Lecciones y reflexiones sobre el rol de las ciencias sociales y de la universidad en el debate político y la deliberación cultural.
Claudia Moreno Standen[1]
Se presenta una reflexión respecto de lo que ha significado llevar un proyecto con un fuerte énfasis en la incidencia, algo que no es muy habitual en la universidad. En general, los/as académicos/as tienden a llevar sus proyectos de investigación en carriles paralelos a su participación en la discusión pública. En este caso se realizaron acciones de incidencia política desde la misma universidad, lo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre el rol de las ciencias sociales en el debate político y la deliberación cultural.
La necesidad de investigación social sobre el aborto en Chile
Durante los últimos veinte años el tema del aborto estuvo casi ausente de las agencias de investigación y, carente de financiamiento, las universidades y centros de estudio lo investigaron escasamente; incluso hasta ahora el Estado no lo ha incluido en sus estudios sobre salud ni género. Hasta hace un tiempo agencias internacionales habían financiado investigaciones a instituciones académicas independientes y ONG, manteniéndose como un tema marginal en las universidades. A pesar de los esfuerzos, solo ha habido avances parciales y fragmentarios, para la comprensión de un fenómeno altamente complejo en la sociedad chilena.
Esta situación ha generado que hasta ahora no haya una producción suficiente de conocimiento que pueda solventar los debates políticos y las políticas públicas. El debate en torno al aborto en Chile se ha constituido históricamente en un campo de contestación político y moral, en el que los ejes del debate sociopolítico en torno a su despenalización, tal como ha ocurrido en otros contextos, se han limitado al debate bioético sobre el comienzo de la vida humana, sobre la cuestión del derecho a decidir de las mujeres versus los derechos que potencialmente tendría el que está por nacer, así como por las posibilidades y los límites políticos que definirían las circunstancias de un aborto. En este sentido, asuntos que atañen a la investigación social, como los procesos sociopolíticos involucrados y, muy especialmente, la experiencia de las mujeres habían estado relegados de la discusión.
En 2014 se abre una oportunidad al interior de la Universidad de Chile para conformar un programa de investigación sobre el aborto, cuyo financiamiento surge a través de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Artes, las Humanidades, las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación (IBJGM) y su Fondo de Investigación/Creación que buscaba apoyar proyectos con fuerte énfasis en el valor público y de carácter interdisciplinario. De esta manera surgen las condiciones que permiten articular intereses y esfuerzos de distintas académicas que se encontraban dispersos al interior de la Universidad.
Esta oportunidad coincide con el inicio de una nueva fase en el proceso de legalización/penalización del aborto, a partir la propuesta del gobierno (2014) de despenalizar el aborto en las causales de inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la mujer y embarazo cuyo origen es la violación. Esta coyuntura nacional constituía un escenario privilegiado para observar el proceso sociopolítico y condiciones socioculturales de la posibilidad de la modificación del estatuto jurídico. A su vez, el contexto de discusión de una ley de despenalización del aborto en Chile, abría una oportunidad para la incidencia.
El programa, coordinado desde la Facultad de Ciencias Sociales, pero que integra también a la Facultad de Medicina y al Instituto de la Comunicación e Imagen, junto con organizar una agenda de investigación en tres áreas, además de actividades de docencia, extensión y difusión, se planteó la realización de actividades poco usuales en la academia: trabajar activamente en la incidencia, a través de la presencia y participación en las sesiones parlamentarias, la elaboración de minutas y documentos para la discusión y la articulación sostenida con otras organizaciones[2].
Sexualidad, sociedad y política: Lecciones de la formación de un programa de investigación
Era sabido para quienes formamos parte del programa que transformar el aborto en objeto de estudio y en un campo de investigación no resultaría sencillo, pues los marcos institucionales universitarios podían constituirse en obstáculo para ello. Así, el programa tuvo que enfrentar dificultades de tipo académico (como la disparidad de criterios con que operan los Comités de Ética de cada facultad), administrativo (decisiones de Contraloría internas), así como quejas de algunos sectores de académicos que evaluaban que el respaldo institucional a un programa que de manera manifiesta quería contribuir a la despenalización del aborto, significaba un atropello a la libertad de pensamiento de cada uno de los miembros de la comunidad, que no se sentían representados con dicha postura. Sin embargo, la coyuntura animó y posibilitó la generación de debates colectivos en torno al aborto inducido y sus eventuales consecuencias políticas. La Universidad de Chile avanzó en pluralismo y ejercicio crítico, siendo fiel a su misión institucional y a los valores que la guían.
Sin embargo, lo anterior no hubiera sido posible sin el compromiso y la colaboración de IBJGM, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y, en especial, de la Oficina de Igualdad de Género, que posibilitó la articulación con otras iniciativas de las mujeres feministas de la universidad. Ello es un reflejo de su compromiso político, más allá de que el proyecto cumplía con los requisitos y estándares de calidad académica y del respeto a la autonomía intelectual de sus académicas.
