Acciones, todas, que sobrepasan lo que deberíamos soportar como un posible. Tomó muchos años darnos cuenta de que los fantasmas que habitaban estas imágenes, estaban íntimamente relacionados con los resabios de una dictadura que instaló muy profundo en nosotres la desigualdad; por ello, durante el invierno pasado, como colectivo nos enfrentamos a la necesidad de abordar el tema de la niñez y su constante vulneración por parte del Estado en Chile. Mucho tiempo pasó desde ese primer impulso, interrumpido y sostenido frágilmente por las movilizaciones sociales que se desplegaron desde octubre en adelante, mirando y siendo parte de un sinfín de nuevas y renovadas imágenes de la represión que atentó contra nuestros cuerpos, nuestra dignidad, nuestro legítimo derecho a manifestarnos.
A partir de ese invierno, varias noticias incendiaron esa inquietud, pues fuimos testigos nuevamente de una brutal ofensiva de parte de las autoridades del país para legalizar la criminalización de la infancia: Aula Segura, el toque de queda para les niñes, la represión y militarización del Instituto Nacional; a lo que se sumaban otras realidades de máxima urgencia como la situación del SENAME y el constante asedio que sufren les niñes en Wallmapu. Desde esa trinchera nace la idea de este número, segunda edición del año 2019, que quedó suspendida dada la necesidad de ser parte otros frentes y otros espacios, similares, convergentes, que exigían exponernos en un campo de batalla para esta y otras luchas posibles. El nuevo escenario de revuelta popular, cruzado por una enorme densidad de emociones, esperanzas, afectos e incertidumbre, nos obligó a parar nuestro trabajo y repensarlo. Sin embargo, un hecho se nos hizo evidente: las numerosas estructuras que advertimos como graves violaciones a los derechos de les niñes, están ligadas íntimamente con la opresión que estalló ese 18 de octubre y que nos tiene, hasta hoy, en una lucha histórica por cambiar nuestras condiciones de vida.
Bajo este horizonte vacilante, nos encontramos de pronto en medio de una pandemia de carácter global que pone en claro entredicho la visión de un mundo sólido, en términos de sistema económico y social, visión que paulatinamente ha perdido fuerza hace meses o tal vez años, al menos en Chile, y no precisamente a propósito del virus. Junto con esto y como si fuera poco, una gran interrogante sobre el rol del Estado se hace presente en este contexto, un Estado que se ha hecho cargo de vulnerar nuestros derechos sistemáticamente y al que hoy debemos confiarle nuestras vidas, queramos o no. En este escenario, y como un rebrote del fuego del pasado invierno, fuimos nuevamente testigos de un andamiaje más de este – ya desvencijado – modelo: la publicación del “convenio” suscrito entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que nos permitió entrever una vez más, la voluntad del gobierno por criminalizar la infancia y la pobreza de les niñes que el mismo Estado tiene a su cuidado.
Así fue como nos decidimos a publicar, pero partamos por el principio.
El salto al torniquete realizado por les estudiantes secundaries es esa voluntad de desmontar los mecanismos que oprimen a las personas y predeterminan el espacio de realización de sus capacidades desde que nacen. Torniquetes diarios como aquel que regula el acceso a la educación, la salud y los derechos en general, repercuten en un sistema que dota a algunos de ciertos pequeños privilegios para asegurar su participación en la realización del mercado y deja al resto morir. Esto es particularmente cierto en las instituciones que tienen por deber garantizar los derechos de la niñez, mediante las cuales el estado segrega, criminaliza y clasifica a les niñes de acuerdo a su origen, condición social y capacidad productiva. Esto, lejos de ser un elemento más de la crisis social, se impone como el marco ético del modelo y de nuestra fallida democracia. En cada una de sus aristas, el problema de la violencia de estado contra les niñes en Chile determina todas las dinámicas de nuestra convivencia, nos aleja de cualquier posibilidad de justicia social y, en su peor cara, naturaliza el daño permanente a esos cuerpos “otros”, empequeñecidos y subordinados, que no caben en la maquinaria neoliberal.
El presente número se inicia en el sur, con un recordatorio en forma de advertencia sobre lo cerca de la muerte que están les niñes del Wallmapu a causa de la omisión de su existencia. Desde allí nos movemos a otro espacio que tiene por misión cuidarles y educarles, pero que hoy, al igual que en dictadura, se ve invadido por la fuerza policial, oprimiendo cualquier expresión política por parte de quienes integran esa comunidad educativa, en tanto que cualquier actitud fuera de esa normalidad esperada por el Ministerio de Educación es automáticamente calificada como un delito. Sumándose a esto, la Red contra la represión a estudiantes, nos alerta en su artículo titulado: El crimen de ser estudiante pobre, sobre la estigmatización que sufre el colectivo organizado más masivo y visible de la revuelta popular de octubre: el movimiento de estudiantes secundarios. Asimismo y estableciendo vínculos entre la discriminación y los modos participación política de les niñes y adolescentes, el artículo de Juana Aguilera profundiza en la discriminación como arma de desmantelamiento de la organización política estudiantil.
Luego, en directa relación con la criminalización de les niñes y adolescentes, Domingo Lovera hace un análisis sobre el efecto de la penalización de les adolescentes en la garantía y ejercicio de sus derechos. Esta disputa planteada por Lovera se cristaliza en la columna de Laura Manzi Araneda sobre la necesidad de concebirlos como sujetos autónomos capaces de sentir y manifestar interés por organizarse y ser independientes. En misma línea, el Comité de Niñez de la Coordinadora Feminista 8M expone sobre la necesidad de situar a les niñes y adolescentes como protagonistas de la lucha social, reivindicando sus demandas mínimas.
La niñez migrante también ocupa un espacio relevante en la construcción del relato de este número, especialmente en un artículo que problematiza las facetas de la discriminación a la que está expuesta la infancia migrante en Chile, con el racismo presente en los diferentes ámbitos de socialización de les niñes y el concepto de interculturalidad difícilmente incorporado en el sistema educativo. Finalmente, la perspectiva de les niñes se plasma en el artículo de Constanza Tizzoni, quien recopila y reflexiona sobre imágenes de dibujos realizados por niños y niñas en el contexto del estallido o revuelta social de octubre de 2019 en nuestro país.
Entender a les niñes como sujetos políticos relevantes para la sociedad implica necesariamente asegurar las condiciones de vida que les permiten desarrollarse de dicha forma. Para ello se requiere contar con un sistema integral e integrado de seguridad social, mediante el que se garantice un piso que quiebre la correlación directa entre el nivel de estudios de los padres, madres o cuidadores, con las características de las trayectorias de vida de sus hijes. Un sistema que se impulse sobre la convicción de que la dignidad de las personas no se define en función de su capacidad de consumo o copago, sino todo lo contrario: la dignidad debe ser una garantía para la existencia de todes, desde la primera infancia.
Así, les invitamos a recorrer las páginas de este número que busca dar continuidad a la reflexión más reciente, sobre los nuevos mundos libres de violencia para niños, niñas y adolescentes que podemos imaginar y construir.
Comentarios
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.