Por el derecho a decidir

* Constanza Villa Ojeda.

Chile penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, generando así una limitación al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer consideran desde su marco el derecho a decidir un aborto en condiciones seguras y libres de discriminación. Estas condiciones se violan al penalizar la práctica del aborto inducido en todos sus aspectos.

Lo que ocurre en Chile

En el Código Penal chileno se ubica al aborto en el capítulo denominado “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”. Este data de 1896 y es el más antiguo de América Latina; las diversas hipótesis de penalización del aborto que incluye fueron tomadas del Código Penal español de 1850.

El Código Penal castiga todo tipo de aborto intencional, así como los abortos causados por un acto violento contra una mujer cuyo embarazo es evidente, sin importar la intención del agresor. La ley castiga tanto al que practica el aborto como a la mujer que consiente en ello, y establece mayores penas para los profesionales médicos. La pena por el delito es de tres a cinco años por obtener un aborto, y de 541 días a tres años por proveer un aborto. A pesar de los términos restrictivos del Código Penal, el aborto terapéutico fue permitido por el Código Sanitario entre 1931 y 1989. En este lapso, la mujer cuya vida estuviera en peligro podía obtener un aborto si contaba con la aprobación de dos médicos. En 1989, durante las últimas semanas de la dictadura militar de Pinochet, fue eliminada la excepción del aborto terapéutico. El argumento fue que “a la luz de los avances de la medicina hoy en día, el aborto terapéutico no está justificado bajo ninguna circunstancia” (Centro de derechos reproductivos; Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, 1998)

Siguiendo la lógica de la ley chilena, si bien se consagra el derecho a la vida de todas las personas, el de las mujeres está condicionado a que respeten los embarazos aun cuando no sean deseados o sean producto de la falla de los medios anticonceptivos, o del desconocimiento sobre formas correctas de uso, o de la violencia sexual, y aunque pongan en riesgo su propia vida. Sobre esta base, la vida de la mujer, incluido su cuerpo, no constituye sino un depósito respecto del cual ella no tiene ninguna autoridad, y el Estado, toda. A pesar de esto, las mujeres siguen abortando como medida última ante un embarazo no deseado.

Los profesionales de la salud tienen una obligación con sus pacientes en cuanto a la confidencialidad y respeto a la vida privada e intimidad de estos, que los compromete desde el punto de vista ético. El artículo 10 del Código de Ética del Colegio Médico de Chile señala que la confidencialidad de la relación médico-paciente es un derecho y deber del profesional, incluso cuando el paciente no está a su cuidado.

Sin embargo, el artículo 84, No. 5, del Código de Procedimiento Penal señala que están obligados a denunciar: “Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y otras ramas relacionadas con la conservación o restablecimiento de la salud, y los que ejerzan como profesionales auxiliares de ellas, que noten en una persona o en un cadáver señales de un crimen o simple delito”. Por su parte, el artículo 494, No. 9, del Código de Procedimiento Penal tipifica como falta el no haber realizado la denuncia a la luz del precepto antes citado, cuando sanciona al “facultativo que, notando en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere parte a la autoridad oportunamente”. Con frecuencia se citan estas dos últimas normas para plantear la obligatoriedad de denunciar y, en algunos casos, como justificación que encuentra eco entre médicos y abogados.

La mayoría de las denuncias de aborto en Chile son denuncias institucionales, es decir, aquellas que proceden de hospitales, carabineros, poder judicial y otras instancias o personas que, al denunciarlo, obran a nombre de una institución o en virtud de su pertenencia a ella. El denunciante institucional más importante ha sido el hospital público. Cabe resaltar que no se observa ninguna denuncia proveniente de hospitales o clínicas privadas.

En el Código Penal chileno, la pena por aborto varía según quién ha cometido el delito. De acuerdo a lo dispuesto por la ley, la mujer que ha consentido en su propio aborto es castigada con presidio menor en su grado máximo (3 a 5 años). Si la mujer realizó el aborto para ocultar su deshonra,el denominado aborto honoris causa,la pena es de 541 días a tres años. Los terceros que causan abortos tienen un marco penal más benigno. Si el tercero que causa un aborto no tiene la calidad de médico, la pena legal asignada es de 541 días a tres años. Si quien realiza el aborto es un profesional de la medicina, la pena es de un grado mayor.

La atenuante por el honor nos demuestra la visión patriarcal de Chile, y que la penalización del aborto es para asegurar el cumplimiento de normas morales y las restricciones que socialmente se han impuesto al comportamiento sexual de las mujeres.