Respecto del desarrollo de los estudios que componen las líneas de investigación del programa, tampoco el camino estuvo exento de complicaciones. Como se ha señalado, la investigación social sobre el tema del aborto en Chile contiene un carácter paradojal en diversos aspectos, pero aquel más evidente es que si bien la investigación es fundamental para comprender la complejidad de una práctica ilegal, así como para informar a la deliberación política y la argumentación cultural, la ilegalidad y clandestinidad del fenómeno, son un obstáculo para su realización. Esto atañe desde la imposibilidad de su registro en el sistema de estadísticas de salud, y, por ende, la variabilidad de cifras en torno a su estimación, hasta la dificultad de acceso a personas informantes, ya sea a mujeres que se han realizado abortos, como a sus proveedores, por el estigma social asociado a una práctica ilegal. Otro tema que surgió es respecto de las garantías de confidencialidad que se les debe proveer, y si es ético entrevistar a alguien cuyo delito todavía no haya prescrito, por las evidencias que su testimonio pudiera generar. Destrabar este tipo de impasses supone un avance para la formulación de futuras investigaciones.
El rol de las ciencias sociales en el debate político y la deliberación cultural
En general, los/as académicos/as tienden a llevar sus proyectos de investigación en carriles paralelos a su participación en la discusión pública. Cuando se activa una participación en la contingencia, como la que las investigadoras de este programa han llevado a cabo en el último tiempo, surgen naturalmente cuestionamientos respecto de la competencia política de la academia. Y es que la academia es percibida –no sin razón– como un lugar desde el que se observa a distancia, que tiene una relación abstracta con los problemas sociales, situada en una posición ajena a las tensiones del quehacer de la política, que “dicta cátedra” desde una comodidad que le permite ser crítico y cuestionar sin “perder”. También se expresa una crítica respecto de su representación: ¿puede una universidad, o más bien sus académicos, tener representación política?, ¿a quiénes representaría? Ello nos lleva a reflexionar en relación al lugar que le corresponde a las ciencias, en particular a las ciencias sociales, en los debates políticos y las deliberaciones socioculturales.
A pesar de que el debate sobre el aborto parece fundar buena parte de sus argumentos en la ciencia, no hay una producción de conocimiento suficiente que pueda solventar dicho debate, y esto no solo se refiere a las ciencias sociales, sino a diversos ámbitos del conocimiento. En general, se suele operar con escasa evidencia empírica, y por ello, con mayor proximidad a sentidos comunes y/o propuestas éticas y principios morales. En este sentido, se debe reconocer que la producción misma del conocimiento es parte de la disputa cultural y política. Ejemplo de ello es el argumento de que, basado en la baja mortalidad materna registrada por aborto, se deduce que esta es una práctica actualmente infrecuente en la sociedad chilena, y que por lo tanto, su legalización se hace innecesaria[3].
La tentación de cientifizar el debate se hace mayor toda vez que la capacidad de deliberación política se ve limitada. El debate sobre la anticoncepción de emergencia es ejemplo de esto: una decisión que debía informarse en la ciencia, pero fundamentarse en la política, quedó durante un periodo trabada en la discusión pública sobre los efectos abortivos o no abortivos de la píldora, soslayando del debate sus argumentos políticos, es decir, el reconocimiento del derecho de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos. El lugar de las ciencias sociales es la de informar el debate, pero ella no debe eclipsar ni sustituir una discusión que debe ser, antes que todo, política y cultural[4]. Ello no se funda en una apuesta por la neutralidad u objetividad de la ciencias; el conocimiento es en sí mismo un hecho político y la tarea de las ciencias sociales pasa por una ruptura epistemológica con las representaciones del sentido común, así como con los discursos hegemónicos de lo social movilizados por las élites político-económicas[5], pero la cientifización del debate siempre tiene el riesgo de vestir con ropaje secular argumentos que son morales y religiosos.
Como señala Bozon[6] la investigación social en sexualidad ha de tener el propósito de reducir las brechas entre las representaciones del sentido común, las expresiones visibles de la sexualidad y la realidad de las experiencias individuales. En este sentido, la investigación no solo debe servir como insumo a la definición de nuevas políticas, sino que debe asumir una función crítica: aportar a la renovación de la mirada y alimentar tanto la reflexividad individual como el debate político, el advocacy y el cuestionamiento público a las normas vigentes. Esperemos que este programa sea una contribución a ello, pues es la tarea política del académico.
[1] Psicóloga y candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Es investigadora del proyecto “Sexualidad, sociedad y política: programa de investigación del aborto en Chile”, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
[2] Para conocer las distintas áreas y actividades del proyecto “Sexualidad, sociedad y política: programa de investigación del aborto en Chile”, por favor revisar el sitio web http://investigacionaborto.uchile.cl
[3] Koch, E., Thorp, J., Bravo, M., Gatica, S., Romero, C. X., Aguilera, H., & Ahlers, I. (2012). “Women’s education level, maternal health facilities, abortion legislation and maternal deaths: a natural experiment in Chile from 1957 to 2007”. PloS One, 7(5), e36613. ‹http://doi.org/10.1371/journal.pone.0036613›
[4] Fassin, É. (2005). “Usos de la ciencia y ciencia de los usos. A propósito de las familias homoparentales”. Debate Feminista, 32:391–408.
[5] Bourdieu, P. (2000). Los usos sociales de la ciencia. Buenos Aires: Nueva Visión.
[6] Bozon, M. (2009). “Las encuestas cuantitativas en comportamientos sexuales: emprendimientos sociales y políticos, productos culturales, instrumentos científicos”. Sexualidad, Salud y Sociedad, (3):154–70.
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