A pesar de que el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, estimaciones sugieren que se registran 3,5 abortos por cada 10 embarazos en Chile, y que 50 de cada 1000 mujeres tiene riesgo de provocarse un aborto. Chile se encuentra entre los países de la región con uno de los niveles más altos de aborto, además cuenta con el índice más alto de criminalización en América Latina. Las mujeres procesadas por aborto son jóvenes, con hijos/as, con o sin relación de pareja estable, de baja escolaridad y de escasos recursos, identificadas en los recintos hospitalarios donde fueron atendidas. Son poco comunes procesamientos en contra de médicos o matronas. Cabe señalar que, según cifras del Ministerio Público, en el año 2003 de un total de 69.960 causas ingresadas solo 29 corresponden a aborto, es decir 29 imputadas, de las cuales 19 son mujeres, 2 son hombres y 8 sin información. Estos datos corresponden a seis regiones del país donde se estaba implementado la Reforma Procesal Penal. (Guillaume y Lerner, 2006: capítulo 3)

Qué dicen los Derechos Humanos

El derecho al aborto se encuentra enmarcado dentro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, consignados en distintas Conferencias Internacionales de Derechos Humanos (El Cairo, 1994; Beijing, 1995). Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con el derecho a decidir libremente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de información y de los medios para ello; el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, sin ningún tipo de discriminación o coacción. Como parte de este compromiso, se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable. La salud reproductiva también incluye la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.

Los derechos sexuales y reproductivos se asocian a otros derechos humanos, reconocidos en instrumentos internacionales de derecho humanos, ratificados por Chile, tales como el derecho a la vida, lo que implica el derecho de la mujer a no morir por prácticas de abortos riesgosos, en condiciones inadecuadas. El derecho a una salud reproductiva implica obtener información y servicios adecuados de atención de salud, tanto en embarazos, partos y complicaciones de un aborto. El derecho a la libertad, seguridad, e integridad personales es violado al penalizar el aborto, y no permitir la libre decisión de la mujer. El derecho a la intimidad es violado cuando el Estado o particulares interfieren en el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva, y cuando el Estado imponen al médico y a otros funcionarios de la salud la obligación de notificar los casos de las mujeres que se someten a abortos. El derecho a la intimidad cobija el derecho a que el médico respete la confidencialidad de su paciente. El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual y reproductiva, sobre el fomento de factores protectores y de prevención y control de factores de riesgo para una sexualidad y una reproducción sanas, seguras y responsables.

En el Programa de Acción de El Cairo se señala que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto… En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento postaborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos.” En La Plataforma de Acción de Beijing se señala que los Estados deben considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.

El problema

El aborto es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo en total libertad, implicando mucho más que el hecho de interrumpir un proceso de gestación: implica recuperar el cuerpo de las mujeres para su autonomía (Gutiérrez, 2004). Los derechos a la anticoncepción y al aborto rompen con las reglas impuestas por la sociedad patriarcal de la mujer como madre. El control de la fecundidad es un bien moral, la libertad y responsabilidad de elegir, y el Estado debe garantizar las condiciones para ejercerla. El aborto es el derecho humano de las mujeres a la autodeterminación sobre su propia fertilidad, maternidad y los usos de sus cuerpos y el acceso a métodos seguros y servicios de buena calidad.

El tema del aborto se refiere a quién decide si un no nacido, nace o no. La alternativa se da entre quienes, sin asumir la responsabilidad cotidiana de su crianza, tienen el poder para impedir o favorecer que se den esos nacimientos, y quienes los tendrán que asumir afectiva y económicamente en el día a día. En las legislaciones donde se acepta la interrupción voluntaria del embarazo, el tema tiene que ver fundamentalmente con el carácter privado de la responsabilidad sobre los hijos. Si tenerlos es una decisión privada, también lo es no tenerlos (Lamas, 2003).

El debate sobre la penalización/despenalización del aborto plantea el desafío de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos fundamentales: la libertad de conciencia, el laicismo, y el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y privacidad. La decisión de interrumpir un embarazo pasa por la libertad de conciencia, y el Estado debería garantizar a todas las mujeres el acceso a buenos servicios de aborto en hospitales públicos.

Lo que genera la penalización del aborto es el desarrollo de la práctica en la ilegalidad, donde el acceso a prácticas seguras y confidenciales depende del poder adquisitivo y redes sociales de las mujeres. Así, mientras personas adineradas pueden recurrir a clínicas privadas y a mayor acceso de información, las más pobres no pueden acceder a los hospitales públicos, ya que en estos no se otorga el servicio y además se denuncia a la mujer. Por lo tanto, en la penalización del aborto también se evidencia un problema de injusticia social; la desigualdad de acceso a buenos servicios clandestinos de aborto.

La gran paradoja en el debate sobre el aborto inducido es que siendo un asunto exclusivamente de las mujeres no se piensa en ellas. Atañe directamente a sus cuerpos y a sus derechos, ya que son ellas las que sufren las secuelas y asumen los costos emocionales, físicos, sociales, económicos y jurídicos de un hijo no planeado y de la práctica del aborto, y son ellas también las que asumen los riesgos para su salud y su vida. A las mujeres no se les toma en cuenta cuando se implementan acciones para “solucionar” su problema, sino que se acude principalmente al mundo de los valores morales y los juicios, que redundan en soluciones inadecuadas y parciales.

El discurso feminista enfatiza la exigencia democrática que demanda un acceso igualitario al servicio médico de interrupción del embarazo no deseado como una cuestión de justicia social, ya que obtener un aborto en condiciones seguras está condicionado por la capacidad económica de las mujeres. Mientras una minoría tiene los medios económicos y la información necesaria para acceder a abortos en óptimas condiciones, la gran mayoría de las mujeres recurre a medios altamente riesgosos o clandestinos, que a su vez producen serias consecuencias para su salud física y mental, además del alto costo económico que esto último representa (Guillaume y Lerner, ob. cit.: capítulo 2).

Otro argumento en el debate sobre el aborto es el reconocimiento del derecho al placer. Es indispensable reconocer que la sexualidad y las relaciones de género tienen gran trascendencia, por lo que se hace hincapié en la necesidad de otorgar formación sobre sexualidad, incluyendo componentes de género y poder, en diversos momentos de la vida y a todas las mujeres, y no solo a las casadas o unidas. Reforzar la autonomía femenina en el ámbito público refuerza su autonomía en lo privado.

La solución

Podemos darnos cuenta de que el aborto es un tema de salud pública, es el derecho al acceso a prestaciones de salud, sin discriminación, y también el derecho a la información y a la educación sexual oportuna. También es un tema de justicia social. La práctica del aborto ilegal muestra una vez más la inequidad de nuestro país, donde las personas con mayor acceso, información y redes sociales pueden llevar a cabo abortos seguros, y las personas en la situación inversa se arriesgan con métodos poco seguros y temen consultar en recintos públicos si tienen algún tipo de complicación. La solución, por lo tanto, sería despenalizar la práctica del aborto y generar una política pública seria, donde la mujer pueda hacer uso de su derecho a decidir libremente.

Si bien ha habido intentos de modificar la legislación vigente, no se ha avanzado nada con respecto al derecho de las mujeres a decidir y tener autodeterminación por su cuerpo. Se ha vuelto a discutir el tema del “aborto terapéutico” de manera pública, cada vez que ocurre un hecho noticioso, como el de la niña que quedó embarazada luego de que su padre abusara de ella en 2013.

Una política pública con respecto al tema va más allá de la intervención médica, también tiene que ver con la información y educación sexual apropiada para las y los adolescentes, al acceso a métodos anticonceptivos y, en última instancia, a condiciones apropiadas y dignas para realizar un aborto, si la mujer así lo decide.

Chile contraviene los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, y ha hecho caso omiso a las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de la protección de derechos humanos, y por lo tanto de los Convenios ratificados por Chile.

En el programa de gobierno de Bachelet se promete crear una ley de derechos sexuales y reproductivos, que garantizaría una educación sexual laica, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Si bien esta propuesta no garantiza el derecho a decidir libremente, sería un avance importante en el reconocimiento al derecho de la mujer.

En el actual momento de cambio de administración, debemos seguir luchando y presionando al gobierno a cumplir con sus promesas de campaña y a avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres.

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* Defensora de Derechos Humanos.

BIBLIOGRAFÍA

Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas; Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, 1998. Encarceladas. Leyes contra el aborto en Chile. Un análisis desde los Derechos Humanos. Center for Reproductive Law & Policy

Guillaume, Agnès y Lerner, Susana, 2006. El aborto en América Latina y El Caribe. Una revisión de la literatura de los años 1990 a 2005. Les numériques du CEPED. París. (CD)

Gutiérrez, María Alicia, 2004. “Silencios y Susurros: La cuestión de la anticoncepción y el aborto”. En: Cáceres, Carlos Et. al., Ciudadanía Sexual en América Latina: Abriendo el debate. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú.

Lamas, Marta, 2003. “Aborto, derecho y religión en el siglo XXI”. En: Debate Feminista, año 14, Vol. 27. México D. F. Pág. 139-164.

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